27- Entre las consideraciones estrategias para desarrollar nuestros recursos debemos tener presente los lineamientos para una correcta integración vertical y horizontal de las operaciones petroleras. En principio se busca una reactivación que permita ganar eficiencia desde la exploración hacia arriba, a lo largo de la cadena de valor de la industria. Todas las inversiones hoy en día requieren de preparación involucrando a un número creciente de actores haciendo cada uno lo suyo en las zonas de extracción, transporte y comercialización. Entre estos actores destacan múltiples entidades del estado central, y de los gobiernos regionales, así como los servicios de policía e institutos armados. La preparación de una verdadera reforma sectorial debe partir con el apoyo político del más alto nivel y ser liderada por un equipo técnico-económico conocedor de la industria.
28- En relación al manejo de los impactos socio-ambientales. Uno de los retos más significativos que se tienen por delante es el reducir el número de permisos que deben obtener las empresas operadoras. Si sumamos el impacto de la descentralización administrativas con la creación del ministerio del ambiente y sus distintas dependencias en el desarrollo de los proyectos de exploración – producción encontramos que para poder llevar adelante las operaciones petroleras los permisos a obtenerse consumen entre dos a tres años. Los cuadros que siguen muestran este desagregado. Sin lugar a dudas la tramitología es cada vez más compleja y juega en contra de la competitividad de nuestra industria puesto que muchas empresas no están dispuestas a poner en riesgo la ejecución de sus presupuestos de exploración y explotación a la espera de muchos de estos permisos.
29- Tal cual es la practica en la industria, el abandono y remediación de todos los pasivos ambientales causados por el contratista deberán ser su responsabilidad. No obstante, convendría que PERUPETRO y las entidades encargadas del manejo de los impactos y pasivos ambientales (OEFA) establezcan que campos deben ser abandonados permanentemente y al mismo tiempo prioricen los trabajos de remediación que deben desarrollarse en los próximos años. Estos costos en lo posible deberán deducirse de las ganancias que se tengan en la zona con la explotación de las reservas remanentes, para luego de ser el posible, ser recuperados de las empresas que han operado estos lotes y dejado estos pasivos. Para ganar en eficiencia, los recursos que se destinen para estos trabajos pueden servir a subcontratar con los nuevos operadores los trabajos priorizados.
30- Los trabajos para definir y priorizar los campos y pozos a abandonarse en forma permanente, deberá iniciarse en forma inmediata con la participación de las entidades de gobierno competentes. Los costos involucrados podrían ser financiados inicialmente como un porcentaje de la parte de los beneficios que trae al estado los distintos contratos en esta cuenca. Este trabajo de identificación de pozos a abandonar y en general de pasivos es una tarea urgente puesto que la vida de los campos en explotación difícilmente puede extrapolarse por más de dos o tres décadas, es decir el tiempo que duren los nuevos contratos. Es esencial considerar, de un lado, que ya se ha avanzado con el taponamiento de muchos pozos (i.e. siguiendo la ley 28880, alrededor del año 2008 se taponearon 200 pozos) y, por otro lado, que cuando concluyan estos nuevos contratos el abandono correcto de las áreas debe estar bastante avanzado.
31- Los problemas sociales derivados de la inacción del gobierno por varias décadas en las regiones petroleras deben ser tratados mediante un Plan Social consensuado con las autoridades y representantes de las colectividades impactadas en cada región. Este Plan Social deberá estar relacionado con una parte de los beneficios de los proyectos a desarrollarse, pero no caer a la exclusiva responsabilidad de la industria.
32- Un aspecto que no puede dejarse de lado es la alta conflictividad social en todas las regiones zona. Si sumamos el impacto negativo del COVID 19 con la contracción del empleo por la poca actividad upstream futura, la situación social probablemente empeorará. En el Noroeste es previsible que con la conclusión del proyecto de modernización de la Refinería queden miles de personas sin empleo. En la Selva Norte, la disminución de la actividad petrolera tiene un impacto notorio en la situación del empleo en Iquitos y otras ciudades de la Amazonia.
33- En la percepción de los pobladores de las regiones petroleras se suman los pasivos ambientales dejados por la industria con el incumplimiento de parte del Estado en la distribución de beneficios y más importante en su aplicación en la mejora de los servicios de salud y educación. Se identifica que no son los petroleros los culpables, sino que en muy buena cuenta son las deficiencias de las autoridades del gobierno que no monitorean bien la industria y que no hacen que los beneficios lleguen a la población. A este sentimiento de incumplimiento y abandono se suma la campana cada vez más activa de ONGs anti-extractivistas, que mantienen líderes de las comunidades dedicados exclusivamente al rechazo de la industria sin por lo tanto ofrecer soluciones coherentes.
La elaboración e implementación de un Plan Social debería basarse en los siguientes criterios generales:
34- El Estado es el responsable de asegurar las condiciones básicas para el bienestar y el desarrollo de las distintas colectividades del país. El diseñar un Plan Social es una tarea no solo del Gobierno Central y sus distintos ministerios sino también de los Gobiernos subnacionales y los líderes de las mismas colectividades. Ahí estarán las necesidades básicas prioritarias de salud, salubridad, educación, atención médica, apoyo productivo, acceso a la energía, etc. El Plan debe tener metas y objetivos claros y deberá ser ejecutado por un grupo de emprendedores locales a los que se podría sumar personal de la empresa. Este grupo altamente motivado debe recibir el soporte no solo de los ministerios directamente relacionados con las infraestructuras sociales sino también de los ministerios encargados de la seguridad nacional
35- La empresa contratista y/o las empresas que operan en una determinada región no es la responsable de la formulación e implementación del mencionado Plan, pero debe contribuir a su realización. Por lo esencial la industria debe generar la mayor riqueza posible, trabajando la zona de manera a maximizar los beneficios a extraerse del subsuelo.
36- Una parte de estos beneficios provenientes de la industria petrolera, conmensurada con la evaluación de recursos que se necesitan para ejecutar este plan y los aportes de otras industrias y del presupuesto nacional deben ser separados en un Fideicomiso, para que de manera transparente se conozca el destino de los fondos que recibe la región incluidos ahí los fondos que pueden venir parcialmente del canon.
37- El monitoreo de la ejecución de los distintos proyectos que forman parte de este plan debe ser periódico (cada 2 o tres años) y hecho por un grupo independiente en el cual deben de estar representados no solo los que diseñaron el plan sino también los beneficiarios y la sociedad civil. Esto para asegurarse el avance y de ser el caso la retroalimentación del plan. Existe al respecto referentes en los mecanismos de implementación del Proyecto Camisea.
38- Independiente de esta obligación las empresas pueden tener planes comunitarios y de responsabilidad social adicionales. Al respecto debe de haber algún mecanismo de coordinación entre empresas para no hacer demostraciones de gasto adicionales comparables ni muy grandes o ni muy pequeñas. Proyectos que tengan que ver con la educación básica y la capacitación de trabajadores a todo nivel son de gran importancia y pueden desarrollarse mejor sumando esfuerzos de las distintas empresas de una cierta región.
39- Para la región de la Selva Norte se tiene pendiente un esfuerzo enmarcado bajo el concepto de Cierre de Brechas, el cual comprende acciones por parte de los distintos ministerios y gobiernos subnacionales. El Cierre de Brechas es considerado como el punto de referencia para monitorear lo que debe ser un Plan Social con ideas nuevas y con participación de los gobiernos subnacionales que incluya no solo a los pueblos indígenas sino también a ciudades en el Noroeste y la Selva Norte, plan que debe comprender una demarcación urbanística realista.
40- El grupo considera que las nuevas empresas contratistas deben acumular una buena participación de ingenieros y geólogos nacionales conocedores de esta región y en lo posible abrir su accionariado a las instituciones sub-nacionales. Su estructura financiera necesita ser cuidadosamente diseñada de manera a lograr una buena proporción de aporte local.
41- Last but not least, entre los aspectos transversales a tener en cuenta, además de aquellos relativos a la distribución de las rentas, y el manejo de impactos socio-ambientales, está la capacitación de las instituciones del sector. Esto toca al actual Viceministerio, a la DGH, a Petroperú (o a la subsidiaria de la empresa nacional que se cree para el upstream) y en particular PERUPETRO. Se debe poder elevar su capacitación de manera a poder ser la verdadera contraparte de las empresas y poder mediar efectivamente, con un mejor conocimiento de las operaciones y sus riesgos en la determinación de reglas ambientales y en la repartición de riesgos financieros y retribuciones. De hecho, sin una agencia de petróleo y un ente regulador sectorial verdaderamente capaces, la reforma no logrará sus objetivos.