Los cargos de confianza: mal endémico nacional
La calidad en la gestión de los recursos humanos y materiales por parte de un Gobierno es crucial para su buen funcionamiento y el logro de los objetivos y metas de su Plan de Gobierno, por ser las personas quienes, a través de su conocimiento, habilidades y actitudes, permiten maximizar la productividad, minimizar los costos e impulsar el éxito en el logro de resultados positivos, cualquiera sea las actividades que desempeñen.
La gestión del Estado requiere que ésta sea efectuada por un equipo profesional, capacitado, motivado, que comparta la visión país y cuyos valores cívicos de honestidad, transparencia, solidaridad e inclusión social, entre otros, constituyan el soporte de su comportamiento.
Un sistema de gestión eficiente requiere contar con el marco jurídico que le dé sustento y la implementación de un sistema de gestión eficiente, con procesos claros y transparentes, con la capacitación y desarrollo profesional del personal de gestión, así como la permanencia de éstos en sus cargos, de acuerdo con las normas de evaluación de su desempeño.
Si, lo señalado es obvio y lógico, por qué en el Perú las posiciones laborales que implican la toma de decisiones significativas en las entidades del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales -como la gestión y administración de recursos humanos y económicos, o la elaboración de políticas públicas, entre otras- son asignadas directamente por las autoridades responsables en base a criterios políticos o relaciones amicales, sin procesos de selección ni responder a las restricciones propias de la carrera administrativa. Ello es efectuado a través de los denominados “cargos de confianza,” que, en la mayoría de los casos se otorgan a personas que no cuenta la idoneidad y probidad para cumplir con los objetivos y metas establecidas para los respectivos cargos,
La designación de los cargos de confianza dentro del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales del Peru, se han convertido en un mal endémico que no permite una gestión articulada y eficiente del Estado, porque a través de ellos, en gran mayoría de casos, se desarrollan las agendas particulares de las Autoridades que los designan que no tienen en cuenta para nada el interés nacional.
Si las personas que desempeñan los más altos cargos de dirección en el Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales del Peru, no seleccionan los cargos bajo su dirección, a través de procesos transparentes y meritocráticos, están autoinfligiendo un grave daño a su propia gestión porque no podrán cumplir con los ofrecimientos formulados al país al momento de acceder a sus cargos.
En consecuencia, si realmente se desea que el Peru, en lo político, económico y social, se desarrolle con una visión de país de país próspero, , inclusivo y solidario, con valores compartidos por todos los ciudadanos, es necesario limitar la capacidad de las Autoridades a designar cargos de confianza, los cuales solo deberían corresponder a número reducido de funcionarios: ministros y viceministros, los que deben, a su vez, cumplir también con los perfiles que sus cargos de alta responsabilidad demandan.
De lograrse ello, correspondería que los cargos de directores nacionales, directores, subdirectores, y Jefaturas en el Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales, sean accedidos a través de procesos de selección meritocrática, y que la permanencia en los cargos dependa de la evaluación de su desempeño.
Para que lo manifestado pueda tener vigencia y permanencia en el tiempo, sería necesario que normativamente este explícitamente establecido en la Constitución del Estado como una regla fundamental para la gestión del Estado, que se potencie el rol de SERVIR y se disponga la reforma civil del Estado, teniendo como norte contar – en el mediano y largo plazo - con un servicio civil meritocrático, flexible y con altos niveles de eficiencia al servicio de todos los peruanos.
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