Reforma agraria: ¿no hay primera sin segunda?
Se llegó a expropiar más de 9 millones de hectáreas y se adjudicó 8,2 millones entre más de 360 mil familias beneficiarias. [3] Para Fernando Eguren, las familias beneficiarias fueron cerca de 400 mil, las cuales pasaron a formar parte de 563 CAPS (Cooperativas agrarias de producción social) en la costa, 54 SAIS (Sociedades agrícolas de interés social) en la sierra, 756 grupos campesinos y 1390 comunidades campesinas. [4]
Desde entonces la configuración de la propiedad de la tierra ha ido cambiando, con tendencia a reconcentrarse en la costa, aunque sin asomo a los niveles de concentración previos a la reforma de Velasco. Con el atenuante de que la corporación agrícola moderna altamente productiva ha reemplazado al latifundio improductivo y semi feudal.
De un lado, el fracaso económico y financiero de muchas de las cooperativas en la costa dio lugar al traspaso de sus tierras a grupos agroindustriales modernos, que han invertido fuerte y han logrado dar un salto notable en la productividad agrícola. Mientras que otros grupos han reconvertido tierras eriazas desérticas en emporios de altísima productividad, aprovechando los beneficios de la Ley de Promoción Agraria vigente desde el 2000. [5]
Hoy por hoy, hablar de “2ª Reforma Agraria” significa corregir los errores de la “1ª Reforma Agraria”. Es necesario armonizar la propiedad agraria comunitaria, cooperativa y privada, bajo el concepto de pluralismo económico. De hecho, en la sierra buena parte de la propiedad de la tierra es de carácter familiar, por lo cual poner fin a su exclusión del sistema económico y de la modernidad significará dar un salto enorme en el desarrollo capitalista del agro peruano.
Para ello es fundamental el concurso de las corporaciones agroexportadoras costeñas, que deberían convertirse en agentes de transferencia tecnológica e innovación biogenética. Es primordial sustituir cultivos tradicionales por cultivos altamente rentables, hay que optimizar el uso del agua, desarrollar clústers agroforestales e impulsar la asociatividad entre pequeños agricultores familiares.
Hay que facilitar el acceso al crédito sin populismo, para lo cual es primordial desarrollar mecanismos de gobernanza del riesgo climático y de desastres, así como de monitoreo de la información de oferta y demanda de productos. La reducción del costo del crédito tiene que estar vinculado a mecanismos efectivos de reducción del riesgo, que permitan la aplicación de un seguro agrícola viable, con esfuerzos económicos concurrentes de los agricultores, el estado y las aseguradoras. La competitividad debe ser el principio movilizador de todas las formas de propiedad articuladas en redes o cadenas de valor.
Sería un grave error excluir a los agroexportadores de esta “2ª Reforma Agraria”, porque es imprescindible acortar camino aprovechando su know how y experiencia de internacionalización. Hay que integrar también a los proveedores de tecnología agrícola de punta, equipos e insumos, a los expertos agrícolas peruanos (considerados entre los mejores de América Latina), a los distribuidores y clientes, entidades de investigación, agentes financieros innovadores, consultores, etc.
El mayor peligro de esta “2ª Reforma Agraria” es que devenga en un despliegue de medidas populistas insostenibles, ante la generación de expectativas falsas de grandes beneficios a muy corto plazo. El mejor seguro de éxito es un planeamiento fino, que permita priorizar bien las medidas en función a su costo beneficio. Hay que evitar también las fallas de organización, coordinación y ejecución. Se trata de un reto descomunal que el gobierno debería afrontarlo convocando a todos los actores involucrados, bajo un liderazgo tecno-político del más alto nivel.
Referencias:
[3] José Matos Mar, “Reforma agraria: Logros y contradicciones 1969 – 1979”. IEP, 1980.
[4] Fernando Eguren, “La reforma agraria y el nuevo orden en el campo peruano”. En La Reforma Agraria Peruana, 20 años después. Centro de investigación y capacitación y ITAL Perú, 1990.
[5] “Ley prorrogada en 2019 por el gobierno de Vizcarra a través de un decreto de urgencia, extendiendo beneficios tributarios y laborales a las empresas agroexportadoras, hasta finales de 2031. Ciertamente los beneficios tributarios y laborales de dicha ley han tenido un impacto muy positivo en la generación de divisas, al haberse expandido las agroexportaciones anuales de US$ 650 millones en el año 2000 a más de US$ 7,000 millones en 2019. Eso es bueno, pero con sus tremendos bemoles de falta de inclusión y desarrollo compartido, como lo refleja la rabia de estos supuestamente dichosos trabajadores gozosos por su situación de ‘pleno empleo’, contenida por décadas.” Jorge Chávez Álvarez, “Cómo salvar al agro peruano”. En Alerta Económica 07/12/2020.
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