Jorge Chávez / Guerra electoral (1 de 3)

Escenarios de guerra electoral y post electoral

La incertidumbre ya ha devenido en zozobra y el clima de crispación y división entre peruanos ya cruzó el límite a partir del cual el conflicto electoral entre dos bandos puede transformarse en una guerra civil de esas que pueden llegar a durar un siglo. Sólo falta el chispazo que encienda la pradera, como sucedió en Colombia con el asesinato del popular candidato liberal Jorge Gaitán en 1948, que desató una serie enfrentamientos urbanos que devinieron en una guerra de guerrillas rurales, que dejó más de 200 mil muertos.

La confrontación violenta entre conservadores y liberales colombianos hizo que parte de éstos –los grupos de autodefensa campesina– arriaran sus banderas liberales para adoptar la hoz y el martillo del comunismo.

Los que aquí y ahora en el Perú repletan la mesa de partes del JNE y la ONPE con pedidos extemporáneos de auditoría de sistemas, o de anulación de cerca de mil actas en 17 regiones en las que Castillo ganó por amplio margen, o revelan ignorancia supina en materia de derecho electoral o en su defecto incurren en una maniobra dilatoria a sabiendas de que –más allá de puntuales irregularidades comunes a toda elección– el proceso electoral nuestro ha sido impecable, según lo atestiguan los expertos en derecho electoral y los observadores internacionales, incluyendo a la misión electoral de la OEA.

Keiko ha dicho que toda esta tramoya obedece a la necesidad de defender la voluntad popular. Sin embargo, es tan grotesca que, si el JNE le diera la razón en todos sus extremos, la voluntad popular de 200 mil peruanos que votaron por Castillo sería pulverizada. ¿Y con qué argumentos? Por presunta falsificación de firmas, por la participación de familiares en mesa y otras presuntas irregularidades. Desde ya quienes fueron miembros de mesa el 6 de junio ya desmintieron la imputación, mientras que la mayoría de las demás irregularidades sólo son observables durante el escrutinio.

Un Informe Especial elaborado por la encuestadora Ipsos corrobora que ni siquiera existen indicios de fraude en la segunda vuelta. Y demuestra estadísticamente al 100% de las actas que los casos de mesas con votaciones atípicas son pocos y benefician de manera similar a ambos candidatos, por lo que si se anulara las actas respectivas no alteraría el resultado.

También afirma que no se presentaron casos atípicos concentrados en algunas regiones en particular, y que en las regiones con más casos atípicos, éstos se distribuyen igual para ambos candidatos. Por tanto, concluye que, si se eliminaran todos los casos atípicos de la contabilidad de votos, el resultado final no se alteraría. Este análisis insospechado de ser pro comunista, es consistente con el informe evacuado por la OEA, que es muy detallista en la evaluación de todo el proceso y termina felicitando al Perú por haber llevado un proceso electoral impecable.

Entonces el problema no está en que exista fraude o no, sino en la no aceptación del resultado electoral por parte de quienes han venido jugando al “terruqueo” del oponente, a tratar a los ronderos campesinos que han venido a Lima como “comunistas violentistas”, revelando su incapacidad para atreverse a mirar la realidad social y política del país, con objetividad y sin anteojeras.