Capítulo I
A propósito del garrafal y posible irreparable daño ocasionado por una fiscal que dejó en libertad a 2 delincuentes cómplices del Maldito Cris, han surgido críticos del Ministerio Público.
Pero para quien crea que es una golondrina del verano, se equivoca. Las fiscalías hace mucho pero mucho tiempo, que cometen quizá no errores de tamaña vileza, pero si en casos de menor trascendencia y como no hay muertos de por medio, nadie le pone el cascabel a ese gatazo.
Cualquier víctima de un delito, tiene que pasar por la aduna de los fiscales y uno no puede escogerlas ya que, de ser así, podríamos buscar donde sabemos que existe un fiscal probo, eficaz y célere. Nos corresponde el del lugar de los hechos, el domicilio de la víctima o del delincuente y allí no hay salida si la denuncia va a parar donde uno que en lugar de reunir alguno de esos requisitos, resulta todo lo contrario.
Nos debemos estar preguntando, por las sanciones que se aplican cuando un fiscal exonera de responsabilidad a un culpable, encarcela a un inocente, retarda una denuncia por meses o simplemente termina por archivar una denuncia sin siquiera haber realizado las elementales diligencias.
A la pregunta del párrafo anterior, la respuesta es no hay sanción alguna y a las cifras me remito, las que han sido elaboradas por la Defensoría del Pueblo cuando todavía quedaba en ella rezagos de la esperanza con que fue creada.
Hay una Fiscalía de Control Interno y Oficinas desconcentradas de Control Interno a quienes se puede acudir por faltas leves, graves o muy graves de los fiscales según la Ley 30483 y según la falta el artículo 48 de esa ley puede aplicar amonestación, multa, suspensión o destitución.
La información si bien no está actualizada, nos revela que de enero del 2016 a diciembre del 2018 se presentaron ante la Fiscalía Suprema de Control Interno 35,819 quejas contra fiscales. Solo culminaron con sanción 4,066 es decir el 11%. Algún defensor no del pueblo sino de los fiscales, podría decir: “Bueno el 11% de sancionados no es poco”. Pero además de ser poco, supongamos que muchas de las quejas presentadas fueron por el que no fue favorecido y/o perjudicado en una denuncia y entonces podría atenderse la defensa de los fiscales.
Aparte de solo culminar con sanción el 11%, 31,753 quejas fueron a parar al archivo o seguida luego de buen tiempo “en trámite”. Pero viene lo bueno. De las 4,066 quejas que culminaron con sanción es decir el 11%, 2,594 es decir el 64% fueron sancionados con Amonestación y no tenemos que explicar que duro debe ser para un fiscal recibir una “amonestación”.115 de los fiscales quejados fueron multados y 65 es decir el 2% tuvieron al final del proceso disciplinario propuesta de destitución. Destitución que no tenemos la cifra exacta y no la tenía tampoco la Defensoría del Pueblo, de cuantas de esas destituciones se llegaron a producir ya sea por “dejadez” o porque simplemente ya el fiscal con propuesta de destitución había renunciado al cargo y estaba trabajando en algún estudio o empresa a los que había favorecido a tal grado que mereció una propuesta de destitución.
Las multas aplicadas a fiscales que merecen esa sanción, gravan tanto al bolsillo del sancionado, que podrían impedir comerse una empanada y una gaseosa durante 4 o 5 días.
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