Embajador Jorge Castañeda / La Urgencia de industrializar Perú

La Urgencia de un Pacto Nacional para industrializar el Perú

Cada vez que un barco sale del Callao cargado de concentrado de cobre o de pota congelada, el Perú no solo vende un producto: también pierde la oportunidad de generar decenas de empleos y desarrollar tecnologías, si ese procesamiento se hubiera realizado en el país. En consecuencia, se recauda menos por sus exportaciones.

El problema reside en que, si bien el Perú —gracias a su rica biodiversidad, recursos naturales y ubicación geográfica estratégica— cuenta con amplias ventajas comparativas en sectores como la minería, la agricultura, la pesca y las energías renovables, no ha logrado convertirlas en ventajas competitivas sostenibles ni en riqueza duradera.

La razón principal es la falta de inversión en tecnología, innovación y capital humano, lo que impide agregar valor a los productos y servicios. Además, la economía peruana sigue dependiendo de la exportación de materias primas, lo que la hace vulnerable a los ciclos de precios internacionales.

La falta de diversificación productiva y la escasa inversión en investigación y desarrollo también contribuyen a este problema. Según el Banco Mundial, la inversión en ciencia, tecnología e innovación en Perú es significativamente baja, alcanzando solo el 0.11% del PBI por parte del Estado y el 0.13% por parte de empresas privadas. Esto limita la capacidad del país para innovar y agregar valor a sus productos, lo que a su vez impide que se convierta en una economía más competitiva y sostenible.

Diagnóstico de los sectores clave

El Perú cuenta con un gran potencial en sectores clave como la minería, pesca, agricultura y energía renovable. A continuación, se describe brevemente el potencial de cada sector y se contrasta con lo que realmente se exporta:

Minería: El Perú es uno de los principales productores de cobre, oro y zinc a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de ser líder en producción de cobre, importa cables eléctricos y otros productos con valor agregado. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron los 30,517 millones de dólares, destacando las ventas de cobre y oro. Es justo reconocer que la refinación y manufactura de cobre son procesos intensivos en energía y con altos costos de instalación, lo que en algunos casos hace más competitivo realizarlos cerca de los grandes centros de consumo. El reto es, precisamente, crear las condiciones (energía limpia y barata, estabilidad jurídica) para que esa transformación sea viable y atractiva dentro del país.

Pesca: El Perú tiene el mar más rico del mundo, con una gran variedad de recursos hidrobiológicos. Sin embargo, sigue exportando principalmente harina de pescado en lugar de productos hidrobiológicos listos para consumir. En 2025, las exportaciones pesqueras alcanzaron los 4,300 millones de dólares, destacando las ventas de pota congelada y harina de pescado.

 Agricultura: El Perú es un importante productor de frutas y verduras, como arándanos, espárragos y uvas. Sin embargo, la mayoría de las exportaciones son de productos frescos o congelados, sin valor agregado. En 2025, las exportaciones agrícolas superando los 15,000 millones de dólares, destacando las ventas de arándanos, uvas, paltas y cacao.

Energía Renovable: El Perú tiene un gran potencial para generar energía renovable, especialmente hidroeléctrica, energía solar y eólica. Sin embargo, la mayoría de la energía generada se utiliza para consumo interno, y no se exporta energía renovable.

La consecuencia de este modelo es que la economía peruana depende en gran medida de la exportación de materias primas, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Una caída en el valor de los minerales o las frutas afecta directamente el crecimiento del país. A esto se suma que, al no industrializar sus productos, se pierde la oportunidad de generar miles de empleos formales y de calidad que la población necesita.

El Nudo del Problema: La Falta de una Visión Compartida entre el Estado y el sector Privado

El problema central radica en la falta de coordinación entre el sector público y el privado, así como entre los propios actores de los sectores productivos para concordar intereses comunes. Actualmente, las políticas sectoriales actúan como islas desconectadas entre sí, y los sectores estratégicos no muestran interés en beneficiarse de las sinergias que podrían generarse con los demás.

El problema es que cada sector trabaja por su lado sin mirar al de al lado. El minero solo piensa en extraer, el agricultor en producir, el pesquero en pescar y el generador de energía en vender electricidad. El Estado, en lugar de integrarlos, los regula por separado a través de distintos ministerios, como si fueran mundos aislados.

Lo que falta es una mesa común donde todos se sienten a conversar y responder preguntas clave: ¿cómo aprovechamos la energía barata de una represa para procesar el cobre que extraemos? ¿cómo convertimos los residuos orgánicos de la agroexportación en energía para las mismas plantas? Hoy no hay una instancia que las plantee ni que impulse esas soluciones conjuntas.

Sin embargo, este diagnóstico estaría incompleto si no se reconocen las causas profundas de esta descoordinación. No se trata solo de una falta de comunicación, sino de la existencia de incentivos perversos y de un desbalance de poder. Por un lado, existen sectores extractivos consolidados que se benefician del statu quo de bajo riesgo y alta rentabilidad, y que pueden ejercer presión política para evitar cambios estructurales.

Por otro lado, el Estado adolece de capacidades técnicas desiguales entre ministerios y una alta rotación de funcionarios, lo que impide construir interlocutores válidos y memorias institucionales sólidas. La consecuencia es que los intentos de diálogo suelen naufragar por la desconfianza mutua y la defensa de intereses particulares de corto plazo.

La Solución: Un Gran Acuerdo Nacional

La propuesta concreta consiste en impulsar un "Pacto Nacional por la Industrialización". Este pacto debe convocar a una misma mesa a los gremios empresariales (como la SNMPE, ADEX y la SNI, entre otros) y al Estado (representado por la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios de Energía y Minas, Producción y Agricultura).

Esta mesa de trabajo propone un espacio de diálogo para construir colectivamente una agenda de país, dejando de lado las agendas sectoriales. El objetivo central es identificar, tanto las sinergias existentes —aquello que une a los sectores— como los cuellos de botella legales que actualmente dificultan o impiden invertir en procesamiento y valor agregado.

El Articulador Clave: El Rol de CEPLAN y la Necesidad de Fortalecerlo

Para que esta mesa de diálogo no se convierta en un debate más que se diluya con los cambios de gobierno, se propone un liderazgo técnico y especializado a cargo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Este organismo es un articulador clave porque, a diferencia de los poderes políticos que suelen tener visiones de corto plazo, su misión institucional es justamente pensar el Perú del futuro a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Al ser un ente técnico y no político, CEPLAN puede poner orden y darle coherencia a la discusión, asegurando que los acuerdos trasciendan la coyuntura y no dependan del gobierno de turno, para garantizar así una hoja de ruta estable y de largo plazo para el país.

No obstante, para que esta propuesta sea realista, es necesario considerar también sus limitaciones. Históricamente, CEPLAN ha tenido una débil capacidad de convocatoria y carece de poder de coerción sobre los ministerios y actores privados. Por lo tanto, el éxito de esta iniciativa exigiría un paso previo: un compromiso político explícito desde la más alta autoridad (Presidencia de la República y Consejo de Ministros) para dotar a CEPLAN no solo del encargo, sino también de la autoridad política y los recursos necesarios para liderar el proceso. Sin ese respaldo, CEPLAN convocaría a una mesa a la que muchos podrían simplemente no asistir o no tomar en serio.

El Resultado Esperado: Un proyecto de Ley que Integre

El objetivo final de este gran acuerdo debe ser la creación de un Proyecto de Ley Comprehensivo, un documento tangible que refleje el consenso y marque el rumbo. Esta nueva ley no se trataría de sumar más normas a las ya existentes, sino de integrarlas en un sistema coherente y eficiente. Para entenderlo de manera sencilla, podríamos decir que esta ley buscaría tres cosas fundamentales.

En primer lugar, ordenar la casa. Hoy en día, las regulaciones para cada sector productivo están dispersas y a menudo desarticuladas. Esta ley unificaría y armonizaría todas esas normas, creando un marco legal único que elimine contradicciones y facilitaría la vida a los inversionistas.

En segundo lugar, crear un paraguas común. Las Zonas Económicas Especiales, en lugar de funcionar como islas, se integrarían en una estrategia nacional de clústeres industriales. Esto significa que todas ellas trabajarían bajo una misma lógica, potenciando sus fortalezas de manera coordinada para el desarrollo del país.

Por último, pero no menos importante, esta ley buscaría premiar la complejidad. Es decir, establecería reglas claras y estables, con incentivos reales —que podrían incluir beneficios tributarios graduales, facilidades para el acceso a financiamiento de largo plazo o inversión estatal prioritaria en infraestructura energética y logística para las zonas industriales— para aquellas empresas que no se limiten a extraer recursos, sino que se comprometan a transformarlos en el país, generando así empleo calificado y agregando valor a nuestra materia prima.

Conclusión

El Perú no puede darse el lujo de seguir décadas discutiendo las mismas ideas sin llegar a puerto. El contexto global nos presenta una ventana de oportunidad única: el mundo de hoy demanda productos procesados, energías limpias y una trazabilidad que garantice el origen sostenible de lo que consume. Y nuestro país tiene precisamente los recursos para ofrecer todo eso.

Es momento de pasar a la acción. Se necesita que el sector privado deje de lado los intereses particulares para pensar en el bien común. Al mismo tiempo, se requiere que el sector público eleve la mirada política y trascienda los ciclos electorales. El desafío es tan político como técnico. Requiere construir una voluntad política real que sea capaz de enfrentar las resistencias de quienes se benefician del modelo actual y de fortalecer instituciones como CEPLAN para que puedan ejercer un liderazgo efectivo.

Con CEPLAN actuando como brújula técnica, pero respaldado por un mandato político claro, es posible construir el acuerdo que transforme nuestra materia prima en bienestar real para las próximas generaciones.

El desafío es grande, sí, pero la riqueza de nuestros recursos y el talento de nuestra gente están ahí, esperando ser articulados. Solo falta la voluntad de hacerlo.