Fortaleciendo la Gobernanza en Perú: Lecciones del Panorama de las Administraciones Públicas en América Latina y el Caribe 2024
Introducción
El "Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024", elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), representa un estudio exhaustivo que ofrece una visión detallada de la gestión pública y la gobernanza en la región. Con más de 160 indicadores y estadísticas comparables, este informe permite a formuladores de políticas públicas, académicos y ciudadanos analizar el desempeño gubernamental y su comparativa con otros países, especialmente aquellos miembros de la OCDE.
Finanzas Públicas en América Latina y el Caribe
Los ingresos fiscales en los países de América Latina y el Caribe (ALC) han mostrado una tendencia creciente, alcanzando un promedio del 31.5% del PIB en 2022. Este incremento se debe en gran parte a la recuperación económica post-pandemia y al impacto positivo de los altos precios de los productos básicos, que han impulsado la recaudación tributaria y otros ingresos fiscales. A pesar de este crecimiento, los ingresos fiscales de la región continúan siendo inferiores al promedio de los países de la OCDE, que alcanzaron el 39.7% del PIB en el mismo año. Esta brecha refleja desafíos estructurales en la eficiencia recaudatoria y en la base tributaria de los países de ALC, lo que subraya la necesidad de reformas fiscales para aumentar la capacidad recaudatoria y fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
En cuanto al gasto público per cápita, la región de América Latina y el Caribe (ALC) ha experimentado un incremento notable del 17.7% entre 2019 y 2022, alcanzando los 6,809 USD en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) en 2022. Este crecimiento refleja los esfuerzos de los gobiernos de la región para aumentar la inversión en servicios públicos y mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, este incremento sigue siendo inferior al observado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el gasto público per cápita aumentó un 23.5% en el mismo período, llegando a los 24,609 USD de PPA. La OCDE, compuesta por 38 países miembros, se caracteriza por tener economías más desarrolladas y sistemas fiscales más robustos.
La diferencia significativa entre ALC y la OCDE destaca la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público en ALC y de implementar políticas que promuevan un crecimiento económico más inclusivo y sostenible. Además, subraya la importancia de abordar los desafíos estructurales que limitan la capacidad de los gobiernos de la región para aumentar el gasto público sin comprometer la estabilidad fiscal. Esta brecha en el gasto público per cápita también pone de manifiesto la urgencia de reformas fiscales y administrativas que fortalezcan la capacidad institucional y mejoren la recaudación tributaria en ALC.
En comparación, Perú ha mostrado mejoras en sus ingresos y gasto público, pero enfrenta desafíos similares a otros países de ALC. La eficiencia en la recaudación fiscal y la gestión del gasto público siguen siendo áreas cruciales para su desarrollo económico. Incrementar los ingresos al 30% del PIB y elevar el gasto público per cápita podría acercar a Perú a las naciones más desarrolladas de la OCDE.
Este inicio establece una base sólida para discutir las condiciones actuales y los retos que enfrenta Perú en términos de gestión pública y gobernanza, proporcionando un marco para el análisis comparativo y las lecciones que se pueden extraer del informe del BID.
Confianza Pública en los Gobiernos de ALC
La confianza pública en los gobiernos es un indicador esencial de la calidad de la gobernanza. En promedio, solo el 36.3% de la población de ALC confía en su gobierno, una cifra que palidece frente al 47% en la OCDE. Esta desconfianza tiene implicaciones directas en la capacidad de los gobiernos para implementar reformas y políticas públicas efectivas.
En Perú, la confianza en el gobierno también es un desafío persistente. Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental para reconstruir la confianza pública y fortalecer la legitimidad del gobierno. Actualmente, la confianza en el gobierno peruano se sitúa cerca del promedio regional, con aproximadamente el 35% de la población expresando confianza. Implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas podría elevar esta cifra y alinearla más estrechamente con los estándares de la OCDE.[1]
Satisfacción con los Servicios Públicos
El buen funcionamiento de los servicios públicos es vital para el bienestar y la productividad de una nación. En América Latina y el Caribe (ALC), el 66% de la población está satisfecha con el sistema educativo, una cifra cercana al 67% en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, solo el 53% de la población en ALC se siente satisfecha con el sistema de salud, en comparación con el 68% en la OCDE. La satisfacción con el sistema judicial es aún menor, con solo el 38% en ALC frente al 56% en la OCDE.
En Perú, los niveles de satisfacción con los servicios públicos reflejan estas tendencias regionales. Actualmente, aproximadamente el 60% de los peruanos están satisfechos con el sistema educativo, mientras que solo el 50% expresan satisfacción con el sistema de salud. Estas cifras, aunque ilustrativas, requieren un análisis más profundo para entender las percepciones y realidades que las sustentan.
El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nos proporciona estos datos, pero es crucial cuestionar y reflexionar sobre ellos. ¿Qué factores específicos están influyendo en estas percepciones de satisfacción? ¿Son estos números reflejo de una mejora real en los servicios públicos, o simplemente una percepción de cambios que aún no se han materializado completamente? En el caso del sistema educativo, por ejemplo, si bien un 60% de satisfacción puede parecer alentador, es importante desglosar estos datos para identificar disparidades entre diferentes regiones y grupos socioeconómicos dentro del país.
Asimismo, la cifra del 50% de satisfacción con el sistema de salud en Perú plantea serias preocupaciones. En un contexto post-pandemia, la capacidad del sistema de salud para responder a las necesidades de la población ha sido puesta a prueba, y es posible que estas cifras reflejen tanto los éxitos como las deficiencias de las políticas implementadas. Mejorar la calidad y la accesibilidad de la atención médica sigue siendo una prioridad urgente. La comparación con el 68% de satisfacción en la OCDE subraya el camino que Perú aún debe recorrer para alcanzar estándares más altos.
La satisfacción con el sistema judicial, aunque no mencionada explícitamente para Perú en el informe del BID, probablemente sigue las tendencias regionales con niveles relativamente bajos. Esto refleja una necesidad crítica de reformas en la justicia para asegurar una mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad.
Elevar los niveles de satisfacción en la educación, salud y sistema judicial a niveles comparables con los países de la OCDE no solo es un objetivo deseable, sino también esencial para el desarrollo sostenible y la gobernanza efectiva. Esto requiere una estrategia integral que incluya inversiones adecuadas, reformas estructurales, y un enfoque constante en la equidad y calidad de los servicios públicos. En última instancia, mejorar estos servicios es fundamental para fortalecer la confianza pública y fomentar un entorno más productivo y justo para todos los peruanos.
· [1] Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024- Banco Interamericano de Desarrollo -BID.
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