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Jorge Chávez / Los populismos y las elecciones (1 de 2)


(Publicado previamente en Alerta Económica de MAXIMIXE, bajo el título: “Populismo mercantilista, corrupción y elecciones”)


Se avecinan las elecciones y ya se avizora un panorama de disputa entre al menos cinco modelos económicos: el modelo neoliberal renovado que encarna el exitoso empresario Rafael López Aliaga, el populismo socialista representado por la ex nacionalista Verónica Mendoza, el populismo mercantilista de Keiko Fujimori y Hernando Soto, el populismo autoritario de Daniel Urresti, y el modelo de economía social de mercado propugnado por la letra de la Constitución Política del Perú y que el candidato George Forsyth pretende convertir en realidad.


La cofradía mercantilista esta vez no vendrá disfrazada de liberalismo económico, sino que -en consonancia con épocas pandémicas- vendrá tapada con una mascarilla populista, a fin de evitar que se note cómo se piensa llevar el agua al molino de grupos de poder específicos. La candidatura de Hernando de Soto es un buen ejemplo de cómo, bajo la mascarilla de la entrega de títulos de propiedad, se piensa llevar agua al molino de grupos monopolistas y grupos mafiosos vinculados a la minería ilegal, la tala ilegal, etc.


Para empezar, su propuesta de entregar títulos de propiedad a invasores de tierras urbanas está diseñada para favorecer a traficantes de tierras, ensambladores de asentamientos humanos sin planeamiento urbano y acondicionamiento territorial previos, principal causa del caos del transporte y la movilidad urbana en todas las ciudades. La consecuencia ya la vivimos y es una expansión horizontal inorgánica de las ciudades, incluso en zonas de alto riesgo: laderas de ríos y cerros escarpados donde es costosísimo para el Estado proveer servicios básicos.


También está su propuesta de desregulación de la minería informal y permitir las invasiones de concesiones mineras inactivas por parte de mineros informales. Y para colmo, también propone que esos mineros paguen apenas 1,5% de sus ventas como único impuesto, en lugar del 4% actual, y que los delitos de minería ilegal sean excluidos como tales del Código Penal. O sea, más impunidad y beneficios para una minería que no cumple con mínimos estándares ambientales, con tal de que salga más oro ilegal e informal del Perú hacia Suiza, donde se refina el 70% del oro del mundo.


Por si fuera poco, De Soto también plantea dar títulos de propiedad individuales a los miembros de las comunidades nativas y ofrecerles que su tierra se cotice en las bolsas de valores internacionales (“como se cotiza el dólar”). Con ello busca deshacer el tejido institucional de esas comunidades, para que el minero ilegal o legal inescrupuloso pueda hacer de las suyas sin freno ambiental. La idea es que el concesionario minero compre esas tierras en asociación con transnacionales de la agroexportación. Ustedes tienen títulos imperfectos –les dice a los mineros financiadores de su campaña electoral- y de ser presidente yo se los voy a perfeccionar, para que desaparezca la resistencia de las comunidades nativas dueñas de la superficie respecto a posibles impactos ambientales [1].


Este mercantilismo disfrazado de populismo no ha aprendido nada respecto a los malestares generados por 30 años de marginación económica y social en toda América Latina y, especialmente, en el Perú. Esa experiencia demuestra que instituciones (reglas de juego creadas por los países) distintas a la titulación de la propiedad de la tierra, son la clave para lograr el desarrollo. Así, está demostrado que en países que favorecen el enriquecimiento monopolizando los mercados, los países se atrasan, y en países que favorecen el enriquecimiento a través de la innovación, los países generan más bienestar [2].



Referencias:

[1] En mi artículo “¿Cómo solucionar conflictos sociales sin abusar?”, Blog Estrategia para la Competitividad, planteo como alternativa la creación de un Fondo de Fideicomiso de Desarrollo Integral a través del cual se financie proyectos que den forma a clústers agroindustriales, forestales, turísticos y mineros metalúrgicos en el área de influencia de cada concesión. Sería financiado con recursos del canon, regalías, derechos de superficie o servidumbre y cuotas de inversión de la concesionaria, bancos de desarrollo y otros inversionistas. Esto supone que las empresas concesionarias cambien su enfoque de “responsabilidad social” inspirada en una filantropía marginalista ajena a la maximización de utilidades, por un enfoque de creación de valor compartido, inspirado en un verdadero ponerse los zapatos de la comunidad y un entendimiento de sus aspiraciones y su cultura.


[2] Véase, James Robinson y Daron Acemoglu: “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty”. Libro que realiza una investigación histórica profunda de por qué algunos países han prosperado económicamente mientras que otros se han quedado en la pobreza.


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