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Carlos Ginocchio / Productos e inclusión financiera (4 de 5) 



Comparando con períodos anteriores, observamos que en julio 2023 los pequeños y medianos productores con créditos en el sistema financiero supervisado por la SBS eran 276,603 con una colocación de S/ 2,873 millones (3.9% del total de colocaciones). En abril 2022 fueron 242,469 productores con S/ 2,586 millones. En abril 2020 fueron 234,985 productores con S/ 2,219 millones.  Si a esa cifra le agregamos los 25,000 o 30,000 del Agrobanco, (según su Cartera Vigente en los EEFF de los últimos 2 años que bordea los S/ 300 MM), estimamos en 300,000 pequeños productores atendidos.

 

Algunos dirán que hay un crecimiento desde 234,985 productores atendidos (2020, año de pandemia) hasta 306,714 (2023), pero ello representa tan solo la incorporación de 23,000 productores anuales. Si establecemos un objetivo de 70% del mercado potencial (solo aquellos articulados hoy al mercado, y sin considerar la subsistencia), tardaremos más de 20 años en lograr la meta. Además, no se observa un crecimiento del porcentaje de las colocaciones al sector agrario (bordea 3.5% a 4%, y 0.7% al pequeño y mediano), y con solo incrementar desde 0.7% a 1% al pequeño y mediano productor, se incorporarían 128,000 más. Ciertamente, ello debe ser progresivo.

 

Es claro que pese a que el Estado tiene una institución financiera que se ocupa de ofrecer créditos al micro y pequeño productor agropecuario, esta no se abastece para atender el potencial que existe (700,000 productores), apenas 5% de estos, y son las instituciones de microfinanzas (cajas municipales, cajas rurales, empresas financieras) las que otorgan 90% del crédito que recibe este sector.



¿Cuáles son los motivos por los cuales el sistema financiero considera de alto riesgo al sector, incluyendo a la gran empresa, aunque esta tiene la ventaja de estar diversificada, formal, garantías sólidas, tecnología, funcionarios de nivel, y una mayor capacidad de recuperación ante una crisis?: 1. eventos climáticos, muchas veces impredecibles 2. informalidad 3. Capacidad de gestión y carencia de tecnología (incluye uso de agro insumos en cantidades deficientes o sin certificación) 4. Clima social.

 

El primer y mayor problema se soluciona con la implementación de un seguro agrario comercial que proteja la inversión del pequeño productor contra cualquier tipo de evento climático (SOAT agrario), creando el Estado un Fondo que cofinancie 80% de la prima. Según diversas comunicaciones, este Fondo existe, aunque no se ha difundido suficientemente, y por ende, no es utilizado por la mayoría de ifis.

 

Esta propuesta tendrá opositores entre los críticos que la consideren un subsidio antes que una inversión. Veamos: si las colocaciones actuales a los micro y pequeños productores ascienden a S/ 3,105,270 millones, ello significa que dado que la banca presta – en promedio – 70% de la inversión (30% restante en el sector es la mano de obra), la inversión total de estos productores asciende a S/ 4,436,100 millones. La prima del seguro es 5%, por lo que el monto total de primas a pagar a las aseguradoras representa S/ 221.8 millones. El Estado implementará un Fondo que cobertura 80% de las primas: S/ 177.4 millones (menos del 0.1% del presupuesto nacional, y menos de 1% de los aportes perdidos para el salvamento de PetroPerú). Si este Fondo se utiliza con herramientas que “obliguen” al productor a adquirir sus agro insumos en empresas-tiendas formales (vía tarjeta de débito agraria), el IGV recaudado sería de S/ 473.7 millones (S/ 3,105,270/1.18). Con solo la recaudación de 50% de lo esperado, se cubre totalmente el Fondo.


 

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