Embajador Jorge Castañeda / El servicio civil peruano

La gestión del Estado peruano enfrenta un problema estructural en el servicio civil: la contratación de personal no calificado a través de diversas modalidades, como el Régimen 728, servicios no personales, órdenes de servicio, honorarios, asesorías y consultorías. Esta contratación se basa, en gran medida, en el amiguismo o motivaciones políticas, lo que genera una serie de problemas y desafíos, incluyendo: desigualdad y discriminación en el acceso a beneficios laborales, inestabilidad laboral, falta de transparencia en la contratación. Ineficiencia en la gestión de recursos humanos, riesgo de demandas laborales y sanciones por incumplimiento de la legislación laboral.

La situación se agrava con la existencia de cargos de confianza, cuya designación se basa en criterios discrecionales y no en procesos meritocráticos. Estos cargos están sujetos a la libre designación y remoción por parte de autoridades superiores, lo que genera una falta de estabilidad y seguridad laboral. Esta problemática es consecuencia directa de la priorización de intereses personales o partidarios por encima del bien común, lo que permite que personal no calificado, contratado bajo estas influencias, afecte negativamente la calidad de los servicios públicos debido a su ineficiencia.

Además, la frecuente y masiva rotación de funcionarios que ocurre con cada cambio de titular en una entidad o en el Gobierno exacerba esta problemática. Como resultado, profesionales competentes se ven disuadidos de formar parte del sistema civil debido a la falta de meritocracia, lo que limita aún más la capacidad del Estado para ofrecer servicios públicos de alta calidad y eficiencia.

Esto genera un círculo vicioso que afecta negativamente la calidad de la gestión pública y la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía. Como consecuencia, se produce un aumento innecesario del gasto público, lo que desvía recursos que podrían destinarse a otras prioridades fundamentales, como la salud, el acceso universal al agua potable, el saneamiento y la infraestructura básica. Además, este escenario propicia un entorno favorable a actividades de corrupción y prácticas clientelares, lo que genera ineficiencia en el uso de los recursos públicos y un impacto negativo en la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, erosionando la legitimidad y la credibilidad de la gestión pública.

El revertir esta situación requiere que la contratación de personal en el Estado se realice en base exclusivamente a la meritocracia y concursos públicos, ya que se trata de la gestión del bien común. Esto implica que las decisiones de contratación deben basarse en la capacidad y el mérito de los candidatos, en lugar de en influencias políticas o personales. De esta manera, se puede garantizar que los mejores profesionales estén al servicio del Estado y de la sociedad, lo que a su vez contribuirá a mejorar la calidad de los servicios públicos y a aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

Meritocracia y concursos públicos

La implementación de la meritocracia y los concursos públicos es esencial para una gestión estatal eficiente y efectiva. Estos sistemas garantizan la selección de profesionales competentes basándose en criterios objetivos, promoviendo la transparencia y la equidad. Al priorizar el talento técnico y las competencias, los funcionarios públicos están mejor preparados para diseñar e implementar políticas públicas basadas en evidencia, optimizando los recursos públicos y mejorando la calidad de servicios esenciales.

La estabilidad en los cargos meritocráticos requiere diseños institucionales sólidos que promuevan la adaptabilidad y la flexibilidad. Es fundamental combinar la seguridad laboral con evaluaciones periódicas y rigurosas para garantizar la excelencia y el compromiso con el servicio público. Los mecanismos de evaluación periódica son esenciales para evitar que la estabilidad se convierta en un privilegio que desincentive el rendimiento y la innovación.

La eliminación progresiva de cargos de confianza, excepto viceministros, permitiría priorizar contrataciones basadas en méritos a través de concursos públicos. Esto garantizaría transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, y cerraría las puertas al amiguismo y al clientelismo político. Los viceministros deben cumplir con criterios profesionales estrictos y ser seleccionados según metas medibles y trayectoria destacada.

Acciones necesarias para disponer de un servicio civil integrado en el peru

Para estructurar un servicio civil integrado en Perú, es necesario unificar los diversos regímenes laborales del sector público bajo un enfoque estratégico que combine armonización legal, equidad en derechos y gestión eficiente. Esto implica analizar los regímenes existentes, identificar disparidades en derechos, salarios, beneficios y condiciones laborales, y crear una Ley Marco de Servicio Civil que establezca principios comunes como mérito, equidad y transparencia. Esta ley debe regular derechos básicos para todos los servidores públicos, respetando diferencias justificadas, como los riesgos asociados a ciertas áreas como la salud o la educación.

Para ello, es necesario fortalecer la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) con equipos técnicos especializados, presupuesto, logística e infraestructura para su labor. Además, es fundamental dotarla de capacidad legal para auditar contrataciones, sancionar irregularidades y garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión pública

La Autoridad Nacional de Servicio Civil debe contar con un sistema de gestión y de información integrado a través de una plataforma digital única. Esto permitirá una mayor eficiencia y transparencia en los procesos de selección y gestión de personal. La plataforma debe integrar las postulaciones, el seguimiento de procesos y la asignación de plazas en los concursos públicos meritocráticos, y contar con una base de datos centralizada que almacene historiales laborales, salarios y evaluaciones de los empleados. De esta manera, se agilizarán los procesos, se reducirán los tiempos y costos asociados, y se promoverá la transparencia y la eficiencia en la gestión de personal. De igual forma, es fundamental contar con un Sistema Nacional de Competencias que certifique habilidades transversales, como gestión pública y tecnología, para facilitar la movilidad entre sectores y desarrollar capacitaciones. Esto se logrará mediante plataformas de formación accesibles para todos los servidores.

La labor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, debe contar con el acompañamiento activo de la participación ciudadana. Para ello, es fundamental implementar una plataforma digital segura y accesible que permita a los ciudadanos denunciar irregularidades y proporcionar retroalimentación constructiva sobre la gestión pública. Esta plataforma debe garantizar la confidencialidad y protección de los denunciantes, y asegurar que las denuncias sean investigadas de manera oportuna y transparente. De esta manera, se fomentará la participación ciudadana, se promoverá la transparencia y se fortalecerá la rendición de cuentas en la gestión pública.

Salarios y bonificaciones

La contratación de servidores públicos debe estar acompañada de una estructura salarial única y objetiva, basada en criterios de niveles jerárquicos, complejidad y responsabilidad. Asimismo, es necesario armonizar un paquete básico universal de beneficios que incluya salud, pensiones (integración al SPP u ONP), licencias y bonos comunes. Además, se deben establecer beneficios adicionales diferenciados y justificados para roles críticos, como primas por riesgo en salud o zonas remotas, con el fin de atraer y retener talento en áreas estratégicas. Esto permitirá una mayor equidad, transparencia y eficiencia en la gestión de recursos humanos en el sector público.

Conclusión

La complejidad de la problemática estructural del servicio civil demanda un enfoque gradual y participativo para su resolución. Es necesario establecer un diálogo social amplio y permanente con los sindicatos y gremios para negociar los ajustes estructurales necesarios y mitigar resistencias. Para ello, se deben implementar cláusulas de gradualidad que respeten los derechos adquiridos y comunicar de manera transparente los beneficios de la reforma, como mayor equidad y oportunidades. La implementación de la reforma debe iniciarse con fases piloto en sectores de menor conflicto dentro de la administración central, antes de escalar a otros niveles. Esto permitirá evaluar y ajustar la estrategia de implementación, asegurando una transición ordenada y efectiva.

El servicio civil peruano tiene el potencial de transformarse de un obstáculo en un motor dinámico de desarrollo y prosperidad para el país. Esto se logrará mediante la implementación de principios meritocráticos, la transparencia en la gestión pública y la incorporación efectiva de la tecnología. La clave para este cambio radica en equilibrar la estandarización con la flexibilidad, priorizando el mérito, la equidad y la eficiencia en la gestión pública. De esta manera, se podrá contar con un servicio civil más profesional, innovador y al servicio de los ciudadanos.