Petroperú está envuelta en una severa crisis financiera, a tal punto que el Ministerio de Economía y Finanzas acaba de lanzarle un salvavidas (regalo) de S/ 4.000 millones, más un crédito por S/ 2.000 millones, para mantener sus operaciones y evitar el desabastecimiento de combustibles a nivel nacional. Ese rescate se suma al crédito por S/ 2.000 millones que el gobierno le dio en mayo pasado. Con muertos y heridos, sólo en 2022 el tesoro público ha tenido que bancar a la petrolera estatal con alrededor de S/ 9.000 millones; una monstruosidad de recursos quitados a la salud, la educación y la seguridad ciudadana de todos los peruanos.
¿Cómo así se llegó a esta situación extrema?
Si bien las principales causas de esta crisis financiera de Petroperú vienen de muy atrás, hacía falta un detonante potente para desencadenar una hemorragia vertiginosa de su posición crediticia, como sucedió tras la negativa de la sociedad auditora PwC a realizar la auditoría externa de la petrolera, al considerar que sus funcionarios no le entregaban información confiable.
Ese detonante lo encendió Pedro Castillo en octubre de 2021, al imponer la designación como gerente general y presidente de la petrolera estatal al cuestionado Hugo Chávez, agravada por el nombramiento de un gerente corporativo de finanzas, un contador general y otros funcionarios más que no contaban con la idoneidad profesional. Su inmediato involucramiento en una organización criminal dedicada a la compra irregular de biodiésel, con tentáculos en Palacio de Gobierno, puso la cereza sobre el pastel.[1]
Funcionarios corruptos obnubilados con el poder que supone manejar la empresa más grande del Perú, renuentes a actuar con transparencia. Evidentemente, mucho tenían que esconder y confiaban tanto en su poder omnímodo que hasta se dieron el lujo de pedirle al directorio de la empresa autorización para demandar a PwC, por negarse a firmar el contrato para auditar sus estados financieros.[2]
Las consecuencias de esta insensatez no se hicieron esperar. La calificadora internacional Fitch Investors bajó la calificación de la petrolera a la categoría “bonos basura” (BB+), con perspectiva negativa, en atención al debilitamiento de su liquidez, su persistente y elevado apalancamiento y la incertidumbre respecto a su capacidad para mantener líneas de crédito. Todo ello aderezado por sus estados financieros no confiables, sin auditar. Enseguida las líneas de crédito de los bancos locales e internacionales se le fueron cerrando.
Antecedentes Recientes de Corrupción en Petroperú
La corrupción en Petroperú rebasa de lejos a la del escandaloso ‘Lava Jato’ e involucra a varios presidentes de la república y altos funcionarios gubernamentales, incluyendo al actual gobierno. La Contraloría y la Fiscalía de la Nación tendrían que cumplir cabalmente su función fiscalizadora, para evitar que prosiga la impunidad.
Uno de los hechos de corrupción más recientes y sonados se dio el 18 de octubre de 2021, cuando el dueño de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh, se reunió con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras lo cual ganó de manera irregular un contrato para abastecer a Petroperú de biodiesel por US$ 74 millones. Estuvo acompañado de la lobista Karelim López, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y su amigo Gregorio Sáenz Moya, quien inmediatamente después resultó siendo contratado por Petroperú, a pedido expreso de Pedro Castillo.
Posteriormente, el 20 de enero de 2022, el directorio de Petroperú se dio el lujo de acordar que la Gerencia de Cumplimiento ya no eleve a ese máximo órgano de dirección sus reportes de control operativo, sin que éstos tengan previamente la venia del gerente general, o sea, del cuestionado y todopoderoso Hugo Chávez, íntimo del presidente Pedro Castillo. Como bien se sabe, en toda empresa estatal que goza de buen gobierno corporativo, tanto la gerencia de cumplimiento como la de auditoría, ejercen funciones delegadas directamente por el directorio para ayudarlo a cumplir su rol de control gerencial y operativo, sin interferencia de la gerencia general.
Ahí no quedó la cosa. Ese salto con garrocha a los principios del buen gobierno corporativo dio lugar al disentimiento y posterior despido de la gerente de cumplimiento, Zenaida Campos, quien había emitido un informe sobre las irregularidades cometidas durante el proceso de adquisición de biodiesel a la empresa de Samir Abudayeh, amigo de Saenz. Encima siguen las presiones ejercidas contra los trabajadores, por parte del Hugo Chávez de Petroperú, para desaparecer pruebas sobre recurrentes contratos de abastecimiento, proyectos de inversión y gastos de mantenimiento sobrevalorados. Estos malos manejos son una de las mayores fuentes de pérdidas, a pesar de que Petroperú es una empresa con una capacidad singular para hacer sobre ganancias, por su elevado poder para fijar precios, en el marco de un mercado de estructura duopólica.
Otra fuente de corrupción es el festín de sobrecostos; compras sobrevaloradas, facilitadas por el hecho de que Petroperú es la única empresa pública exceptuada del control del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y del organismo rector de la actividad empresarial del Estado (Fonafe), por lo que se da el lujo de tener su propio reglamento de contrataciones y adquisiciones.
La factura de esta inmensa corrupción la vienen pagando todos los peruanos, al sufragar sus pasajes de transporte público, al echar gasolina a sus vehículos o comprar cualquier producto que tenga que ser transportado para llegar al consumidor.
Referencias:
[1] Anuska Buenaluque, PetroPerú, el rescate milmillonario. 29 de octubre de 2022. epicentro.tv/exclusivo-habla-humberto-campodonico-tras-su-renuncia-a-petroperu/.
[2] El Comercio, Petroperú amenaza con demandar a PwC por negarse a realizar auditoría. 07/03/2022. elcomercio.pe/economia/peru/petroperu-amenaza-con-demandar-a-pwc-por-negarse-a-realizar-auditoria-rmmn-noticia/?ref=ecr