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Alfonso Garcés Manyari / Es necesario acelerar la inversión pública

(Publicado previamente en El Peruano)


A poco más de 30 días del cierre del 2021, observamos que el nivel de ejecución de inversiones merma las intenciones del Gobierno de reactivar la economía mediante el impulso de la inversión pública. Así vemos que su ejecución en los 3 niveles de gobierno no llega al 55% previsto para este año, lo que equivale a cerca de 27,000 millones de soles sin utilizarse, en el que seis sectores concentran más de dos tercios de dicho monto; es decir, más de 21,000 millones (más de dos tercios del presupuesto general de la república del 2001), que no se está gastando.


De ese monto, los gobiernos regionales y locales concentran en dichos sectores alrededor de 15,000 millones de soles que no ejecutan, es decir, más de la mitad de la sub ejecución es responsabilidad de los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, tienen sin ejecutar en conjunto: en la función transportes cerca de 5,000 millones de soles; en educación, 4,000 millones de soles; en salud, casi 2,000 millones; en saneamiento, cerca de 3,000 millones, a pesar de que más de 6 millones de peruanos no tienen agua en su casa, pero pagan más de ocho veces por metro cúbico, que los que sí tienen; en agropecuario, cerca de 2,000 millones de soles, en proyectos como aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario; en seguridad, 500 millones.


Como podemos apreciar, hay una necesidad ineludible de fortalecer las capacidades y competencias en todos los niveles de gobierno, pero en particular de los regionales y locales, con la finalidad de traducir los ingresos generados por el Estado en mejores servicios públicos para la población.


En ese contexto, el sector privado resulta indispensable para lograr dicho propósito tercerizando varios de los procesos operativos que permita al Estado concentrarse en el diseño de la políticas públicas necesarias para el cierre de brechas, lo que le permitirá alcanzar dos objetivos: garantizar la provisión, mejora y sostenibilidad de los servicios públicos, mediante la prestación privada con regulación pública; y mejorar el diseño de las políticas públicas, con el fortalecimiento de capacidades. En todos los casos, debe implantarse una cultura de mejora continua de la gestión pública para alcanzar cada vez una mejor calidad en beneficio del ciudadano. Una forma es generando un registro centralizado de lecciones aprendidas.



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