Embajador Jorge Castañeda / Nanay y minería ilegal

Comunidades indígenas del río Nanay enjuician al Estado peruano ante el Tribunal Andino por minería ilegal

Un hito judicial sin precedentes sacude el ámbito de la integración andina. Comunidades indígenas de la cuenca del río Nanay, junto a residentes de la Amazonía peruana. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha admitido una demanda histórica contra el Estado peruano. La acusación central es el presunto incumplimiento de los compromisos regionales para frenar la minería ilegal, siendo la primera vez que este alto tribunal evalúa si un país miembro vulnera las normas del bloque en la lucha contra estas actividades extractivas ilícitas y sus delitos conexos, como el lavado de activos.

El conflicto tiene un caldo de cultivo institucional bien definido. En 2025, la Secretaría General de la CAN ya había advertido que las constantes ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) resultaban incompatibles con los acuerdos comunitarios, específicamente con las normas andinas sobre gestión sostenible de recursos naturales y desarrollo ambiental. Los demandantes sostienen que este registro, lejos de ser una herramienta genuina de formalización, se ha convertido en un paraguas legal que perpetúa la impunidad. "Las prórrogas no formalizan, envenenan; mientras el REINFO se extiende, el mercurio sigue fluyendo por nuestros ríos y destruyendo nuestros bosques", denuncian los apoderados legales de las comunidades, reflejando la desesperación de una población que ve amenazadas sus fuentes de alimento y su propia salud.

El proceso avanza con pasos firmes en la sede judicial. El tribunal admitió la demanda el pasado 15 de julio y notificó al Estado peruano el 20 de julio, otorgándole un plazo perentorio de cuarenta días calendario para presentar su respuesta oficial, que vence inexorablemente el 29 de agosto. Un aspecto crucial que aclara el reglamento andino es que, de no mediar contestación dentro de este plazo, el tribunal podría declarar al Estado peruano en rebeldía. Esta figura procesal permitiría que el litigio continúe sin su defensa formal y allanaría la ruta hacia un pronunciamiento desfavorable en sede comunitaria, dejando al país en una posición jurídica extremadamente delicada.

Mientras tanto, la sala aún debe resolver una solicitud de medida cautelar presentada por los afectados, que busca la suspensión temporal del REINFO para detener el daño inmediato mientras se tramita el fondo del asunto. Los impactos territoriales son alarmantes y perfectamente cuantificables: la minería ilegal de oro, que tradicionalmente azotaba el sur en Madre de Dios, ha encontrado un nuevo corredor hacia el norte, irrumpiendo con violencia en la cuenca del río Nanay, en Iquitos. Los reportes ambientales más recientes indican que ya se han arrasado más de mil quinientas hectáreas de bosque primario, y los análisis de agua revelan concentraciones de mercurio que superan hasta en cuarenta veces los límites máximos permitidos para el consumo humano, afectando directamente a centenares de familias que dependen de la pesca para su subsistencia diaria.

Frente a este devastador escenario, el Gobierno peruano mantiene una postura defensiva, justificando las sucesivas prórrogas en la necesidad de otorgar mayores plazos a los miles de mineros que, aseguran, aún no culminan sus trámites burocráticos para acceder a la formalidad plena. Sin embargo, los opositores a esta política replican que el Ejecutivo prioriza una formalización ficticia y dilatada sobre la protección efectiva del ecosistema y la salud pública, permitiendo que las operaciones ilegales sigan extrayendo oro sin rendir cuentas al fisco ni al medio ambiente.

La relevancia de este caso trasciende el ámbito local, pues se erige en un precedente clave para la fiscalización de políticas ambientales dentro de la Comunidad Andina, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Si el tribunal determina finalmente la responsabilidad del país andino y este desacata el fallo, las normas del bloque prevén un catálogo de sanciones de índole comercial y arancelaria que podrían afectar el intercambio de bienes y servicios con sus socios regionales. De este modo, la sentencia no solo definirá el futuro inmediato de la Amazonía peruana y la vigencia del REINFO, sino que también calibrará la efectividad real del orden jurídico andino para proteger los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas frente a intereses económicos que operan al margen de la ley.