¿Expropiar Camisea como sea?
El presidente Castillo hizo un llamado en Washington a los empresarios del mundo para que inviertan en el Perú, “sin desconfianza, sin dudas y sin temores”. Acto seguido su primer ministro, Guido Bellido, lanzó como amenaza la “nacionalización del yacimiento de Camisea” si la empresa no acepta renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado”. Y señaló que la nacionalización del gas de Camisea fue una promesa de campaña a la que no van a renunciar.
¿Cuál era la necesidad de lanzar esta amenaza y por Twitter? Todo contrato es renegociable con acuerdo de ambas partes. Antes ya se hizo renegociaciones del gas de Camisea, aunque no necesariamente favorecieron al Estado o a los consumidores. Es cuestión de que el gobierno, vía su ministro de energía y minas, ahora sí haga un planteamiento sensato que apunte a un objetivo económico claro y concreto que tenga por finalidad beneficiar los intereses del Estado, que no deberían ser otros que los intereses de los consumidores.
Sin embargo, aquí nos topamos con un gran problema: ni Bellido/Cerrón tienen un objetivo económico claro y concreto, ni el Ministerio de Energía y Minas tiene la visión y capacidad técnica que se necesita para sentarse a negociar con el consorcio Camisea. Su objetivo no pasa de ser meramente político: agudizar las contradicciones que permitan desencadenar la vacancia de Castillo y así, sobre la base de su fracaso y el de la oposición, levantar la candidatura a la presidencia de Cerrón en 2026. [1]
Bellido plantea como supuesto objetivo económico, elevar la distribución de utilidades del consorcio Camisea, lo que es un sinsentido porque el Estado no es accionista en ninguno de los negocios de la cadena de valor del gas. Elevarle el impuesto a la renta sería inadmisible puesto que ningún tributo puede generar trato discriminante entre empresas.
Hay que dejar de mirar a Camisea como si fuera una vaca lechera. Pero sí hay que enfocarla, con ojos críticos, en el marco de un mercado energético desorganizado y poco competitivo, en el que existen posiciones de dominio en la producción, severas distorsiones en la distribución y la comercialización y con un regulador (Osinerming) que no viene cumpliendo a cabalidad sus funciones. Por ello la población no logra satisfacer sus necesidades energéticas al menor costo, mientras que la economía en su conjunto es menos competitiva de lo que debiera ser. Es necesaria una reforma del sector con visión a largo plazo.
Actualmente la matriz energética del Perú está concentrada en fuentes fósiles no renovables de alto costo ambiental y económico y de sostenibilidad dudosa a largo plazo (hidroelectricidad y gas natural). ¿Por qué el Perú tiene la segunda energía eléctrica domiciliaria más cara de Sudamérica, a pesar de que es uno de los países del mundo con mayor potencial energético renovable? ¿Tiene sentido usar gas barato para producir energía eléctrica? ¿Qué sentido tiene mantener y remunerar una reserva eléctrica obsoleta de más de 800 MW? ¿Por qué nuestro coeficiente de electrificación sigue debajo del promedio sudamericano, a pesar de que su crecimiento ha sido financiado por los propios consumidores a través de la tarifa eléctrica? Son algunas preguntas incómodas que necesitan respuesta.
Contamos con importantes reservas de energías fósiles que de aquí a 2 o 3 décadas perderán todo valor si no se aprovechan antes. Sin embargo, la excesiva tramitología multisectorial, la ausencia de criterios y procedimientos claros en revisión de los estudios de impacto ambiental, y la deficiente regulación, fiscalización y gestión desincentivan la inversión en exploración y han reducido la producción de petróleo, mientras la demanda ha seguido en aumento convirtiendo al Perú en país importador dependiente. Venimos importando petróleo y derivados por más de US$ 5 mil millones anuales, a pesar de contar con recursos sin aprovechar.
Referencia:
[1] En su discurso durante la Asamblea General de la ONU, el presidente Castillo manifestó que su Gobierno mantiene una vocación democrática y de respeto a las libertades económicas, políticas y sociales de la población. A renglón seguido la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”. También plantea que se faculte al gobierno a dictar disposiciones “temporales” en situaciones de emergencia de carácter obligatorio para los operadores y que le permitan incluso asumir el control de sus actividades informativas. Esta es otra clara muestra de que Cerrón y Cía vienen siguiendo una partitura de agudización de las contradicciones con Castillo y su entorno moderado.
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