El Perú fue el primer país de América Latina en reaccionar para enfrentar la pandemia de la COVID-19, empezando con anticipación el distanciamiento social, la cuarentena y muchas otras medidas sanitarias. También fue el país que diseñó el mayor paquete económico en alivio de los sectores económicos y sociales que se vieron afectados por estas medidas. Hasta el momento se va destinando más del 12 % del PBI para ayudar a las personas, empresas e instituciones a transitar por esta crisis y retomar sus actividades económicas en las mejores condiciones posibles. Ambas políticas, las de salud y las económicas, han sido vistas con muy buenos ojos por la población y por la comunidad internacional.
Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, hasta el momento el Perú no puede detener la expansión del contagio del virus, el aumento del número de personas graves, la congestión en los hospitales y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y el incremento de los muertos. Ello genera sorpresa, consternación y miedo creciente de amplios sectores de la población.
La opinión pública señala, casi en forma unánime, a la informalidad, y específicamente a los informales, como los principales causantes de esta dificultad para controlar la amenaza de la COVID-19, como ya lo han hecho muchos países en el mundo, y algunos en América Latina. Es una acusación ambigua, porque, por un lado, se reconoce que los informales viven día a día, de su trabajo, no tienen ahorros, empresas o instituciones que los respalden, y por lo tanto se ven obligados a salir a la calle para llevar un pan para su familia. Por otro lado, se apela al espíritu informal, a la indisciplina, al incumplimiento de las normas, al desacato de la autoridad, como la verdadera causa del desafío a la cuarentena. En ambos casos son culpables, ya sea porque son pobres, perdedores, porque no han sabido salir adelante por sus propios medios, o, porque no les da la gana de cumplir las disposiciones del gobierno.
En la más importante investigación realizada en el Perú sobre la informalidad, por el INEI, con el apoyo del IRS de Francia, publicada en el 2014, se comprobó que el Empleo Informal (EI) en el Perú alcanzaba el 79 % de la PEA (Población Económicamente Activa) y que la Producción Informal (PI) alcanzaba el 19 % del PBI. (Ver: Producción y empleo informal en el Perú, INEI, 2014). Esta investigación echa por tierra prácticamente todas las investigaciones previas sobre el sector informal, algunas de las cuales llegaban a decir que el sector informal representaba más del 60 % del PBI, una aberración total (no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades). La investigación expresó con toda claridad que la causa de la informalidad, la razón de ser, y la característica principal del sector informal es la Baja Productividad (BP).
Si alguno tiene dudas sobre la precisión de estas cifras, sólo tiene que ver el diagnóstico que ha realizado el MEF para determinar que el 75 % de la población peruana necesita el Bono Familiar Universal de 760 soles que el gobierno está distribuyendo en estos días. Como ha quedado plenamente comprobado, los informales no pagan impuestos porque no quieren o porque es muy complicado hacerlo, la gran mayoría no lo hace porque no tienen ingresos suficientes, están siempre al borde de la sobrevivencia.
La explicación que dio la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para el surgimiento de este fenómeno, desde la década de los setentas, se mantiene en pie: el sector moderno (de alta productividad) ha sido incapaz de absorber a la gran oferta de mano de obra (producto del crecimiento demográfico) para dotarla con un empleo formal bien remunerado, por lo que amplios sectores de la población se ven obligados a “inventar” su propio puesto de trabajo de baja productividad en el sector informal. La baja productividad, y los bajos ingresos (la pobreza) se explican porque estos sectores de la población no tienen el conocimiento, la formación, la tecnología, el acceso a mercados, acceso a crédito, información, asesoría, que si tienen las empresas que se crean en el sector formal.
Desgraciadamente, en nuestro país esta explicación de la informalidad no tuvo mayor acogida entre los gobernantes de turno desde la década de los noventa. La explicación que tuvo mayor acogida en los medios políticos, periodísticos y académicos fue que el sector informal se explica por los altos costos de la formalidad. Según ella, amplios sectores de la población peruana optaban racionalmente por ser informales porque es muy caro cumplir con las normas y regulaciones que produce un Estado elefantiásico. Las políticas que se desprendían de este diagnóstico fueron: simplificación de trámites, reducción de regulaciones y del Estado, y entrega acelerada de títulos de propiedad (para tener acceso al crédito), a través de instituciones como COFOPRI. Estas políticas se aplicaron sostenidamente durante los últimos 30 años en el Perú, y no han hecho sino aumentar el sector informal. Si alguien sigue pensando que estas ideas mantienen cierta vigencia, está demostrando una grave ceguera ideológica.
La solución para la informalidad es muy clara y concreta, no hay que inventar la pólvora: elevar la productividad de las micro y pequeñas empresas y de los trabajadores independientes, transfiriendo masivamente conocimiento (capacitación), tecnología, acceso a mercados, crédito, articulación productiva, asesoría, información, como lo han hecho (y lo siguen haciendo) todos los países desarrollados y todos los países emergentes exitosos. Entre los países desarrollados destacan las experiencias de Japón, Estados Unidos, Alemania e Italia, entre los países emergentes destacan las de Corea del Sur, Brasil y Chile. Cualquiera de estos países seguramente estará gustoso de compartir su conocimiento sobre las políticas, normas, instituciones (públicas y privadas) y mecanismos de promoción de las micro y pequeñas empresas e independientes. Sólo se requiere de decisión política para terminar con la gran informalidad peruana. Este es un buen momento para empezar.