Calidad en la educación superior: ¿la historia se repite?
En el año 1960, existían en el Perú menos de 10 universidades, con una considerable participación de las universidades públicas, las cuales concentraban casi el 90% de la matrícula de estudiantes (Mclauchlan de Arregui, 1994)[1]. En ese mismo año, motivado la explosión demográfica y la migración, el Estado promulga la Ley N° 13417, Ley Universitaria, abriendo las puertas a la creación de universidades públicas y privadas, exonerándolas de toda clase de impuestos y otorgándoles algunos beneficios en materia tributaria (Gonzáles Norris, 1993)[2]. En los próximos 30 años, con el acentuado decrecimiento del gasto social en las universidades públicas, el número de universidades privadas continuaba en aumento año a año sin mayor regulación (Casas, 2012)[3]. Así, la oferta privada empezó a marcar su posicionamiento en el ámbito universitario peruano, tal que, en el año 1990, el Perú ya contaba con 52 universidades y un poco más de la mitad eran de universidades de gestión privada (Torres, 2023)[4].
A partir de los 90, se implantaron una serie de reformas neoliberales y la educación no fue la excepción, se hizo menos común la creación y apertura de nuevas universidades públicas, y en su lugar, se impulsó la inversión privada (Casas, 2012). Las cifras revelan el resultado de este impulso a la oferta privada; en el año 2012, el número de universidades privadas casi duplicaban al número de universidades públicas, concentrando el 63% del total de la matrícula, es decir, de cada 5 estudiantes universitarios, 3 estudiaban en instituciones privadas (Cuenca, 2015)[5]. Al fin de esa época, la percepción de la desregulación de la educación universitaria y sus efectos cobraron mayor relevancia (basta recordar la imagen del “profesional taxista” instaurada desde los años 90, caracterizando al desempleo y subempleo de jóvenes y adultos que, habiendo accedido a la educación superior, no lograron una transición adecuada al mercado laboral). Para aquel entonces, se produce una decisión política muy importante; en el año 2012, se promulga la Ley N° 29971 que establece la moratoria de 5 años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas (incluidas las filiales), a fin de replantear la política nacional de la educación universitaria y un nuevo sistema que regule la creación y funcionamiento de universidades que garanticen calidad educativa.
La medida política tomada fue necesaria y las evidencias lo demostraron. Sobre aquello, existe un estudio muy interesante de Yamada et al. (2014)[6], quienes, empleando datos nacionales de 1996 y 2010, demostraron que el deterioro en la calidad de la educación superior universitaria, producida por la desregulación del mercado de la educación superior y el consecuente mayor acceso indiscriminado a la educación universitaria, fue un desencadenante para el subempleo profesional. Es decir, estos autores evidenciaron que, la problemática del subempleo en el mercado laboral profesional peruano tuvo explicación en la desregulación del mercado de la educación superior.
Pasaron 2 años, y en medio de fuertes controversias, se promulga la Ley N° 30220, Ley Universitaria, la cual fue duramente crítica por la creación y atribuciones otorgadas a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), y su supuesta afectación a la autonomía universitaria a través de los mecanismos de regulación y fiscalización que esta nueva ley traía consigo. Entre opiniones a favor y en contra, la ley es promulgada durante el mes de julio de 2014, y con ello, se pone en marcha un nuevo orden normativo para la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades, en busca de remediar los efectos negativos generados por las reformas iniciadas a partir de los años 60, las cuales permitieron, lo que ya comentamos, la creación indiscriminada de universidades, el deterioro de la calidad educativa universitaria y la considerable probabilidad de caer en el subempleo profesional. Así, en menos de 10 años, este nuevo orden regulatorio denegó la autorización de funcionamiento a 49 universidades que no cumplían con condiciones mínimas para prestar el servicio educativo universitario, la gran mayoría de gestión privada (47), brindándoles la posibilidad de mejorar sus condiciones en un plazo determinado o exigiéndoles el cierre definitivo.
Han pasado 10 años desde la promulgación de Ley N° 30220, Ley Universitaria, y algunos sectores de la clase política tienen la percepción que los recientes cambios (o propuestas de modificación) a la ley no configuran la naturaleza para la cual fue creada, por el contrario, existiría una desregulación amañada en contra de la calidad de la educación superior universitaria. Por otro lado, existen otros sectores que justifican los cambios regulatorios bajo la insignia de la defensa de la autonomía universitaria y la búsqueda de una verdadera calidad educativa. Solo esperemos que las decisiones políticas no nos lleven al escenario previo que se caracterizó por la oferta indiscriminada de universidades y la consecuente precarización de calidad de la educación universitaria, lo cual desfavoreció a buena parte de nuestra población.
[1] McLauchlan de Arregui, P. (1994). La situación de las universidades peruanas.
[2] Gonzáles Norris, J. A. (1993). Asignación de recursos públicos para la educación superior universitaria: Perú 1960-1990. Notas para el debate/Grupo de Análisis para el Desarrollo; 8. GRADE, Lima, PE.
[3] Casas Sulca, F. (2012). La regulación regulada: el sentido de la expansión universitaria en el Perú desde el CONAFU. Revista de la educación superior, 41(163), 139-155.
[4] Torres Manrique, D. S., Gamboa Barraza, C. D., Arana Torres, V. J., La Chira Mariñas, F. I., Lozano Bazán, H. Á., Ponce Aranguri, E. P., & Canes Acosta, J. M. (2023Ley N° 30512
[5] Cuenca, R. (2015). Democratización del acceso y la precarización del servicio. La masificación universitaria en el Perú, una introducción. La educación universitaria en el Perú: Democracia, expansión y desigualdades, 9-17.
[6] Yamada Fukusaki, G., Lavado, P., & Martínez Palomino, J. (2014). ¿Una promesa incumplida?: la calidad de la educación superior universitaria y el subempleo profesional en el Perú.