La inversión pública sólo ejecutó las dos terceras partes del presupuesto asignado en los últimos 4 años, y además de que se había desacelerado en 2019 (cayó 2%), con la pandemia del 2020, se espera una caída cercana al 20%.
Post pandemia, dos medidas marcarán el destino de la inversión pública: (i) el reconocimiento de los gastos adicionales por la para y los nuevos protocolos y (ii) la no continuidad de inversiones en el proyecto de Ley de Presupuesto 2021.
2020: Intento de impulso a la inversión pública (Decreto Legislativo 1486)
La aceptación de plazos adicionales y gastos durante la cuarentena, el replanteo de costos por los protocolos y equipos de protección, y la posibilidad de nuevos adelantos, fueron un marco favorable para la inversión pública en 2020.
Este marco fue neutralizado por el debilitamiento de los presupuestos institucionales tras la menor recaudación de RO y RDR, la precariedad financiera de muchas empresas y la conflictividad social generada por la pandemia.
2021: Intento de paralización de la inversión pública (Art. 20º - Ley de PPTO)
El artículo 20º del proyecto de Ley de Presupuesto 2021 establece que los recursos comprometidos no devengados en el año 2020 se pueden tomar con rebajas del marco del 2021 a efectuarse en el mes de enero próximo.
Esto significa que se cubrirá las necesidades pendientes de este año, pero también implica una desprotección de las inversiones previstas para el próximo año, afectando el final del gobierno actual y el inicio del próximo.
Impacto negativo en la inversión del Estado
Esto inducirá a las entidades a limitar las contrataciones de inversiones que se inician en 2020 y continúan en 2021, generando en la inversión pública este año una contracción mayor y en la del 2021, una prolongación de dicha contracción.
Impacto negativo en la economía del país
Con un sector externo aún limitado y un sector privado paralizado por deudas e incertidumbre, la inversión pública es la mejor opción de superar la crisis. De no considerarse la continuidad de inversiones, se prolongarán en 2021 y 2022 los efectos de la crisis, así como el desempleo y la pobreza de los peruanos.
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