Embajador Jorge Castañeda / Estrategia Política de USA

Las Raíces Estratégicas de la Política de EE. UU. hacia Venezuela.

Tras anunciar la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, el presidente Donald Trump justificó públicamente la intervención militar en Venezuela con dos argumentos centrales: el combate al narcoterrorismo y la necesidad de una transición de poder segura. Esta narrativa, sin embargo, opera como el envoltorio cuidadoso de una operación de poder: vende una intervención por intereses estratégicos como si fuera una misión de altruismo internacional.

La fundamentación sobre el combate al narcoterrorismo se sustentó en la presentación del Gobierno de Nicolás Maduro como un "Estado narco" que amenazaba directamente la seguridad de Estados Unidos. Esta narrativa se construyó sobre una acusación federal de narcotráfico y terrorismo presentada en 2020, la cual sirvió como justificación legal para una intervención militar excepcional. No obstante, para varios analistas internacionales, esta retórica funcionó principalmente como un pretexto estratégico, dado que el flujo de drogas venezolano hacia EE. UU. es marginal comparado con otras rutas.

Por su parte, la justificación de una "transición segura, adecuada y juiciosa" se basó en el anuncio de que Estados Unidos "administraría" temporalmente el país para evitar un vacío de poder. Sin embargo, esta postura se contradijo con hechos como el rechazo a la líder opositora María Corina Machado y la opción de negociar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, lo que evidenció que la prioridad no era una transición democrática genuina, sino instalar una administración dócil que garantizara los intereses estratégicos y económicos estadounidenses.

Si los argumentos públicos son tan frágiles, ¿qué es lo que realmente mueve la maquinaria de presión contra Venezuela? La respuesta exige examinar este accionar más allá de la coyuntura, en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional y la política de "América Primero", descomponiéndolo en tres ámbitos entrelazados.

En el ámbito político hemisférico, el gobierno de Trump presentó la eliminación del gobierno venezolano como una acción de "reordenamiento regional" necesaria, justificada por su rol de "foco de inestabilidad". Según esta narrativa, su modelo político, sus crisis humanitarias y sus alianzas extra hemisféricas generaban impactos negativos como una crisis migratoria masiva, la exportación de un modelo autoritario y el debilitamiento del orden democrático interamericano.

Pero este reordenamiento político no se busca por pura ideología; tiene una base material ineludible. En el ámbito económico, los intereses de EE. UU. giran fundamentalmente alrededor del control de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. La política estadounidense busca revertir la nacionalización -en décadas pasadas- de la industria energética para reabrir el sector a corporaciones internacionales. Este objetivo, que trasciende el crudo, persigue neutralizar mecanismos de influencia como Petrocaribe, realinear la economía venezolana con el mercado global en términos favorables a Occidente y crear oportunidades para conglomerados privados. Así, bajo la retórica de la estabilidad, subyace el propósito de reconfigurar la economía venezolana para integrarla en cadenas de valor controladas por capital estadounidense.

El control económico y el reordenamiento político convergen, a su vez, en un objetivo geoestratégico mayor. En el ámbito geopolítico, la meta era asegurar la primacía de Washington en el hemisferio. Esto se concretaba en tres acciones: erradicar un gobierno cuya visión rivalizaba directamente con el modelo promovido por Estados Unidos; neutralizar la penetración y el creciente poder de países como Rusia, China e Irán en el continente americano; y restablecer un alineamiento político regional favorable a los intereses estratégicos de EE. UU.

De lo expuesto se desprende que la administración Trump ejecutó en Venezuela una estrategia de poder multifacética. Lejos de limitarse a un solo frente, combinó de manera deliberada la presión económica, las tácticas de guerra híbrida y la construcción de una narrativa que justifica alcanzar sus objetivos estratégicos.

Este enfoque integral revela un dato crucial: los intereses en juego —el acceso a recursos vitales, la supremacía en el hemisferio y la contención de ideologías rivales— se consideraron de la más alta prioridad para el Estado norteamericano. Surge entonces la duda fundamental: ¿Estamos ante una política coyuntural de un gobierno específico, o ante una directriz de seguridad nacional que, por su profundidad, trascenderá a la próxima administración, ya sea la resultante de las elecciones de medio término o las presidenciales de 2029?