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Herberth Cuba / Destrucción de fármacos no aptos

Compras internacionales y destrucción de fármacos no aptos


Minsa ha distribuido 1.6 millones de medicamentos inservibles

El 20 de junio del 2022 el diario El Comercio, en su portada, resalta que “el Ministerio de Salud (Minsa) gastó más de S/ 2.4 millones en medicamentos inservibles”, y que “entre el año 2019 y el 2021, sin realizar evaluación, compraron a empresas extranjeras veinte lotes de seis fármacos no aptos para el consumo, o con otros problemas en su calidad”. Asimismo, que “aunque se pidió su destrucción, se han distribuido 1.6 millones de medicinas”. Entre los fármacos no aptos, se incluyen “inyectables para el cáncer, epilepsia y malaria” y otros tres medicamentos más. El hecho cobra ribetes de escándalo por las pérdidas dinerarias y la distribución de más de 1.6 millones de fármacos inservibles a la población, a pesar de las reiteradas quejas contra esas compras internacionales.


Por un lado, estas compras que realiza el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) solo toman en cuenta el menor precio de las cotizaciones, sin adicionar el gasto que implica la obtención de los registros sanitarios, los estudios de calidad, la responsabilidad civil o penal por fármacos defectuosos, los costos logísticos y el proceso de compra internacional. Esta omisión representa una clara ventaja frente a las empresas comercializadoras afincadas en el país. Como es obvio, estas compras internacionales violan la libre concurrencia, la igualdad de trato y competencia, que son principios esenciales en una economía social de mercado y que se encuentran recogidos en la Ley de Contrataciones del Estado.


A pesar de estos efectos negativos, Cenares puede realizar estas compras si tienen carácter excepcional o se sustenta que la compra internacional es más ventajosa. Es decir, se habilitan, con la debida sustentación, las compras directas internacionales en situaciones de emergencia o desabasto. Sin embargo, Cenares ha convertido la naturaleza ventajosa o extraordinaria del proceso excepcional de compras internacionales en algo regular; más aún, sin justificar adecuadamente esa decisión. Además, ha rebasado este legítimo mecanismo útil para compras internacionales de productos no disponibles en el país o de medicamentos antiguos que los privados ya no usan o consumen.


Por otro lado, la distribución de más de 1.6 millones de fármacos inservibles a la población, implica no sólo riesgo a la salud de los usuarios, sino que no surtan efecto los beneficios terapéuticos esperados; por tanto, que se produzca el agravamiento de la enfermedad. En ese sentido, las explicaciones o los dimes y diretes entre el Cenares y la Digemid, ambos dependientes del Minsa, solo representan la “punta del iceberg” de un problema mayor. Aún queda por explicar cómo es posible que Cenares solicite el registro sanitario de fármacos cuya calidad no conoce o cómo Digemid otorga el registro sanitario (permiso de comercialización), solo porque se lo pide Cenares sobre la base de documentos entregados por los fabricantes desde el extranjero de “buena fe”.


A todo ello se suma la recriminación por la supuesta demora de Digemid en poner en conocimiento de Cenares del hallazgo de medicamentos, producto de compras internacionales, catalogados como “no aptos”. Peor, aún, la Digemid reconoce, que se dieron cuenta gracias a la auditoría “obligada” que hicieron al laboratorio extranjero y que demostró que no cumplían con las buenas prácticas de manufactura debido a que “una farmacia local quería convertirse en su representante”. Es en este punto en que Digemid solicitó a Cenares que destruya los lotes importados, aunque parece que el pedido fue tardío, porque más de 1.6 millones de fármacos ya habían sido distribuidos.


La adquisición por más de S/ 2.4 millones de fármacos inservibles ha puesto en evidencia la falta de eficacia y eficiencia en las compras por parte del Minsa y sus órganos competentes. Haber comprado medicamentos sin eficacia comprobada implica que el gobierno, durante los años 2019-2021, ha realizado gastos superiores a los especificados en la contratación. Además, ha habido costos adicionales, como la obtención del registro sanitario, los estudios de calidad, la responsabilidad civil o penal por fármacos defectuosos, los costos logísticos y el proceso de compra internacional, que no se han cuantificado al momento de elaborar el costo beneficio de la compra. Asimismo, ha creado un doble estándar en las contrataciones del Estado en favor de las empresas extranjeras que contratan con el Estado, sin cumplir con la Ley de Contrataciones, en detrimento de las empresas nacionales o que domicilian en el país, que sí están obligadas a cumplir con todos sus requisitos.


Frente a las pérdidas económicas y el probable daño a la salud por el uso de medicamentos “no aptos”, es necesario que se realice una exhaustiva investigación, se individualice a los pacientes o consumidores y de ser el caso, que se remedien los probables daños. Para tal fin, es necesario exigir la trazabilidad de esos medicamentos y la fármaco-vigilancia. Sin embargo, existiría una incoherencia, por ser juez y parte, si investigara el propio Minsa o sus órganos competentes, por tanto, es necesario crear una comisión especial dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. También, de hallarse daños o afectación a la salud, el gobierno, como responsable por las decisiones tomadas, debe reparar e indemnizar.


Es de esperar que los informes de la comisión investigadora que debería crearse propongan también las medidas disciplinarias, judiciales y las sanciones correspondientes a aquellos funcionarios involucrados. La Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo tienen que asumir un rol destacado en este proceso investigador y sancionador. El Congreso de la República debe realizar el seguimiento y la fiscalización, pero también debe revisar la normatividad para realizar las modificaciones necesarias que impidan que estos hechos se reiteren en el futuro. ¡Hay que poner coto a la política que daña a la salud por los “fármacos inservibles”, el dispendio económico y la ineficacia y el doble estándar en los procesos de adquisiciones del Estado!


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