El Estado peruano vive una guerra no convencional, donde el enemigo no siempre está bien definido. A veces, se disfraza de héroe o heroína –Batman y Robin han sido mencionados, entre otros súper héroes–. Otras veces se viste de institucionalidad –como en el caso de la Fiscal de la Nación o la Presidenta de la República– y otras sencillamente se oculta detrás de fachadas de legalidad.
Por ello, los encontramos en todos los distintos estamentos del Estado peruano. En el Congreso, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial y el Ministerio Público, en las empresas del Estado, en la policía, en el Jurado Nacional de Elecciones, en las entidades públicas autonómicas, etc., etc., etc.
Une a estos enemigos de la patria el amor narciso, es decir, el amor por ellos mismos, la vanidad, la frivolidad, la moral laxa, el desdén por los asuntos del Estado y la “cosa pública”–la Res Pública– características que se materializan en actos de corrupción y/o abuso de poder de todo tipo, desde el cohecho simple pasivo (aceptar coimas), hasta la conformación de bandas criminales para esquilmar las arcas del Estado.
Los alienta el sentimiento generalizado de impunidad frente al delito, impunidad que a su vez desalienta a la inmensa mayoría de ciudadanos que asisten impávidos a la destrucción del Estado peruano.
La guerra contra el Estado, contra su institucionalidad, tiene una larga historia, pero se ha intensificado de manera inusitada durante la última década. El fracaso de la centro derecha en 2016 (Keiko y PPK) para acordar un camino de estabilidad y progreso desató las fuerzas malignas que nos consumen hoy.
Reformas y contrarreformas, cambios a la Constitución sin una mirada de conjunto y ajuste a la realidad con objetivos de mejora de la institucionalidad, un congreso dominado por pasiones, intereses económicos y el desconocimiento del funcionamiento básico del Estado peruano; todos estos factores y otros más están detrás del desmantelamiento de todo atisbo de institucionalidad.
El más reciente ejemplo es el dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Trabajo de un proyecto de ley que elimina SERVIR, la entidad encargada de impulsar la meritocracia en la asignación de empleos públicos. Adiós a los pequeños bolsones de meritocracia que a duras penas superviven en un Estado donde predomina el amiguismo, el servilismo y el despilfarro.
Se trata de una nueva batalla perdida, como perdidas han sido las batallas por tener una mejor representación nacional, un poder judicial moderno y efectivo, un ministerio público que sea garantía de probidad en la lucha contra el crimen, o un poder ejecutivo de gente experta, con sentido de urgencia, y ajena a intereses privados.
Venimos perdiendo la guerra. Los enemigos son de todo color político, porque la posición ideológica es apenas una excusa. En las próximas elecciones –nacionales, regionales y locales– los ciudadanos deben usar su arma de destrucción masiva: el voto inteligente, meditado y responsable. Solo así derrotarán a los verdaderos enemigos del país.
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