En las últimos dos semanas del mes de mayo se han destruido 286,600 empleos y 3.3 millones de españoles están afectados por un ERTE, que es una figura de congelamiento del contrato laboral para ser asumido por el estado. El sistema público está financiando el 22% de empleo activo en España, con un mecanismo poco insostenible en el mediano plazo. La economía se enfrenta al cierre y reducción del número de empresas que tienen alquileres custodia o hipotecas que ya suman 134 mil empresas.
Las colas por comida se alargan en las calles, es icónica la Red vecinal “Somos tribus Ballekas”, una asociación que surgió en Madrid para apoyar en la pandemia. Los Bancos de Alimentos se han convertido en la primera línea de apoyo a un colectivo casi invisible de la pobreza y desigualdad.
La economía post Covid también presenta enormes desafíos frente al trabajo, la pérdida del valor adquisitivo de los trabajadores y la temida posibilidad de bajar los salarios mediante Decreto de Ley, como ocurrió en la crisis del 2008. Una solución esperada es la denominada “Renta Mínima” que forma parte del programa de gobierno del partido “Unidas Podemos” socio del gobierno de coalición del Presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, la Renta Mínima no es un concepto nuevo ya existe en Francia, Italia y Reino Unido, al respecto José Luis Escriba, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señala que es necesario aplicarla en España frente a al severo problema de políticas públicas redistributivas.
El reto es diseñar una norma fuerte y flexible con los incentivos correctos para evitar la trampa de la pobreza. Se trata de una renta de transición para ayudar a las personas a salir de la extrema pobreza y continuar con la búsqueda de inserción laboral, por ello es “mínima”. Los expertos señalan que la ayuda no es un obstáculo para ingresar al mercado laboral, sino las características generales de las personas que acceden al mismo, como por ejemplo la escasa capacitación y autoestima.
En las comunidades autónomas que ya tienen esa renta con otros nombres será completaría y subsidiaria. En términos presupuestales, la propuesta de renta mínima supone 3,000 mil millones de euros al año para apoyar a 3 millones de personas/usuarios. Esta medida incrementará la deuda pública y según el ministro Escriba encaja con el programa de deuda pública español previsto para los próximos cuatro años. Durante la pandemia se han invertido 107 millones de euros en ERTES, ayudas a los autónomos y Pymes, así como a los trabajadores temporales en paro, es decir en ocho semanas del “Estado de Alarma” y 4,000 mil millones de euros en sanidad.
Para subsidiar la crisis económica surgen alternativas desde el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, quien ha propuesto el “impuesto a la riqueza”, la cual genera diversas reacciones y apuestas en su aprobación. Sin embargo, estamos frente a una política en geometría variable, los bloques se mueven de un día para otro. Algunas medidas adoptadas requieren una evaluación de resultados y ajustes en su implementación:
El 25% de los recursos financieros del Instituto de Crédito Oficial-ICO, (considerada la Agencia Financiera del Estado) han ido a inyectar recursos a las grandes empresas.
La Ley de moratoria de hipotecas no resulta funcional para las familias por los requerimientos impuestos, solo 1 de cada diez (10) ciudadanos podrá acceder. Las estadísticas muestran que 228 mil personas han solicitado moratoria y se han concedido solamente a 28 mil.
Según la declaración de la Organización Mundial de Salud- OMS este virus vino para quedarse y la vacuna no saldrá en el corto plazo, hasta que exista inmunidad de la población se debe proteger el sistema de salud para controlar el Covid -19 y a la vez desarrollar programas innovadores de inyección de recursos para dotar de oxígeno a la economía y doblar la curva de la economía con un fuerte músculo presupuestal focalizado en sectores estratégicos para la economía y acuerdos políticos en la orientación del presupuesto.