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Fabiola Morales / Constitución y derecho a la información


Se cumplen 30 años de la actual Constitución consensuada entre las distintas corrientes políticas, sociales y económicas que nos ha permitido, entre otras, las libertades de conciencia, religión y opinión que ideologías totalitarias siempre las desacreditan, persiguen y anulan, en su intento de imponer nuevas formas de opresión a los pueblos.


En el capítulo I de la Constitución, Derechos fundamentales de la persona, se afirma claramente que “No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no se ofenda la moral ni se altere el orden público.” Una nueva Carta Magna, tal como la quieren implantar corrientes extremistas, no nos asegurarían estas libertades, porque su comportamiento, como lo observamos, no es pacífico; sino por el contrario, creen que las ideas se deben imponer, obstruyendo el libre tráfico y destruyendo edificios públicos y privados.


En este mismo capítulo, la Constitución afirma que (Toda persona tiene derecho) “A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de la ley”.


Los últimos presidentes del Consejo de Ministros del expresidente Castillo, que pedían a gritos una Asamblea Constituyente, lo hacían también para amenazar a la prensa libre en pro de una llamada “prensa alternativa” a su servicio, hasta llegar al insulto personal hacia una presentadora de televisión, con términos de grueso calibre.


Asimismo, como nunca se había vivido en el país, la seguridad policial del ahora detenido expresidente lo rodeaba fuertemente para alejarlo de los medios y, además, los mismos que recibían la orden de agacharse para amarrarle los cordones de los zapatos, agredían verbal y físicamente a los periodistas –mujeres y varones- que no hacían sino trabajar para informar a la ciudadanía.


Este tipo de gobiernos, acusados en tantas carpetas fiscales de escandalosa corrupción desde la cumbre del poder, buscan la sombra y la oscuridad para cometer sus fechorías; por eso intentan, con una nueva Constitución, acabar con el derecho a la información que no pertenece al Estado ni a los periodistas ni a los directivos ni a los empresarios de prensa, sino a los CIUDADANOS que son el sujeto de este derecho, como bien lo subraya el maestro José María Desantes, en diversos libros sobre este tema.


La novedad de la actual Constitución, en materia de información, está precisamente en el DERECHO A INFORMARSE; porque la información es un “poder” que el Estado debe compartir -como lo exige la democracia- con la ciudadanía en general. Así lo leemos en nuestra Carta Magna: (Toda persona tiene derecho) “A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública (…)”. Se asegura así el derecho a informar y el derecho a informarse.


Pero ocurre que, cuando un ciudadano se acerca a una entidad del Estado, le nieguen la información y la cataloguen de “reservada”, cuando la información es valiosa para decidir y actuar en consecuencia. El principio de hábeas data, amparada por la actual Constitución, exige que el burócrata entregue la información solicitada bajo el mandato de los jueces.


Agradezco al parlamentario andino Gustavo Pacheco por Conmemorar los 30 años de la Constitución y su invitación para exponer, brevemente, sobre el Derecho a la Información, uno de los más importantes que quienes anhelan una Asamblea Constituyente quieren negar a los peruanos.


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