El déficit fiscal que se produce cuando los gastos realizados por el Estado en un período generalmente de un año, superan a los ingresos fiscales y el 2023 está entre 2,5% y 3,8% del PBI, pudiendo romper la regla fiscal que tiene una meta máxima de 2.4%, por la caída de la recaudación tributaria.
Ante la situación descrita el Ministerio de Economía y Finanzas viene aplicando una política de racionalidad disminuyendo el gasto innecesario y austeridad del gasto público, reorientando recursos para el proceso de reconstrucción y rehabilitación de infraestructura. La racionalización del gasto fiscal se basa en un menor gasto superfluo e innecesario y una mayor recaudación tributaria.
La austeridad fiscal que se viene aplicando es el rigor en el control del gasto público. En los actuales momentos de estancamiento económico, la política económica basada en la austeridad fiscal (también denominada política fiscal restrictiva) se aplica contra el déficit (diferencia negativa entre los ingresos y el gasto públicos) que se debe corregir y hay que adoptar medidas específicas para ello.
El PBI 2023 (cantidad de bienes y servicios que produce la economía) puede ser de entre 0.8% y 1.5% según proyecciones, aunque debería ser 4.5% mínimo; nuestro PBI por ingresos es igual a Remuneración de los asalariados + impuestos menos subvenciones a la producción y las importaciones + Excedente bruto de explotación + Ingreso mixto, está en una economía estancada.
La proyección del Presupuesto de la Republica 2023 que fue aprobado por el Congreso, proyecto ingresos tributarios sobre estimados, teniendo como base un supuesto macroeconómico de un PBI de 3.5% de crecimiento, lo que no se cumplirá y serán mucho menores.
Actualmente se necesitan recursos para afrontar las consecuencias de los graves daños causados por los fenómenos climáticos, sequías, inundaciones y deslizamientos por lluvias, que afectaron seriamente a nuestra economía. En la costa las precipitaciones han agravado la inseguridad alimentaria por la caída de la producción agraria, también ha dañado la infraestructura de transportes, vivienda, comunicaciones, salud y educación principalmente. La emergencia por desastres afecta aproximadamente al 60% del país, 969 distritos y 123 provincias en 22 departamentos.
¿Se puede gobernar, redistribuir la riqueza y dar servicios públicos, donde el Estado teniendo el monopolio de la fuerza (seguridad ciudadana, defensa, justicia) no dispone de recursos suficientes?
Para rehabilitar y reconstruir, debemos recaudar más tributos (Renta, IGV, Impuesto Selectivo al Consumo, Aranceles de Aduana) esto va junto a la confianza de los contribuyentes.
No tenemos recursos disponibles, para incrementar el gasto corriente, si se aprueba la creación del Senado; cabe señalar que el Gobierno debe considerar el aumento de la confianza de la población, como un pilar central de su estrategia para fomentar el cumplimiento de contribuir pagando impuestos. Las encuestas de opinión indican que muchos ciudadanos creen que los impuestos que pagan no mejoran los servicios públicos. Generar confianza e impulsar la rendición de cuentas es fundamental para proporcionar un entorno fiscal estable, previsible y sostenible, y para promover el crecimiento del PBI. La recaudación fiscal no es un fin en sí mismo. Resulta conveniente en términos sociales si se traduce en un gasto eficaz, productivo y fiscalizado.
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