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Fabiola Morales / A propósito del derrame de petróleo


El derrame de petróleo ocurrido en el mar del Callao que se extiende paulatinamente, es uno de los hechos que ha causado mayor conmoción esta semana. El accidente ha provocado la afectación de dos áreas naturales en Ancón, la muerte de numerosas especies y, también, ha perjudicado la gastronomía marina, la actividad pesquera artesanal y el turismo.


Como sabemos, el derrame de seis mil barriles de petróleo, se produjo en la operación de descarga de crudo, para la refinería La Pampilla, de la empresa transnacional de origen español Repsol, quien desde el inicio aseguró que la causa fue el oleaje anómalo por la erupción sorpresiva del volcán submarino de Tonga, dejando entrever que la autoridad náutica no había informado puntualmente sobre el fuerte oleaje; sin embargo, la Marina aseguró que realiza una investigación para demostrar que el motivo no fue el oleaje.


El gobierno central ha dado el grito al cielo por este accidente, porque le viene muy bien, como cortina de humo, para tapar los escándalos -como los relacionados con Petroperú y Perupetro- que le han caído encima como un aluvión, para dejarlo con un 60% de desaprobación a la gestión presidencial; a lo que se han sumado insistentes rumores de cambio en la presidencia del Consejo de Ministros.


La contaminación ambiental en el país es constante, empezando por la minería ilegal, para la cual el Gobierno se hace de la vista gorda. Asimismo, todos somos testigos de la contaminación de los ríos, el mar, las playas y las poblaciones, con residuos sólidos y líquidos; la contaminación sonora, visual, de carbono y, tantas más, permitidas por los gobiernos central y subnacionales.


La Ley General del Ambiente (LGA) data del 2005, muy claramente indica desde su primer artículo, la responsabilidad de los actores gubernamentales y privados en el desarrollo sustentable que tiene como objetivo velar para que toda persona pueda “vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida”. Como también alude al deber de “contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.”


El Gobierno debe hacer cumplir la ley en todos los sectores -estatales y privados- se trata de un mandato transversal, para lo cual existe un Ministerio del Ambiente que es el gran responsable de coordinar las acciones pertinentes y actuar también como un ente de prevención, educación y capacitación ambiental a todo nivel. Los organismos globales, como la sociedad civil -sobre todo la que participa de las distintas ONG-, tienen jugosos presupuestos que provienen de distintas fuentes, para avanzar en el desarrollo sustentable del país. No hay excusa.


Por otra parte, una vez producidos los accidentes ambientales o las acciones de contaminación permanente que atropellan la salud y la alimentación de los peruanos, cuando dañan o depredan estos recursos, la LGA prevé sanciones puntuales en su artículo 135 y siguientes, estableciendo un Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental que va desde las amonestaciones a las multas, suspensión, clausura parcial o total, de las fuentes de daño ambiental y ecológico; así como también de medidas de prevención y correctivas.


El desarrollo sustentable se defiende con la ley en la mano y haciendo que se cumpla, no quemando minas, interrumpiendo carreteras o tirando piedras, como quisiera la ideología materialista marxista.


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