Actualmente ante la situación fiscal descrita, el MEF viene aplicando una política de disciplina fiscal consistente en la disminución progresiva del déficit fiscal. Aplicando acciones de racionalidad, disminuyendo el gasto innecesario y austeridad del gasto público, reorientando recursos para el proceso de reconstrucción y rehabilitación de infraestructura dañada por los fenómenos climatológicos acontecidos. La racionalización del gasto fiscal se basa en un menor gasto superfluo e innecesario de mala calidad y promover una mayor recaudación tributaria. El gasto bien orientado no debe reducirse por que estimula el crecimiento de la economía y genera empleo directo e indirecto.
El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. No se debe confundir el sustento o la necesidad de tratar de arreglar un problema con la iniciativa de gasto. Puede haber justificación [para aprobar los proyectos de ley], pero el hecho es que [el Congreso] viene legislando en algunos casos con iniciativa de gasto. Se olvidan de la sostenibilidad fiscal, el presupuesto no puede ser afectado directa ni indirectamente ya que impacta en el gasto púbico programado.
El Gobierno tiene que cumplir con demandas que exigen gastos e inversión pública, como el sistema jubilatorio, la educación pública, la universidad pública, la salud pública, el transporte, infraestructura, otros. Pero estos gastos deben solventarse con ingresos. Actualmente el Perú tiene déficit fiscal: gasta más de lo que le ingresa.
Otros proyectos de ley que generan iniciativa de gasto son los que declaran de interés nacional la ejecución de proyectos de programas y proyectos de inversión pública, que implica la construcción de determinadas obras, con la finalidad de acelerar su trámite y pasar por encima al Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y Sistema Nacional de Presupuesto que tratan que el dinero del Estado se oriente y gaste eficientemente. Ejemplo: Ley Nº 31808 - Ley que declara de interés nacional la construcción, instalación e implementación de una planta de producción de fertilizantes de roca fosfórica. Precisa en su articulado en caso de ejecutarse lo que implica que de repente no.
El análisis costo – beneficio del Proyecto de Ley debe cumplirse ya que según el artículo 75º del reglamento del Congreso que tiene fuerza de Ley, establece que los proyectos de ley, deben tenerlo incluido en cada propuesta. La demostración de los pros (beneficios) y contras (costos), son para identificar a los beneficiarios y los perjudicados con la aprobación y la aplicación del proyecto de Ley, este requisito sólo puede ser dispensado por motivos excepcionales.
Actualmente del 100% de proyectos de ley presentados por los Congresistas, casi el 95% no tiene el análisis costo – beneficio cuantitativo para determinar el impacto de la propuesta principalmente y si lo tiene están deficientemente elaborados, con datos estadísticos a veces desfasados y falta de supuestos técnicos que los sostengan fruto de la falta de investigación y desconocimiento del problema por resolver o de la realidad por los motivos siguientes: 1) baja calidad y falta de conocimiento actualizado de las materias especializadas en muchos casos de los asesores de los despachos congresales, 2) en algunos casos falta de experiencia en la materia por estudiar del equipo asesor de comisiones, 3) En los despachos congresales, hay un número de servidores por favor político, que no conocen las funciones congresales con respecto a la asesoría técnica especializada que deben brindar.
El Congreso debe tener técnicos especializados de experiencia que trabajen, con rigurosidad y conocimiento, de lo contrario, el desprestigio del Congreso incrementara la desaprobación ciudadana.
Debemos reformar la asignación presupuestaria. Las deficiencias de nuestras instituciones, políticas y económicas se reflejan en un sistema de asignación presupuestaria inercial y basada en diversas presiones políticas. Ello reduce la eficiencia del gasto, lo cual es agravado por la relativa recaudación de recursos fiscales.
El Gobierno debe manejar las finanzas públicas de forma transparente, predecible y consistente con los objetivos de niveles elevados y estables de crecimiento y empleo.
El Nobel de Economía 1,999 Robert Mundell insta a trabajar en política fiscal. En este sentido, ha manifestado que el problema radica en que "algunos países han llegado demasiado lejos en lo que representan los derechos que normalmente se reconocen como la sociedad del bienestar".
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