Los electores tendrán que pensar muy bien su voto en estas elecciones y no dejarse seducir por ofertas electorales dadivosas, como la creación de 3 millones de empleos y llenar de hospitales todas las regiones del Perú. Antes de marcar con una equis el casillero del candidato presidencial de su preferencia, deberán preguntarse si su candidato cuenta verdaderamente con un equipo de gobierno sólido, con capacidad de afrontar una crisis económica, social, sanitaria e institucional dramática, como la que viene azotando al Perú.
Definitivamente la herencia del próximo gobierno será la más pesada del último siglo, sólo comparable con la que dejó el primer gobierno de Alan García (1985-1990). Si bien esta vez no heredaremos una hiperinflación, sí heredaremos una economía convaleciente, al haber atravesado por una híper recesión inédita en toda la historia republicana.
No habrá fondos para nada. El año 2021 ya tiene un presupuesto público rígido, que arrastra todas las taras de un pasado que no ha roto con el presente y se proyecta inercialmente al futuro. Las arcas fiscales no sólo estarán vacías, sino que el déficit fiscal que en 2020 ya superó el 10% del PBI, en este año trepará más aun ante la reducción de la recaudación ocasionada por las pérdidas que la mayoría de las empresas han acumulado, por no haber tenido acceso al rescate estatal en medio de la pandemia. Como se sabe, ese rescate se concentró en las grandes empresas y las más boyantes.
El equipo de gobierno que se instale el 28 de julio, desde el saque deberá emprender la titánica misión de superar la crisis económica y sanitaria y, a la vez, realizar las reformas que el país necesita. Sin pérdida de tiempo, postulamos una recuperación desde la base de la pirámide económica y social. Una recuperación resiliente, que elimine las vulnerabilidades sociales y económicas para evitar que, ante una amenaza pandémica o de otra índole, la mayoría de los peruanos tenga que vivir un drama mayúsculo.
El Plan de Gobierno de Victoria Nacional (de 161 páginas) muestra con toda claridad el derrotero que, desde el primer día y durante los primeros 100 días de gobierno, deberá seguir el gobierno entrante. Para poder obtener resultados efectivos rápidos, desde ya los 28 equipos de trabajo sectoriales y transversales vienen trabajando en la elaboración de planes operativos para esos primeros 100 días, a fin de alcanzar las siguientes metas: (1) lograr la inmunización de toda la población peruana frente al Covid-19; (2) generar no menos de 500 mil puestos de trabajo permanentes en cada año de gobierno; (3) reactivar el consumo y la inversión; (4) reducir drásticamente la delincuencia; y (5) establecer el marco legal que permita avanzar en la reforma del Estado, la reforma de la salud y la reforma educativa.
De todas ellas, la reforma del Estado es la más crítica, porque sin ella no podrá avanzarse en las demás reformas. Pues heredaremos un Estado capturado por mafias y grupos monopolistas acostumbrados a manejar nuestro país a su antojo, suplantando la economía social de mercado por un régimen mercantilista, que excluye a las grandes mayorías de la población.
Por eso, se emprenderá una profunda transformación del actual Estado burocrático, ineficiente, paternalista, corrupto, improvisado y cortoplacista. Un Estado incapaz de regular sus propias “fallas de Estado”, debido a un aparato estatal organizado por compartimentos estancos, híper normativo, con duplicidad de funciones y sistemas de gestión que traban el desarrollo en lugar de promoverlo.
Esta reforma permitirá poner al Estado y al Mercado al servicio de los ciudadanos. Desde el primer día combatiremos el clientelismo político, la mega y la micro corrupción. Estableceremos la carrera pública meritocrática del funcionario público y mejoraremos sus capacidades, habilidades y actitudes, instituyendo su formación obligatoria como funcionario público de carrera.
Simplificaremos el sistema de inversión pública agilizándolo y asegurando la priorización rigurosa, la calidad y viabilidad de los proyectos y la concurrencia y transparencia del sistema de contrataciones.
Mejoraremos el sistema de abastecimiento, simplificando procesos, unificando compras de bienes estandarizados, elevando su transparencia, la concurrencia de postores, la eficiencia e impacto en la ciudadanía.
Implementaremos un agresivo “Plan de Simplificación Administrativa” que facilite trámites y procesos. Fortaleceremos el rol rector de los ministerios en las políticas públicas, a fin de que su ejecución sea más eficiente, evitando las duplicidades de esfuerzos y propiciando una descentralización efectiva con el soporte de la transformación digital del Estado.
Haremos que todos los organismos supervisores y reguladores sean manejados por directorios altamente profesionales y con participación de representantes de los usuarios.
Adecuaremos los tipos penales y la adopción de normativas recomendadas por las convenciones y tratados internacionales para prevenir conflictos de intereses, puertas giratorias y demás prácticas de captura.
Exigiremos y supervisaremos el cumplimiento de códigos de ética y sistemas de buen gobierno corporativo por parte de los gremios laborales, empresariales y profesionales.
Convertiremos el CEPLAN en Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial (MINPLAN), para que sea el órgano rector del Sistema de Planeamiento Multisectorial y Territorial, del Sistema de Inversión y del Sistema de Monitoreo, Evaluación y Supervisión de la gestión de las políticas públicas y planes de desarrollo e institucionales gubernamentales.
Crearemos el “Centro de Gobierno del Perú”, dependiente del MINPLAN, encargado de integrar la información dispersa del Estado, convirtiéndola en información estratégica al servicio de la Presidencia de la República, que permita monitorear y supervisar la ejecución de las políticas públicas y planes gubernamentales.
Fortaleceremos el sistema nacional de planificación y la función planificadora en todos los organismos públicos y lo articularemos al planeamiento operativo, el planeamiento territorial, el presupuesto, el programa de inversiones y sistema de abastecimiento.
Crearemos un marco normativo “pro-ejecución” que permitirá proveer a los ciudadanos, oportuna y eficientemente, los servicios y bienes públicos que necesitan.
Queremos dejar atrás la tolerancia a la corrupción y la impunidad que ha reinado por largas décadas en nuestro país. Queremos dejar atrás la mentira, el engaño, la captura del poder y su usufructo por parte de mafias y grupos de intereses monopolistas, a quienes sólo les interesa el crecimiento del PBI sin importar cómo se distribuye los beneficios de ese crecimiento. ¡Así sea!
Referencia:
El autor es Presidente Ejecutivo de MAXIMIXE, Jefe de Plan de Gobierno de ‘Victoria Nacional, candidato a la Vicepresidencia en la plancha presidencial y candidato por Lima al Congreso de la República, por dicho partido.
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