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Fabiola Morales / Más presupuesto y menos avances


La última semana de noviembre -como todos los años-, el Congreso de la República aprobó la Ley de Presupuesto para el año 2022, un texto que proviene del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que, a su vez, recauda información de los distintos ministerios y pliegos del Estado; el mismo que se trabajó durante más de un mes con la Comisión de Presupuesto, a fin de consensuar los aspectos más relevantes para los gastos del Gobierno en sus distintos niveles.


El total del Presupuesto, para el año que viene, es de S/197,002’269,014.00 (ciento noventaisiete mil dos millones doscientos sesenta y nueve mil catorce y 00/100 soles), el mayor porcentaje es para el Gobierno Central (71%), le siguen los Gobiernos Regionales (18%) y los Gobiernos Locales (10.9%). Aunque no es una noticia, sí es muy significativo que los mayores porcentajes de la torta presupuestaria se la lleven los gastos corrientes: 62% en el caso del Gobierno Central, 74.8% para los Gobiernos Regionales y 61.4% los Gobiernos locales.


Mientras los gastos de capital, respecto a los corrientes, alcanzan cifras mucho menores. El Gobierno Central 21.7%, los Gobiernos regionales 24.3% y los Gobiernos Locales 36.3%, del total de los gastos asignado a cada nivel. Mientras al servicio de la deuda se le asignan porcentaje menores, aunque han aumentado los últimos años.


De lo cual se deduce que hay una fuerte carga de gastos corrientes que el Estado no puede superar; sino que, al contrario, la burocracia es cada vez más “elefanteásica” a pesar del avance de los medios digitales y de la misma ley que prohíbe al Estado “el ingreso de más personal, el reajuste e incremento de las remuneraciones, gratificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier otra naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento.” Porque la norma legal, tiene suficientes excepciones, como los contratos por Locación de Servicios (LS), que producen mayores porcentajes en el gasto corriente, respecto a los otros rubros.


Otro ejemplo es la ampliación de las Contrataciones Administrativas de Servicios (CAS) hasta el 31 de diciembre de 2022; por lo cual, todos aquellos trabajadores CAS que todavía no tienen la condición de permanencia, podrán renovar sus contratos; así como todos aquellos que los pliegos del Estado requieran por LS, donde se han descubierto favorecimientos a familiares de ministros. Un punto en el que ha insistido este gobierno; porque su actitud populista, sin duda, lo aleja de toda concepción técnica de la burocracia estatal que recomiendan entidades como SERVIR.


Un abultado personal estatal que, por otra parte, no está garantizando a los ciudadanos, la calidad en el gasto en obras y servicios básicos y necesarios, como los servicios de agua y desagüe, electricidad, transporte, salud, educación, entre otros. Como ejemplo tenemos que hasta hoy los porcentajes de avance presupuestario del Gobierno Central es de 71.3%. En Educación, 65.35%; Economía, 65.9%; Justicia, 69.8%; Contraloría General, 69.9%; y en un año de plena pandemia tenemos que Salud, este avance es de sólo del 68.6 %. Cifras similares se replican en los Gobiernos Regionales (70.9%) y Locales (57.2%).


Con este panorama, lo que no puede hacer el Congreso es delegar funciones legislativas al Ministerio de Economía y Finanzas, porque haría fiesta con los impuestos de todos los que trabajamos en el sistema formal y aumentaría el Endeudamiento Fiscal, como ya lo hizo el gobierno de Transición y Emergencia, para que lo paguen las generaciones de peruanos que todavía no han nacido.



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