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Carlos Anderson / Política Económica Disruptiva

La economía está paralizada. Crecimiento cero del Producto Bruto Interno (PBI) el pasado mes de enero, confirmando la tendencia iniciada en el último trimestre del año pasado. La violencia en la protesta no sólo ha generado daños en términos de vidas humanas, desprestigio internacional y generado todavía más inestabilidad política. Ha generado además todo tipo de daño a sectores clave de la economía, como son el comercio, el transporte, la minería, la agricultura de exportación amén de haber prácticamente destrozado el sector turismo.


Así las cosas, regiones del interior del país como Puno, Cusco y Apurímac se duelen, mientras regiones como Cajamarca “facturan”. Pero a pesar de la excepción cajamarquina, en el agregado, todo el Perú se duele. Y las perspectivas en general y en específico no son buenas.


Sin dudas, la incertidumbre y conflictividad política y social han afectado gravemente las expectativas empresariales. La inversión privada—pasmada con tasa de crecimiento cero el 2022–probablemente entre a terreno negativo este año, con caídas entre tres y el cinco por ciento. Por su parte, la inversión pública—incluso con la puesta en marcha del programa Con Punche Perú—probablemente tenga un impacto limitadísimo sobre la inversión total si—como en el pasado—los nuevos alcaldes y gobernadores regionales no logran impulsar los proyectos de inversión pública en sus respectivas localidades y regiones “por tratarse de su primer año de gestión”.


Con la inversión en terreno negativo, con el sector externo comprometido por el animus anti exportador de un Congreso que se apresta a eliminar lo poco de flexibilidad laboral que le queda, y con la marcada incapacidad del gobierno para restablecer la ley y el orden en el corredor minero, con Las Bambas paralizadas, no cabe esperar mucho con relación al crecimiento total de la economía. Si nada cambia—entre 1 y 3 por ciento. Para romper la tendencia a la baja se requiere una política económica disruptiva.



¿Qué implica en estas circunstancias una política económica disruptiva?

En primer lugar, reordenar las prioridades. Es absolutamente indispensables priorizar la obra pública de máxima efectividad y mínimo riesgo de ejecución en las regiones donde la protesta tiene un correlato económico verídico y urgente. Por ejemplo, proyectos de agua y desagüe en Puno, Ayacucho, Cusco, Apurímac y en el cinturón de los cerros de Lima, privilegiando en ellos la participación de “unidades ejecutorias” que maximizan la participación ciudadana. O poniendo en marcha proyectos viales y carreteros en todo el país. En este sentido—el de reordenar las prioridades—debe haber un reordenamiento incluso a nivel de cada sector.


Un ejemplo es el sector educación donde se pretende dedicar más de 4,500 millones de soles para la construcción de 25 colegios de alto rendimiento en vez de usar esos recursos para rehabilitar los miles de colegios (62% del total a nivel nacional) que carecen de condiciones mínimas como agua, desagüe, electricidad e internet. Es decir, en lugar de dedicar ingentes cantidades para beneficiar a 117 mil estudiantes, dedicar esos recursos—ya sea en su totalidad o en su gran mayoría—para beneficio de millones de estudiantes que actualmente estudian en condiciones paupérrimas.


En segundo lugar, se requiere activar la demanda, pero focalizando la “ayuda” en vez de jugar a la lotería de los bonos generalizados. Por ejemplo, cumpliendo con el pago de la deuda pública interna, como lo es el pago a los FONAVISTAS, una población que por sus niveles de ingresos (bajísimos) tienen una altísima propensión al consumo.


Tercero, es necesario y prioritario darle un alivio al sector PYMES, convirtiendo Reactiva en un programa de largo aliento, extendiendo el periodo del repago de dos a cinco o diez años para todas aquellas pymes con deudas menores a 3 millones de soles, y a tasas no mayores al costo de fondeo de la banca peruana en el extranjero.


En cuarto lugar, hay que rescatar al turismo del marasmo en el que se encuentra. Para ello se requiere de una agresiva combinación de incentivos que aseguren que las empresas del sector no mueran por inanición ni desfallezcan por falta de liquidez y capital de trabajo.


Y aquí viene lo realmente disruptivo: poniendo en marcha un programa triple que conjugue la cuenta DNI del Banco de la Nación, con un esquema de identificación tributaria universal para todas las personas naturales mayores de 18 años, y un escudo fiscal a partir de la detracción (la mitad de la cual podría ir a una sub cuenta en calidad de ahorro previsional). Este trío de medidas tributarias eliminaría de tajo lo de “boleta o factura”, se convertiría en un incentivo positivo para mejorar la recaudación del IGV (al alinear los intereses del Estado y los contribuyentes) y contribuiría a desaparecer la informalidad casi de la noche a la mañana. Mucho mejor, y más rápido que hacerlo mediante la pócima supuestamente mágica de una asamblea constituyente.


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