Uno de los sufrimientos por los que pasan los pacientes con Covid-19 y sus familias es la escasez de los medicamentos que atenúan los síntomas de la enfermedad, así como su alza de precios en las farmacias y boticas que el Congreso de la República quiere regular.
La gran cantidad de casos de confirmados -112 mil en números redondos- y su incremento diario de alrededor de 3 mil pacientes, ha producido esta escasez, también en las farmacias de los hospitales del Gobierno y de la Seguridad Social. Las personas forman larguísimas colas para conseguir los medicamentos y peregrinan de establecimiento en establecimiento buscándoles con urgencia.
Pero, como hemos podido comprobar, a través de las noticias, hay también almacenes clandestinos de medicinas, muchos escondidos en el centro de Lima, que las acaparan, ya sea con el fin de provisionar a farmacias, o también para destinar al “mercado negro” que, en estas situaciones de emergencia, como es la de la pandemia, surgen comúnmente. Felizmente, al menos 2 de estos almacenes han sido descubiertos por la Policía, pero debe haber muchos más.
Si bien es verdad que esta pandemia ha sido una sorpresa para todo el mundo, hace ya casi 3 meses que estamos en cuarentena y los casos de contagio, como de fallecimientos, están en aumento; por tanto, tiempo han tenido las compañías farmacéuticas para estoquearse con medicamentos tan comunes como el paracetamol, que es uno de los que se usa para bajar la fiebre, uno de los primeros síntomas del nuevo coronavirus; lo mismo de todos los demás que no son tantos.
Pero, no es sólo la escasez, sino el elevado precio al que cada día más llegan los medicamentos en Lima y en provincias; sobre todo en aquellas regiones más afectadas como Loreto, La Libertad, Lambayeque, Piura, entre otras. El alza, según investigaciones hechas por medios independientes, es hasta 12 veces el valor real, dependiendo si se trata de medicamentos para un estadio más grave o más leve de la enfermedad.
Si bien estamos en una sociedad de libre mercado, donde los precios se rigen por la ley de la oferta y la demanda, no se puede permitir los excesos de un capitalismo “salvaje” sin la más mínima idea del servicio, más aún en tiempos de crisis sanitaria, cuando la conducta ética del empresariado del rubro farmacéutico, en este caso, debe salir a relucir y no al revés.
La empresa del siglo XXI debiera tener claro que su objetivo es el de servir a las necesidades de la sociedad en la cual se desarrolla y, como cualquier organización privada o pública, saber también que su fin último es el bien común. Es en estos momentos en que no se pueden poner a la altura del informal, ni menos del contrabandista cuya única finalidad es incremento de sus utilidades, en medio de la desgracia de los demás.
Incrementar los precios así y propiciar su escasez en almacenes clandestinos, en medio de una pandemia, no tiene justificación. No es cuestión de decir que hay incremento del costo de los insumos o de la cadena logística, o de la demanda; ni que, si el Estado actúa, va a desincentivar la inversión. Son estas conductas antiéticas las que provocan reacciones como la del Congreso que está llegando al extremo de querer regular los precios, tampoco se puede permitir. Bien el trabajo de la Policía en su lucha por la ilegalidad, pero hace falta más fiscalización de Digemid e Indecopi para evitar los abusos con los consumidores.
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