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Carlos Anderson / Contratar con el Estado: Cambios Mínimos

Contratar con el Estado es un gran negocio…para algunos cuantos, los elegidos, los que dominan el sistema, los conectados, los que se agencian—gracias a una perversa combinación de ineficiencia burocrática, funcionarios poco capacitados y corrupción generalizada—de información privilegiada.


Como constatación de esta triste realidad tenemos, en primer lugar, los informes de la Contraloría General de la Republica, que dan cuenta regularmente de la corrupción en obra pública—a un costo anual de alrededor de 25 mil millones de soles—y del sistemático abuso de los recursos del Estado a través de procesos de compras oportunistas (no planificados), amañados, tele dirigidos, carentes de competencia, de sobre costos en comparación a lo que dice el mercado, y usualmente de pobrísima calidad, como pueden ser chalecos anti balas o mosquiteros que para todo efecto práctico constituyen una verdadera estafa.


En segundo lugar—como elemento de constatación—tenemos el sentimiento de insatisfacción generalizado alrededor de la actual Ley de Contrataciones del Estado, ley que—a buena hora—el Ejecutivo busca cambiar.


Por mi parte, considero qué hay por lo menos tres temas claves: i) enfrentar la cultura de la desconfianza, mediante procesos transparentes y de amplia trazabilidad, generalizando las tecnologías de blockchain como el que usa, de manera limitada, Perú Compras; Ii) establecer un mecanismo permanente de depuración de los proveedores del Estado, con exclusión inmediata y eterna de quienes sean hallados responsables de actos en contra del erario público.


Para ello, se requiere un registro nacional de proveedores que vaya más allá del RUC de la empresa e identifique e inhabilite a los accionistas de la empresa sancionada; iii) limitar a casos muy específicos—cuando el bien o el servicio a contratarse no requieran mayor especificidad—la licitación vía “subasta inversa” (“escoger al que ofrece cobrar menos”). Este tipo de subasta—tan generalizada en el Estado peruano—deriva casi siempre en procesos de “selección adversa”, atrayendo a los menos capaces, o a los más acostumbrados a resolver sus “errores de cálculo a la hora de licitar” mediante sendas adendas “al estilo Odebrecht”. En su lugar, necesitamos un sistema que seleccione primero a los que cumplan con requisitos técnicos y financieros y sólo entonces, con esta “lista corta”, proceder a seleccionar en base a menor costo.


Tres reformas básicas: re pensar la subasta inversa y limitarla para casos que no requieran mayor especialización, crear un registro nacional de proveedores que identifique y haga sujeto de sanciones hasta la inhabilitación a los accionistas de las empresas que le roben al Estado y hacer un uso generalizado del blockchain para darle trazabilidad y por lo tanto transparencia a todo tipo de compra o contratación pública.


Esta es la mejor manera de comenzar a hacerle frente a la corrupción que tanto daño le hace a la sociedad peruana.


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