Alejandro Narváez / PISA 2025

PISA 2025: ¿Qué país estamos construyendo?

Los resultados de PISA 2025 deberían provocar mucho más que una preocupación pasajera en el Gobierno, el Congreso, las empresas, las universidades y las familias peruanas. Deberían obligarnos a responder una pregunta de fondo: ¿qué país estamos construyendo cuando una inmensa mayoría de nuestros adolescentes de 15 años no tienen competencias básicas para comprender, razonar y desenvolverse adecuadamente en la vida real?

El Perú puede exhibir elevadas reservas internacionales, inflación relativamente controlada, deuda pública manejable y los tantas veces celebrados “sólidos fundamentos macroeconómicos”. Pero esas fortalezas dicen muy poco sobre nuestro futuro si nuestros jóvenes tienen serias dificultades para comprender lo que leen, resolver problemas matemáticos básicos o aplicar conocimientos científicos.

Ese es el verdadero significado de PISA. No estamos solamente ante una mala posición en un ranking internacional. Estamos ante una advertencia sobre el tipo de sociedad, economía y democracia que estamos construyendo.

Una mala educación no termina en el aula. Se traduce mañana en empleos de menor calidad, menores salarios, menor productividad, mayores dificultades para cuidar la salud, menor movilidad social y una ciudadanía más vulnerable frente a la manipulación y la desinformación. Por eso, el deterioro educativo es también un problema económico, social, sanitario y democrático.

Las cifras no admiten complacencia

PISA no mide la inteligencia de los estudiantes. Evalúa hasta qué punto un joven de 15 años puede utilizar lo aprendido para resolver situaciones de la vida real.

Los resultados son severos. Aproximadamente el 30% de los estudiantes alcanzaría el nivel mínimo esperado en matemática, alrededor del 42% en comprensión lectora y cerca del 47% en ciencia. Dicho de otro modo, una mayoría considerable de adolescentes peruanos no alcanza siquiera los niveles básicos esperados en competencias fundamentales.

Ante semejante resultado, sorprende la facilidad con que aparecen explicaciones destinadas a relativizar el problema. Se habla de celulares, pantallas, pandemia o de que otros países también retrocedieron. Todo ello puede formar parte del contexto, pero convertir esos factores en la explicación principal es una manera cómoda de eludir responsabilidades.

El celular no diseñó la política educativa peruana. El celular no administra el presupuesto público. No selecciona ni capacita docentes, no construye escuelas, no organiza el currículo, no gestiona las direcciones regionales de educación ni evalúa la eficacia de los programas públicos.

El verdadero problema está en otro lugar: durante décadas hemos tenido una política educativa fragmentada, inestable y carente de continuidad. Cambian gobiernos, ministros, programas y prioridades, pero los resultados fundamentales permanecen rezagados.

Y, frente a ellos, casi nunca aparece una autocrítica institucional seria. Todos encuentran factores externos que explicar; pocos reconocen decisiones equivocadas, reformas inconclusas, recursos mal utilizados o responsabilidades de gestión. Cuando todos explican y nadie responde, el fracaso termina quedándose sin responsables.

La factura de educar mal

Las consecuencias trascienden ampliamente las pruebas escolares. Un joven que comprende deficientemente lo que lee tendrá mayores dificultades para interpretar un contrato de trabajo, comprender una receta médica, evaluar una noticia, manejar adecuadamente sus finanzas o distinguir una propuesta política seria de una promesa demagógica.

Una formación matemática débil limita el acceso a numerosas ocupaciones técnicas y profesionales. Una formación científica deficiente reduce las posibilidades de innovación, investigación y desarrollo tecnológico.

Por ello, una educación mediocre genera una cadena de consecuencias: menor productividad, menores ingresos, más informalidad, menor capacidad preventiva en salud y una participación ciudadana más débil.

Pretender convertir al Perú en una economía moderna, digital, industrializada e innovadora sin resolver previamente esta crisis constituye una profunda contradicción. ¿De dónde saldrán los técnicos, ingenieros, economistas, investigadores, médicos, programadores y emprendedores capaces de elevar la productividad si una mayoría importante de nuestros adolescentes no domina competencias elementales?

No llegamos aquí por accidente

La crisis educativa no apareció de un día para otro. Es el resultado acumulado de décadas de discontinuidad institucional, gestión deficiente, profundas desigualdades territoriales, infraestructura precaria, formación docente desigual y reformas que muchas veces desaparecen junto con el ministro que las impulsó.

El Perú no carece de diagnósticos. Tenemos estudios, evaluaciones, especialistas y abundante evidencia acerca de lo que funciona y lo que fracasa. Lo que ha faltado es convertir ese conocimiento en una auténtica política de Estado, con objetivos nacionales, continuidad y rendición de cuentas.

La precariedad de miles de locales escolares confirma además una profunda contradicción. No podemos proclamar que la educación es prioridad mientras estudiantes continúan asistiendo a escuelas sin infraestructura adecuada, servicios básicos suficientes o condiciones mínimas para aprender.

Tampoco basta con aumentar nominalmente el presupuesto educativo. La discusión debería empezar por una cuestión mucho más incómoda: ¿qué resultados consigue el Estado con los recursos que ya administra?

Más presupuesto puede ser necesario, pero sin buena gestión, metas verificables, evaluación rigurosa y responsabilidades claramente identificadas, simplemente tendremos más gasto y los mismos problemas.

La privatización tampoco fue la solución

Durante décadas, muchas familias buscaron refugio en la educación privada porque perdieron confianza en la escuela pública. Sin embargo, pagar una pensión no garantiza automáticamente una mejor educación.

Existen buenas instituciones privadas, pero también centros de baja calidad. La expansión desordenada del mercado educativo ha contribuido, además, a una fuerte segregación según ingresos y un gran negocio para sus promotores.

La educación, que debería ser uno de los principales instrumentos de movilidad social, corre así el riesgo de convertirse en un mecanismo para perpetuar las diferencias de origen. Quien nace en un hogar pobre sigue teniendo mayores probabilidades de recibir una educación deficiente y, posteriormente, obtener empleos precarios y de bajos ingresos. Este círculo no puede aceptarse como normal.

Menos excusas y más decisiones

El Perú necesita un acuerdo nacional por la educación con un horizonte mínimo de veinte años y metas que sobrevivan a los gobiernos de turno.

La primera infancia debe convertirse en una prioridad real. Hay que fortalecer la carrera docente, mejorar rigurosamente la formación inicial y continua, premiar el buen desempeño y crear mayores incentivos para trabajar en zonas rurales y vulnerables.

Debe recuperarse la lectura profunda, el razonamiento matemático, la ciencia y el pensamiento crítico. La tecnología debe ser una herramienta para aprender, no el chivo expiatorio de nuestros fracasos.

También es indispensable evaluar programas y autoridades. Cuando una política no produce resultados, debe corregirse. Y cuando la gestión fracasa reiteradamente, debe existir responsabilidad política y administrativa. En educación tampoco puede seguir vigente la regla de que nadie responde por nada.

¿Qué país queremos construir?

Una carretera puede levantarse en pocos años. Una mina puede entrar en producción en una década. Pero formar una generación educada requiere veinte o treinta años. Cada año perdido es prácticamente irrecuperable.

PISA 2025 debería conducir, por ello, a algo más que comunicados, explicaciones técnicas y declaraciones tranquilizadoras. Debería producir autocrítica, decisiones y responsabilidades.

El futuro del Perú no se juega únicamente en el MEF, el BCRP, las grandes inversiones o las exportaciones. Se juega también, silenciosamente, todos los días dentro de un aula.

Podemos continuar celebrando la estabilidad macroeconómica mientras deterioramos nuestro capital humano. Pero tarde o temprano la realidad impondrá su factura.

Un país que educa mal tendrá trabajadores menos productivos, ciudadanos con menores ingresos, peores condiciones de salud, menos oportunidades y menor capacidad para defender sus derechos.

La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿cuánto futuro está dispuesto a perder el Perú antes de convertir la educación en una auténtica prioridad nacional?