La gran mayoría de Proyectos de Ley presentados por los Congresistas de la República que según el artículo 75º del reglamento del Congreso tiene fuerza de Ley, tienen la obligación de tener incluido en cada propuesta, el análisis costo-beneficio (ACB) de la futura norma legal que se procederá a estudiar para luego ser dictaminada y posteriormente aprobada por el pleno, que permitirá cuantificar los pros (beneficios) y contras (costos), como una manera de identificar a los beneficiarios y los perjudicados con la aprobación y la aplicación de un proyecto de Ley, cabe señalar que este requisito sólo puede ser dispensado por motivos estrictamente excepcionales.
Un proyecto de ley aprobado tiene influencia en la realidad del país. Por tanto, el ACB es clave en un proyecto de ley, ya que, de aprobarse, tendrá una influencia directa en nuestra población.
En dicho contexto el ACB permite ver de forma simplificada de qué modo el proyecto va a repercutir en las conductas de los ciudadanos; qué beneficios les va a traer y a cambio de qué, por tanto, da a los Congresistas una idea más clara si el proyecto puede aprobarse o rechazarse.
Pero esto no sucede en la actualidad y podemos apreciar con mayor frecuencia- grandes proyectos de ley, modificaciones estructurales y reformas constitucionales que no contienen un ACB.
Actualmente del 100% de proyectos de ley presentados por los Congresistas, casi el 95% no tiene el análisis costo – beneficio cuantitativo para determinar el impacto de la propuesta principalmente y si lo tiene están deficientemente elaborados, con datos estadísticos a veces desfasados y falta de supuestos técnicos que los sostengan fruto de la falta de investigación y desconocimiento del problema por resolver o de la realidad por los motivos siguientes: 1) baja calidad y falta de conocimiento actualizado de las materias especializadas en muchos casos de los asesores de los despachos congresales, 2) en algunos casos falta de experiencia en la materia por estudiar del equipo asesor de comisiones, 3) En los despachos congresales, hay un número de servidores por favor político, que no conocen las funciones congresales con respecto a la asesoría técnica especializada que deben brindar.
Si revisamos los Proyectos de Ley o iniciativas legislativas presentadas; encontramos que en su mayoría en el análisis costo beneficio dice: beneficios muchos y costos pocos, lo que refleja desconocimiento en temas por legislar evitando un profundo análisis de las consecuencias prácticas de la aprobación del proyecto y falta de respeto a la majestad del Congreso y a la población; el Presupuesto del Congreso nos cuesta anualmente en promedio S/. 879 millones a los contribuyentes, una cifra nada despreciable, teniendo cada Congresista derecho en su despacho, a tener a parte de su personal administrativo, asesores técnicos, para que propongan normas técnicas consecuencia de estudios bien elaborados, fruto de un trabajo de investigación riguroso.
Es más, este Congreso ha convertido a las Comisiones Ordinarias que deben encargarse de estudiar y evaluar a profundidad los Proyectos de Ley presentados, en simples mesa de partes, ya que el equipo asesor de las Comisiones que debe ser experimentado y especializado técnicamente en cada materia; reciben los proyectos y los remiten a los sectores o entes involucrados para que opinen y si esto no ocurre, simplemente en muchos casos no se dictaminan las iniciativas y si lo hacen es copia del sustento técnico de los proyectos que presentan los sectores en especial economía y finanzas presentan. O sea, no se ve el aporte técnico de las comisiones del Congreso.
Ejemplos hay muchos, tenemos proyectos de ley que declaran de interés nacional la ejecución de proyectos de inversión pública, que implica la construcción de determinadas obras con la finalidad de acelerar su trámite y pasar por agua caliente al Sistema Nacional de Programación Gestión de Inversiones - Invierte. Perú y el Sistema Nacional de Presupuesto que trata que los recursos del Estado se gasten eficientemente.
El análisis costo/beneficio (ACB) de los proyectos es una metodología que propone ordenar y procesar información cuantitativa y cualitativa para determinar los beneficios y costos de los proyectos en la población, para apoyar los procesos de toma de decisiones. Esto teniendo en cuenta que el tesoro público tiene recursos limitados, con los que se debe elegir un determinado número de propuestas técnicas que permitan maximizar el bienestar de la población.
Para incrementar la utilidad del costo beneficio se utilizan herramientas económicas, culturales, políticas, sociales, ambientales, entre otras. Es decir, el ACB excede el mero análisis de desembolsos e ingresos de las arcas del Estado.
Los parlamentarios tienen la obligación de convocar técnicos con experiencia y especializados para que trabajen eficazmente de lo contrario el prestigio del Congreso seguirá por los suelos con una desaprobación del 85% de la ciudadanía según la última encuesta IEP.
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