Ha caído el gabinete de Aníbal Torres y ha sido reemplazado por el presidido por Betssy Chávez que juramentó ya, en Palacio de Gobierno, con 6 nuevos rostros que ahora ocupan las carteras de Desarrollo Agrario, Producción, Energía y Minas, Mujer, Cultura y Midis. Es notoria la ausencia de Dina Boluarte, la vicepresidenta, uno de los miembros más estables como ministra de este gobierno.
La presencia de Chávez en la Presidencia del Consejo de Ministros ha sido considerada por muchos analistas como una provocación, por cuanto ha protagonizado últimamente varios escándalos mediáticos, a lo que se suma: la huida de la prensa y el enfrentamiento con términos, considerados de grueso calibre, proferidos a autoridades de otras instituciones públicas respetables del Estado.
Desde el Congreso de la República, no son pocas las voces que ya han manifestado su contrariedad por este nombramiento y, por tanto, su negativa a darle el voto de confianza. Si esta posición es mayoritaria y la designada PCM no llegara a obtener la confianza del Legislativo, el Gobierno podría “interpretar de manera fáctica”, como una segunda negación; puesto que Torres dejó planteada otra cuestión de confianza, amenazando con entender que se perdería la “bala de plata” si no le daban la razón.
Como sabemos, la Mesa Directiva del Congreso ya rechazó de plano la petición del Ejecutivo, pero éste -según declaraciones del mismo Castillo Terrones- pretende desconocer la inconstitucionalidad del planteamiento de Torres y recurre al tinterillaje de sus abogados, para abrir el camino al gran objetivo de su gobierno que ya no puede ocultar más: traerse abajo el actual Primer del Estado y convocar a una Asamblea Constituyente, al mejor estilo de Venezuela, para eventualmente, atornillarse en el poder.
En este escenario, lo peor que nos puede suceder es olvidar que son las denuncias recogidas -en un número creciente- en carpetas fiscales, la verdadera causa de esta crisis política y de gobernabilidad que vive el Perú. El Presidente y su entorno está siendo investigado por el Ministerio Público, pero su estrategia parece ser la de soslayar esta realidad, mentir y hasta involucrar a la OEA para que lo “salven” con “llamados al diálogo” de todas las fuerzas democráticas.
Las trapisondas de connotados voceros del Gobierno que se han quedado en este gabinete por sus gritos altisonantes, no pueden tapar una realidad de testigos que han declarado en los distintos casos judiciales que se le siguen al Presidente y otros exmiembros del Ejecutivo; como no pueden tapar la realidad de tantos que, en vez de ponerse a derecho, se han hecho humo y se dice que se encuentran en países vecinos que los acogen.
El Gobierno no puede colocar al país al borde del colapso democrático para “salvar su pellejo”. Amenazar al Congreso afirmando que el rechazo de plano realizado por la Mesa Directiva, a la inconstitucional cuestión de confianza planteada por Torres, implica un rechazo de la misma, es un pretexto total para justificar lo que podría convertirse en un auténtico golpe al Estado de Derecho.
El Tribunal Constitucional y todos los poderes e instituciones democráticas están advertidas y estarían llamadas a jugar un papel fundamental e histórico en la defensa de la legitimidad y estabilidad en nuestro país. Y las Fuerzas Armadas y fuerzas del orden en general, a cumplir con el mandato de la Constitución de la República.
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