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Inés Carazo / Hambre cero (2 de 2)


El informe “El estado de la inseguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022 (i)” plantea que el número de personas afectadas por hambre aumentó en 2021 a 828 millones (incremento del orden de 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde 2019, antes de la pandemia de COVID-19. El Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertaron que la inseguridad alimentaria aguda podría empeorar entre junio y septiembre de 2022.


Este retroceso significa una amenaza directa en materia de salud y como el cada de los niveles de anemia crecientes en Perú tendrán efectos nocivos en el desarrollo cognitivo de los niños pequeños y su posterior impacto en oportunidades de empleo digno o e ingresos adecuados.


Se requieren medidas urgentes e integrales para proyectos orientados a la agricultura y la producción de alimentos, la nutrición, en especial la anemia, el agua y el riego, los fertilizantes y programas específicos para la vinculación directa entre productores y consumidores, los comedores populares y de vasos de leche, Qali Warma y otros orientados tanto a los hogares como a los productores vulnerables.


El 19 de mayo, el Banco Mundial y la Presidencia del Grupo de los Siete (G7) convocó a la Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria, para impulsar una respuesta inmediata y concertada a la crisis mundial del hambre y poder aumentar la resiliencia de los sistemas alimentarios de la región y su capacidad para abordar la creciente inseguridad alimentaria.


El programa, que reforzará la respuesta interinstitucional ante la crisis alimentaria, impulsará también los esfuerzos a mediano y largo plazo para lograr una producción agrícola resiliente, el desarrollo sostenible de los recursos naturales, la ampliación del acceso a los mercados y un mayor énfasis en la resiliencia de los sistemas alimentarios en la formulación de políticas.


El Banco Mundial que contribuye a algunos financiamientos como el de PROciencia ha asumido el compromiso de ayudar a los países a evitar que la próxima zoonosis se convierta en una pandemia y a estar mejor preparados en caso de que los riesgos se concreten mediante el enfoque que han denominado “Una Salud” que incluye la preparación de los Sistemas de Salud, a mejorar los sistemas de vigilancia del riesgo de zoonosis y de otras nuevas amenazas para la salud y la capacidad de evaluar los riesgos y de diagnosticar y realizar el seguimiento de enfermedades de los seres humanos, los animales domésticos y la fauna silvestre, incluyendo un mayor intercambio de información entre los organismos competentes.


En Centroamérica Guatemala, impulsa en ese marco el proyecto Respuesta a la COVID-19: Cadenas de Valor Agroalimentarias Modernas y Resilientes mientras que Haití, impulsa el Proyecto de Fomento de Paisajes Productivos Resilientes para ayudar a más de 16 000 agricultores a contar con semillas y fertilizantes, y proteger la producción de las dos próximas temporadas agrícolas.


Perú necesita sumarse urgente a estas iniciativas, evaluar el rol de las compras públicas y de la mayor venta de alimentos peruanos directos desde los productores en las grandes cadenas de supermercados y en los mercados populares. No se puede seguir dilatando tanto las propuestas de la mal llamada segunda reforma agraria ni retrasar más y aprobar el reglamento de la nueva Ley y destrabar todas las obras públicas pendientes de carreteras, riego, energía, acceso a internet acceso a semillas y fertilizantes y uso de la agricultura de precisión y otras tecnologías que facilitaran la producción.


No hay tiempo para esperar y no hay perdón para la corrupción que retrasa la agenda país por el Hambre cero y los 17 ODS.


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