Reforma agraria: ¿no hay primera sin segunda?
El gobierno lanzó su “2ª Reforma Agraria”, en acto público realizado este 3 de octubre en el Cusco. Se trata de una fecha simbólica reivindicativa del golpe de estado del 3 de octubre de 1968, dado por el general Juan Velasco Alvarado contra el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El simbolismo de la fecha va más allá; pues esta “2ª reforma agraria” se anuncia como continuación de la primera, impulsada por Velasco, que consistió básicamente en la entrega de la propiedad de la tierra a los trabajadores de latifundios y haciendas, organizados de manera asociativa, previa expropiación a sus dueños.
Sin embargo, el presidente Castillo fue enfático en afirmar que esta nueva etapa se hará sin expropiaciones ni confiscaciones, y estará centrada en impulsar el desarrollo sostenible de la agricultura familiar y las cooperativas agrarias.
La reforma agraria de Velasco tuvo básicamente tres objetivos: (1) la eliminación del latifundio, el minifundio y toda forma “antisocial” de tenencia de la tierra; (2) la organización del agro a través del establecimiento de empresas asociativas de base campesina; y (3) el desarrollo agroindustrial del campo, apostando a la generación de valor agregado a partir de los productos agrícolas primarios. La finalidad era elevar los ingresos de los trabajadores del campo de manera sostenible, a fin de eliminar la pobreza y alcanzar una más justa distribución del ingreso y la riqueza.
Tal era la agenda de desarrollo y de tránsito a la modernidad que se seguía en toda América Latina, bajo el impulso de la Alianza por el Progreso promovida por el gobierno de John F. Kennedy. Por esos años, el desarrollo y la modernidad eran inconcebibles sin la extinción del latifundio, portador de subexplotación de la tierra, atraso tecnológico y mantención de relaciones semi feudales entre hacendados y trabajadores. [1]
Hay que considerar que el Perú era por entonces uno de los países con mayor concentración agrícola. Ya desde los años 1900 hasta 1918 más de 1114 haciendas (49% de la superficie agrícola) fueron adquiridas por la familia de José A. Larco, Rowe and Co y la familia Gildemeister de origen judío polaco.
Es así que la reforma agraria fue un tema de agenda persistente gobierno tras gobierno, aunque siempre fue pospuesto por falta de voluntad política. Es así que en su primer gobierno Belaúnde promulgó la Ley de Reforma Agraria, la que sin embargo no incluyó a las grandes propiedades de la costa norte y en la práctica no llegó a ser aplicada, aun cuando el Perú había adoptado el compromiso internacional de hacerlo, como país signatario de la Carta de Punta del Este. En 1958 había fracasado otro intento, encabezado por Pedro Beltrán.
La reforma agraria velasquista, llevada a cabo entre 1969 y 1979, es considerada entre las más radicales de América Latina, en cuanto la estructura de tenencia de la tierra cambió por completo, llegando a quedar cerca del 70% en manos de la pequeña producción (menos de 10 hectáreas), situación que se mantiene en la actualidad. Los resultados del proceso son considerados positivos en términos de democratización del sistema productivo agrario, no así en términos de modernidad y desarrollo productivo.[2] Si bien logró eliminar la principal fuente de los conflictos sociales del campo, incubada desde la conquista española como amenaza latente de una explosión social, el agro peruano se hundió en un mar de ineficiencias, pérdida de productividad y corrupción dirigencial dentro de las nuevas organizaciones empresariales asociativas.
El objetivo de generar valor agregado industrializando los insumos agrícolas no se cumplió ni de lejos, debido a que el proceso se centró en el objetivo redistributivo, sin articularlo a estrategias de desarrollo productivo sustentado en la transferencia de tecnología, capacidades de gestión, marketing y logística de transporte y almacenaje. No hubo una visión de articulación con el acervo gastronómico y el potencial turístico.
Referencias:
[1] “Al más alto nivel político, la Carta [de Punta del Este] ha adoptado el principio -con el cual están de acuerdo todos los signatarios del Tratado- de que las reformas sociales, particularmente las reformas agrarias son un prerrequisito para el desarrollo económico. Además, subordina la asistencia a la aplicación de dichas reformas por parte de las naciones latinoamericanas, sobre la base de una base planeada o racional.” Ernest Feder, “La Alianza para el Progreso y la reforma agraria latinoamericana: ‘ayuda y autoayuda’ en la política agrícola internacional.” El Trimestre Económico, vol. 32, no. 127(3), Fondo de Cultura Económica, 1965, pp. 501–23,
[2] Sergio Gómez E. “La Tierra y las reformas agrarias en América Latina: una mirada al pasado y perspectivas”, en La actualidad de la reforma agraria en américa latina y El Caribe. Bernardo Mançano Fernandes, Luis Felipe Rincón y Regina Kretschmer (compiladores). Flacso, 1989.
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