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Jorge Chávez / La nueva Ley del libro (2 de 2)


(Publicada previamente en Alerta Económica de MAXIMIXE bajo el título: ¿Es buena la nueva ley del libro?)


La mayoría de los autores peruanos auto publican sus obras, o recurren a pequeñas empresas editoras, que suelen cobrarles por publicar, en vez de pagarles derechos de autor. En otros países, las editoras grandes mantienen mecanismos para reclutar autores desconocidos talentosos, como lo hacen los grandes clubes de futbol. Aquí en Perú pedir eso son sueños de opio.


Además de ser altamente concentrado y segmentado, el mercado editorial peruano es muy integrado verticalmente. Las grandes editoras dominan toda la cadena de valor, desde la importación, hasta la edición, la distribución mayorista y el retail. Ello les da un alto poder de negociación con sus proveedores, gran capacidad de marketing y una posición privilegiada en el punto de venta, llámese ferias o cadenas de librerías.


Indudablemente que en ese segmento top, que mueve la mayor parte del negocio librero, no existe ningún incentivo de mercado para reflejar en un menor precio la exoneración del 18% del IGV. Por ello, no extraña que, tras ya casi dos décadas de haber gozado de estos beneficios, ni el gremio del sector ni el Estado han podido demostrar un impacto favorable de ese trato tributario especial.


Es así que el índice de precios en libros subió 28% entre 2005 y 2018, estando vigente el no pago del 18% de IGV en el sector, mientras en Chile en ese mismo lapso subió apenas 6%, estando sujeto al pago de 19% de IGV. Ese diferencial no es explicable por el lado cambiario, dado que el sol se ha depreciado incluso menos que el peso chileno frente al dólar en ese período.


Es cierto que, entre 2000 y 2016, el número de agentes editores subió de 298 a 994, como también trepó la oferta editorial de 2.001 a 6.463 títulos. Sin embargo, muchos de los micro agentes editores (personas naturales o microempresas) nuevos, así como cobran vida un día, al poco tiempo desaparecen.


Los que subsisten lo logran entablando una relación dominante frente a autores que, más allá de su calidad literaria, no tienen opción de acceder a las grandes editoras. Esa ventaja les permite generar una relación contractual informal, que les da amplia flexibilidad para aplicar mecanismos rentistas, generadores de sobre ganancias: impresión de ejemplares extra vendidos sin autorización del autor, incipiente soporte editor, demoras en pagos, exigua labor de promoción, etc. La gran mayoría de escritores peruanos caen en sus garras y suelen ser objeto de estafa.


Definitivamente, todo esto tiene que cambiar, pero no va a cambiar con esta nueva ley. Está pendiente una verdadera “Ley de Promoción de la Lectura y la Escritura Creativa”, que promueva la lectura o escucha y visualización, bajo cualquier medio que implique un proceso de escritura.


Para ello se tendría que ampliar el exiguo fondo de S/ 16 millones a S/ 100 millones anuales, con recursos de Innóvate Perú, expandible 5% por año. Dichos recursos podrían aplicarse a: (1) financiar fondos concursables de una gama de premios literarios y científicos en cada ciudad; (2) promover la participación de escritores y editores en círculos de innovación y proyectos de innovación cultural y empresarial; (3) organizar la entrega de bibliotecas virtuales (tipo kindle) a jóvenes escritores o aspirantes a serlo; (4) becas de estudios de postgrado en escritura creativa o literatura en las mejores universidades; y (5) becas de estadías de escritores peruanos en foros y proyectos editoriales internacionales.


La exoneración de impuestos no es la panacea mientras nuestro mercado sea tan concentrado y segmentado. Definitivamente los escritores peruanos deberían ser el eje de un ecosistema competitivo de difusión, almacenamiento y acceso al conocimiento y la información, articulado al enjambre editorial global de impresos y otros medios audiovisuales.


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