En abril pasado, el Gobierno envío al Congreso de la República el proyecto de “Ley que regula la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional y otras medidas”, (proyecto de ley N° 1762/2021) para destrabar las obras sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE). Con ello, busca contribuir a dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios públicos en beneficio de la población.
Se busca abordar, uno de los problemas más recurrentes de la gestión pública y buscar alternativas saludables para viabilizar el uso de recursos en favor de la población, aunque existen algunas precisiones que el Parlamento podría ajustar. La norma toma como base una propuesta legislativa presentada por la Contraloría General de la República, que identificó a nivel del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, 867 obras paralizadas por un monto superior a S/ 16,870 millones. Pero, el actual planteamiento del MEF es todavía dependiente del factor político en cada región, un proceso extenso por su número de etapas.
La norma debería establecer mecanismos de incentivos positivos o negativos entre funcionarios, a fin de alinear los intereses entre los actores del segundo, tercer y cuarto nivel, que son los encargados de las áreas de compra o contrataciones, y los que se encargan de los procesos de selección. El documento bien podría plantear incentivos negativos, como procedimientos sancionadores a cargo de la Contraloría, o positivos, como la entrega de recursos adicionales para las regiones que tengan ejecutado más del 50% de su presupuesto. Esa parte se podría mejorar y está en el Congreso incorporarlo. El tema político es quién se va querer pelear con los gobiernos regionales.
En esta línea, el proceso encaminado por el MEF podría tardar varios años por la “propia mecánica de la gestión” y el liderazgo que puedan tener cada uno de los gobernadores en las regiones donde se busca destrabar las obras paralizadas. Hay varios procedimientos, establecidos como etapas en la norma, como preparar un inventario de proyectos parados, un informe situacional de cada uno de ellos, una lista de prioridad, registrar luego en el aplicativo del banco de inversiones, etc. Esa serie de pasos nos va a llevar a una reactivación no en el corto plazo, algo que no va a ocurrir este año y que depende mucho del liderazgo del gobierno central o de los gobernadores en las regiones.
No obstante, el proyecto de norma brinda alternativas que permitirán, en casos de incumplimiento contractual, tomar la decisión de llamar, por ejemplo, al contratista y modificar el contrato para que, finalmente, se termine de ejecutar la obra. Si no acepta, tiene la opción de contratar a alguien que haya quedado segundo o tercero en la licitación, o en su defecto resolver el contrato. Si se resuelve el contrato con un operador infractor, el funcionario público podría contratar a alguien para que elabore el expediente técnico sobre el saldo de obra en la etapa que se encuentre, y también lo puede hacer de una manera directa en el marco de la Ley de contrataciones del Estado, pero exceptuando un proceso de selección.
Referencia
El autor es socio de la firma GNS Guzmán Napurí & Segura Abogados, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).