Embajador Jorge Castañeda / Ética o caos social: el rol de la ciudadanía

En el anterior artículo ¨Falencias de la gobernabilidad en el Perú: Cambios necesarios¨ (Efectividat 5de mayo de 2026) se destacó que la clase política peruana adolece, en su gran mayoría, de falta de civismo y de valores ciudadanos, lo cual se manifiesta, entre otros, en corrupción, ineptitud e insensibilidad social.

La ética y el civismo son la columna vertebral de la función pública y resultan esenciales para construir confianza entre los ciudadanos y el Estado. Este enfoque implica probidad, honestidad y rectitud, donde el funcionario actúa correctamente incluso cuando no está siendo observado, priorizando el interés general sobre el particular. De este modo, la ética institucional crea una cultura de integridad y transparencia.

Es necesario reconocer que la Política de Estado N°26 del Acuerdo Nacional "Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas", ha fracasado en gran medida. ¿Por qué? Porque enfrenta, entre otros, obstáculos concretos: la oposición de redes de funcionarios corruptos dentro de la administración pública, regionales y la falta de voluntad política de la clase política que teme perder cuotas de poder.

Cualquier propuesta seria para revertir esa situación debe identificar a estos actores y reconocer que neutralizarlos requerirá costos políticos altos, posibles pactos legislativos contraproducentes y una estrategia gradual que no genere un vacío de poder aprovechable por nuevas redes corruptas. Ejemplos viables de ejecutar: alianzas de la sociedad civil organizada, presión desde contraloría, o incentivos económicos a las entidades que cumplan metas de integridad.

El presente artículo busca propiciar el debate sobre las acciones necesarias para lograr dicho objetivo, el cual exige un enfoque multisectorial articulado (gobierno central, regional y local) y la participación de la ciudadanía organizada, a fin de aprovechar las sinergias, basado en la integridad, el respeto a las normas y la convivencia armónica para que el Perú pueda finalmente ser un país desarrollado, inclusivo y solidario

1.     Nivel Central (Gobierno Nacional)

El primer paso para alcanzar dicho objetivo es la revisión de la Política de Estado N°26 del Acuerdo Nacional enfocándose particularmente en revertir la crisis de confianza en las instituciones y reducir la corrupción.

Para ello se requiere aprobar y ejecutar acciones graduables sin cambios bruscos y medibles que permita evaluar los resultados y corregir el rumbo a tiempo. Entre dichas acciones se proponen las siguientes sin carácter excluyente de otras acciones que puedan plantearse:

a.     Eliminar los incentivos que alimentan la corrupción: bajo riesgo de sanción, altas ganancias ilícitas y debilidad judicial. Por ello, cualquier reforma debe priorizar no solo el castigo, sino también reducir las oportunidades de corrupción mediante simplificación de trámites, rotación obligatoria en cargos de riesgo, y una política salarial que haga menos atractivo el soborno en puestos clave. Además, el aumento de la probabilidad de castigo, la protección a denunciantes y la independencia de los fiscales anticorrupción

Es importante relievar que la impunidad es el motor principal que perpetúa la corrupción, mientras no existan sanciones efectivas, los actores corruptos seguirán actuando con la confianza que no les pasara nada, lo que normaliza el robo de los recursos públicos.

b.     Incorporar en el currículo escolar (desde inicial hasta secundaria) y universitario un curso progresivo de Civismo, Ética y Convivencia Democrática, con evaluación anual.

c.     la restitución de la educación premilitar en colegios en el último año de estudios para fortalecer la disciplina, los valores cívicos, el respeto y la identidad nacional frente a crisis de valores y violencia.

d.     determinar que los casos de corrupción o incumplimiento grave disparan un procedimiento administrativo sumario con garantías de debido proceso, tras el cual se puede aplicar la pérdida temporal del cargo y, en caso de sentencia firme, la inhabilitación definitiva para laborar en la administración pública. Se requiere una ley específica que resuelva la tensión entre sanción ética y derechos laborales.

e.     Fortalecer a nivel nacional Desarrollo por medios virtuales los cursos de formación cívica ciudadana, dialogo y participación política que organiza el Jurado Nacional de Elecciones para mejorar la cultura política y fomentar una ciudadanía activa

6. Fortalecer el rol de la Secretaría de Integridad Pública en la implementación de medidas para prevenir la corrupción y fomentar el comportamiento ético en todos los funcionarios públicos.

7. Ampliar a nivel nacional la ejecución de la Estrategia 101 Buen Ciudadano que, busca fortalecer valores como la honestidad, respeto y solidaridad a través de microprogramas y materiales educativos.

2.     Nivel Regional

El rol de los gobiernos regionales en la promoción de la ética y los valores ciudadanos es fundamental al interior del país para construir una administración transparente, fortalecer la confianza pública y fomentar un desarrollo sostenible., siendo responsables de implementar las políticas nacionales de integridad a nivel local.

Les corresponde promover dentro de su territorio el cumplimiento de la Política Nacional de Promoción de la Ética y la Transparencia, así como la erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando. Para ello, deben velar porque sus direcciones generales apliquen plenamente las normas de transparencia, anticorrupción y gestión ética. Asimismo, les compete impulsar el desarrollo de campañas regionales de sensibilización cívica, rescatando la identidad cultural y el respeto por la propiedad pública, además de fomentar espacios de diálogo y concertación que permitan solucionar los conflictos regionales.

3.     Nivel Local (Municipalidades)

La municipalidad representa el primer y más cercano vínculo entre la ciudadanía y el Estado. Desde ese lugar privilegiado, asume la misión de satisfacer las necesidades de la comunidad impulsando el desarrollo social, económico y cultural. Para lograrlo, debe proveer con eficiencia y oportunidad bienes y servicios locales como limpieza pública, seguridad ciudadana, mantenimiento de parques y jardines, gestión de residuos sólidos, así como la administración de licencias y tributos municipales. Todo ello exige una actuación ágil y moderna que mejore la calidad de vida de las personas.

Asimismo, es responsabilidad del municipio emitir y hacer cumplir ordenanzas de civismo que promuevan el respeto por los espacios públicos y la correcta disposición de residuos. También debe velar por la reducción de ruidos y el cumplimiento de las normas de tránsito, fortaleciendo al mismo tiempo la rendición de cuentas y la transparencia presupuestal. Solo así se genera confianza ciudadana y se afianza una cultura de integridad. El fomento de espacios de diálogo mediante reuniones públicas y asambleas vecinales permite discutir y resolver problemas locales, aplicar sanciones proporcionales a las faltas cívicas y reconocer las buenas prácticas vecinales.

Para consolidar este propósito, la municipalidad debe promover el urbanismo ético a través del rediseño de plazas, parques y paraderos con mensajes positivos de civismo, como el respeto a las filas, la limpieza y la tolerancia. En lugares concurridos, resulta clave instalar módulos de transparencia, por ejemplo, pantallas que muestren la rendición de cuentas del gobierno local. Otra herramienta transformadora es crear un Sistema de Puntos Cívicos, que otorgue descuentos en impuestos municipales, prioridad en trámites o beneficios culturales y deportivos a quienes acrediten participación en voluntariado o denuncias de corrupción. De esta manera, el municipio no solo gestiona servicios, sino que forma activamente una ciudadanía ética y comprometida.

La implementación de estas propuestas requiere por razones de financiamiento una jerarquía clara de lo urgente versus lo importante, y un cálculo realista de costos y plazos. Por ejemplo, priorizar en el primer año solo dos acciones de bajo costo y alto impacto simbólico: (1) módulos de transparencia en municipios grandes, (2) la plataforma digital de denuncias por WhatsApp,

4.     Ciudadanía y Comunidad

La experiencia peruana de los últimos años muestra que muchas reformas éticas han sido bloqueadas o vaciadas de contenido por el Congreso, los gobiernos regionales o los poderes fácticos locales. El financiamiento ilegal de campañas, los pactos de impunidad entre élites políticas y la captura de los consejos de fiscalización son barreras reales. Por eso, la ciudadanía organizada no puede limitarse a proponer leyes; debe construir poder de presión: revocatorias, veedurías ciudadanas con incidencia vinculante, litigio estratégico ante el Tribunal Constitucional e incluso campañas de voto castigo. Solo así se equilibra la balanza frente a los incentivos perversos del sistema.

A la ciudadanía organizada le corresponde un rol crítico e insustituible en la implementación efectiva de la Política Nacional revisada de Promoción de la Ética y la Transparencia. Sin su participación, ninguna norma ni institución podrá erradicar la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria ni el contrabando. El verdadero éxito de estas políticas radica, ante todo, en la asunción consciente de deberes por parte de los propios ciudadanos.

Para cumplir este cometido, las comunidades deben, entre otras acciones, organizarse y participar en talleres de formación cívica que fortalezcan su capacidad de acción. También les corresponde vigilar la gestión pública local mediante comités de transparencia y control vecinal. No es lo mismo una coima millonaria de un funcionario que una falta cívica vecinal, pero ambas erosionan la confianza colectiva. Por eso, sin equiparar sus consecuencias, el respeto a las normas de tránsito, el cuidado de los espacios compartidos como parques y calles, y la gestión pacífica de los conflictos vecinales son conductas cotidianas que construyen ética colectiva

A la ciudadanía organizada le corresponde un rol crítico e insustituible: organizarse en talleres de formación cívica, vigilar la gestión pública mediante comités de transparencia, respetar las normas de convivencia y utilizar canales oficiales para denunciar corrupción. Se propone una plataforma digital simple, accesible vía WhatsApp, con respuesta automática y seguimiento público anonimizado, acompañada de protección legal inmediata al denunciante.

Beneficios de una Política Nacional de Ética

Una Política Nacional de Ética genera ventajas profundas y sostenibles para toda la sociedad. En primer lugar, ella fortalece la ética y los valores ciudadanos al internalizar principios como la honestidad, la responsabilidad y el respeto en la vida cotidiana. Ese cambio cultural, a su vez, consolida la identidad nacional, pues las personas se reconocen parte de un proyecto colectivo basado en la integridad y no solo en normas impuestas.

Uno de los beneficios más tangibles es la reducción de la corrupción. Al fomentar una cultura de tolerancia cero frente a lo ilícito, se desincentivan las malas prácticas desde la base social. Esto impacta directamente en la sostenibilidad del desarrollo, ya que los recursos públicos se utilizan exclusivamente para los fines previstos, mejorando la calidad de vida de la población sin desvíos ni inequidades.

Además, una política de esta naturaleza restaura la confianza en las instituciones, lo que se traduce en un fortalecimiento democrático.  Se disminuye la polarización política y se reduce el riesgo de inestabilidad social, porque la ciudadanía percibe que el sistema opera con transparencia y justicia. En conjunto, estas ventajas convierten a la ética no en un ideal abstracto, sino en una herramienta concreta para el progreso nacional.

Conclusión

Solo desde esta corresponsabilidad será posible construir una ciudadanía íntegra y transformar de fondo la realidad política del país. El propósito es generar una espiral virtuosa: el civismo ciudadano presiona y exige una conducta ética por parte del Estado, y la ejemplaridad estatal, a su vez, refuerza y legitima la conducta íntegra de los ciudadanos.

Pero este compromiso no es solo pedagógico ni voluntarista. Requiere enfrentar los incentivos estructurales que perpetúan la corrupción (baja probabilidad de castigo, altas ganancias ilícitas), superar los obstáculos políticos concretos (redes corruptas, captura de instituciones), priorizar acciones con costos realistas y plazos graduales, y construir poder ciudadano efectivo para contrarrestar a quienes se benefician del statu quo.

Solo desde esta corresponsabilidad crítica y estratégica será posible construir una ciudadanía íntegra y transformar de fondo la realidad política del país. ¿Es esto realmente posible sin una reforma del sistema de partidos y del financiamiento electoral? ¿O estas propuestas corren el riesgo de ser absorbidas por las mismas redes corruptas? El debate queda abierto. La ética no se decreta ni se impone solo desde arriba, pero tampoco se construye únicamente desde el territorio sin cambios en los incentivos de la élite política. Requiere ambas direcciones simultáneamente.