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Arturo Granados / Desafío político y el veto de la calle

El desafío político de Dina Boluarte ante el poder de veto de la calle


El desafío político de la presidenta Boluarte es polivalente y de aparente imposibilidad de implementación. En primer lugar, requiere que decida ser la presidenta del Perú y despeje la duda de que somos gobernados por un triunvirato de Premier/Ministro de Defensa/Ministro de Interior. Ella debe encarnar el gobierno, comandar una estrategia política integral, demostrar que la impunidad no es el sello de su transición y que la defensa de la vida es su primer mandato constitucional, además de poner orden sin balazos y sangre.


En la “Democracia y la Calle” (Ilizarbe, 2022), su autora reconstruye y analiza las movilizaciones callejeras en el Perú durante el período 1997-2006 con prolijidad, agudeza y una dosis de emoción, mostrando que los sujetos colectivos o las muchedumbres tienen un poder de veto que no posee ninguna institución. Obligatoria lectura para comprender la tensión entre la dinámica institucional/reglas instituidas como patrones de convivencia normativa y las demandas de las muchedumbres como sujetos colectivos que pugnan por instituir otro orden de ideas o defender los preceptos valorados del orden establecido que no se cumplen. En este sentido, la calle tiene un potencial democratizador.


Los casos más emblemáticos de ese poder de veto, entre otros, son la lucha contra la re-reelección de Fujimori y la famosa Marcha de 4 los Suyos (2000), el Arequipazo contra la privatización de las empresas eléctricas (2002), la movilización de Tambogrande contra la minera Manhattan (2003), el Baguazo (2009) y más recientemente las manifestaciones que llevaron a la renuncia de Manuel Merino (2020).


Pero, “las protestas también pueden fomentar objetivos antidemocráticos y acabar produciendo resultados violentos o injustos [1]”, de modo que no es conveniente endiosar la calle. Estas contradicciones y la tensión entre lo instituido y lo instituyente que hemos referido líneas arriba, se produce en un sistema democrático que es en esencia inestable, es decir abierto a la transformación y vulnerable. Por decirlo de otra manera, la democracia requiere instituirse periódicamente si busca sobrevivir, y la mejor manera de hacerlo es escuchar y canalizar las pulsiones de la calle, no necesariamente someterse a ellas, procesar la esencia de esas demandas instituyentes y convertirlas en una plataforma política.


Nuestro problema es que esas tensiones tienen más de 200 años incubándose y erupcionando periódicamente, sin que la política lo comprenda y actúe sobre ellas eficientemente.


El desafío político de la presidenta es contraintuitivo a un gobierno de transición (que se entiende como todo mínimo y organizar elecciones limpias). Este desafío es doble: Poner en debate las reformas de fondo de la constitución, montándose en (i) la ola de la demanda instituyente de la calle movilizada y en (ii) la ola no beligerante (aunque ese lado de la acera va calentándose) de la demanda de tranquilidad para las actividades de trabajo y de subsistencia de las grandes mayorías. La pregunta es ¿de qué manera?


Básicamente, con 5 movidas políticas en el ajedrez maldito en el que nos encontramos:


Poner sobre la mesa las reformas mínimas del proceso electoral y no dejar toda la iniciativa al Congreso. Para empezar, enviar un proyecto de ley ya para que las elecciones sean el 2023 y una propuesta de cronograma viable. Recordemos que es un consenso a regañadientes, instituido por la calle, el “que se vayan todos”.


Poner en la agenda pública un paquete de temas para el debate de la reforma constitucional que el Congreso debe empezar a debatir luego de las reformas políticas mínimas. Y proponer mecanismos de diálogo con diferentes grupos para que el Congreso no debata eso a puertas cerradas. Friccionar con el legislativo no debería alterarle el pulso porque es normal que exista debate entre poderes del Estado. Dina Boluarte debe recordar que un presidente al que le tiemblan las manos no es respetado por los congresistas, los militares y la policía.


Establecer una estrategia de comunicación política con las regiones, que incluya diálogo con muchos grupos que, si están abiertos a hacerlo, moverse a donde si la recibirían e ir generando condiciones para un diálogo con los movilizados sin estigmatizarlos porque eso hace inviable su estrategia política. Eso debe incluir la presencia de sus mensajes permanentes en las redes y medios de comunicación en el sur.


Forzar una estrategia de orden interno que implique no más muertes en las movilizaciones, que evite la contraposición de Lima con las regiones, que individualice a los agentes violentistas, y que permita que las actividades económicas se normalicen para que la gente pueda trabajar.


Asumir las responsabilidades políticas de las muertes y actuar en consecuencia, dejando la narrativa de un estado sitiado por las hordas del mal.

En paralelo:


Acordar con los gobernadores y alcaldes un shock de medidas de política e inversiones rápidas y viables para el sur. Implica precisar las prioridades sectoriales para el buen inicio del año escolar, fortalecer la oferta de servicios de salud haciendo que el MINSA salga del modo SAMU [2] en el que se encuentra, mantenimiento de vías, etc.


Acordar con los gobernadores y alcaldes una agenda básica de fortalecimiento de la descentralización, con medidas de reforma de Estado que permitan absorber el financiamiento disponible con metas de ejecución y calidad de gasto.


Finalmente, Boluarte debe poner interés en el factor étnico presente en las movilizaciones del sur. Debe teñir su mensaje y su perfil de lo que es: una mujer andina y quechua hablante, diferenciándose de la elite limeña. En el formidable trabajo “El comportamiento electoral en el sur andino peruano frente a candidaturas de la elite criolla de Lima” [3] se constata la existencia de “… un voto étnico de rechazo a candidaturas presidenciales asociadas con la elite “criolla”, “limeña” o “blanca” por parte de poblaciones andinas o indígenas…” [4]. Sus autores enfatizan “…la existencia de factores históricamente arraigados, contextualizados además en el sur andino específicamente, que estarían operando para producir allí un continuado rechazo” a estas opciones políticas.


La viabilidad del gobierno de transición de Dina Boluarte es un imperativo político. Si cae, vendrán tiempos más oscuros y más muertes, porque una nueva sucesión constitucional en manos del Congreso sería combustible sobre un barco en llamas. Lo trágico es que estamos a un paso de ese gasolinazo.


Referencias:

[1] Llizarbe, Carmen. La democracia y la calle: protestas y contrahegemonía en el Perú. Lima, IEP, 2022.

[2] Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud.

[3] César R. Nureña, Carla L. Toche y Junior Pérez-Pachas. Discursos Del Sur, n.o 10, julio/diciembre 2022, pp. 31-66, doi: https://doi.org/10.15381/dds.n10.24406

[4] Op. Cit.



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