En 1968, el general Velasco Alvarado depuso al gobierno democrático del presidente Fernando Belaúnde, con el argumento de siempre: el combate contra la oligarquía, la defensa de los pobres, y la coartada patriótica de los yacimientos petrolíferos de la International Petroleum Company (IPC), los cuales fueron expropiados, y dicha decisión aplaudida por los medios de prensa más importantes del país, aun cuando se trataba de un golpe de Estado. Luego, se sabría que el gobierno negoció en secreto el pago de 76 millones de dólares por las empresas expropiadas.
En 1970, inició una reforma agraria que destrozó el sector y nos volvió más dependientes de las importaciones. En 1974, se apropió de la prensa, y entre los nuevos directores estuvo el máximo dirigente del partido ‘Democracia Cristiana’, y entre los colaboradores del gobierno golpista, periodistas que años después harían de la libertad de expresión su bandera.
¿Contradicciones?, no, política.
En 1980, el presidente Belaunde, que había sido vilipendiado y considerado entreguista por el pueblo, ganó la elección presidencial e inició su nuevo período nombrando como comandante general del ejército al general Graham Hurtado, quien fue el que ingresó a Palacio de Gobierno, en 1968, para destituirlo.
Tras el desastroso primer gobierno de Alan García, apareció como una ‘luz salvadora’, el escritor Mario Vargas Llosa (nuestro Nobel de Literatura) quien aglutinó en el Frente Democrático-FREDEMO, al movimiento ‘Libertad’ fundado por él, y a los partidos políticos ‘Acción Popular’ y el ‘Partido Popular Cristiano-PPC’. Cuando parecía una victoria segura, en la puerta del horno se quemó el pan, con la aparición y triunfo de ‘Cambio 90’ (Honradez, Tecnología y Trabajo, fue el lema) del ingeniero Alberto Fujimori, apoyado por la Izquierda peruana y el diario ‘La República’, que se convertirían en sus principales detractores hasta el día de hoy, con una oposición que irradia odio. ¿Incoherencias? No, política.
En 1992, Fujimori produjo un auto golpe de Estado y, según la principal encuestadora en ese momento, 71% aprobaba la disolución del Congreso Nacional y el 89% la reestructuración del Poder Judicial (Wikipedia), e incluso hubo constitucionalistas reputados que lo aplaudieron y sustentaron debido a la aprobación en el Congreso de la Ley de Control Parlamentario sobre los Actos Normativos del presidente de la República, que recortaba las funciones y atribuciones del Ejecutivo.
Si trasladamos la teoría actual de ONGS y determinados periodistas a dicha época, el golpe de Estado de Fujimori contaba con legitimidad al ser aplaudido por nueve de cada diez peruanos. Entonces, ¿por qué la crítica de diversos sectores si la población lo legitimó?, ¿la legitimidad puede imponerse a la ley? ¿Paradojas? No, política.
Muchos de los periodistas que hoy critican el gobierno fujimorista, se identificaban con este, prestaban servicios a organizaciones del Estado, y hasta asesoraban a candidatos del fujimorismo, aún cuando existían pruebas de corrupción y abusos. El ‘no sabía’ es injustificable. En 2001, elegimos como presidente a Alejandro Toledo, quien negaba a su hija, y estuvo apoyado por las mismas organizaciones que hoy se enfrentan a feminicidas y agresores de mujeres. ¿Discordancias? No, política.
En 2019, el presidente Vizcarra clausuró el Congreso de la República por la ‘negación fáctica de la confianza’. El Tribunal Constitucional de entonces sentenció que fue legal y constitucional, y en 2023, con nuevos integrantes, estableció lo contrario: la ‘denegación fáctica’ de la confianza es contraria a la Constitución, y que la competencia para determinar el rechazo, y denegatoria de una cuestión de confianza es exclusiva del Legislativo. En 2020, el nuevo Congreso vacó al presidente Vizcarra, y le sucedió Manuel Merino, presidente del Congreso, durando una semana y renunciando por las protestas, ante lo cual, le sucedió Francisco Sagasti, con el mismo proceso, pero este sí ‘gozaba de legitimidad’. ¿Disparates? No, política.
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