Pedro Castillo acaba de convocar a su quinto gabinete de confrontación, al que él denomina “de concertación”. Este promete ser el más confrontador de todos, puesto que no sólo está encabezado por el desorbitado confrontador de siempre, Aníbal Torres, sino que éste viene acompañado de más cabezas calientes mediáticas.
La apuesta de Castillo es contar con un equipo de voceros que actúen como muletillas a la desgastada voz de Aníbal Torres y a la mudez de Castillo, para bajarle decibeles a las evidencias que siguen nutriendo las primeras planas y que involucran al presidente Castillo como cabecilla de una organización criminal.
El reforzamiento de su poder mediático ha envalentonado a Castillo, al punto de amenazar al congreso: “Tiendo la mano a las fuerzas políticas por última vez, antes de verme obligado a convocar una cruzada nacional para defender la democracia (léase, “cerrar el Congreso). La “democracia burguesa” que ahora dice defender, es el mejor pretexto para tratar de imponer la impunidad y luego una dictadura mafiosa.
Cabe resaltar a un puñado de ellas, empezando por (1) Kurt Burneo en el MEF, controvertido ex Juntos por el Perú traspasado al equipo del prófugo Alejandro Toledo en el que se desempeñó como viceministro de hacienda y presidente del Banco de la Nación, quien reemplaza a Oscar Grahan, de perfil más técnico[1]; (2) Betssy Chávez en la cartera de cultura, íntima y espadachina matadora cuando se trata de defender a su “causa”, como lo demostró en su paso accidentado por la cartera de trabajo; (3) Geiner Alvarado López, otro íntimo de Castillo y opaco ex funcionario municipal que hasta aquí estuvo encargado de cubrir las irregularidades del gobierno en el sector Vivienda y Construcción y que ahora pasa a cubrir las del sector Transportes, objeto de los reflectores de la Fiscalía de la Nación; (4) Alejandro Salas, militante de Somos Perú que ocupó la cartera de cultura, aunque en la práctica su rol se ciñó al de un escudero mediático de Castillo; y (5) Miguel Angel Rodríguez, abogado internacionalista muy mediático, quien asume como canciller y últimamente se había sumado al gobierno como jefe de asesores efímero en el MIDAGRI, rompiendo una larga trayectoria de defensa de causas identificadas con posiciones de ultra derecha y como ferviente opositor al régimen de Castillo y a la legitimidad de su elección.
Sigue predominando la presencia de ministros vagamente de izquierda, a imagen y semejanza de Castillo, capaces de oscilar pragmáticamente entre el radicalismo comunista hasta el populismo más rampante, con el único objetivo de mantenerse en el poder hasta 2026 y sacar adelante su asamblea constituyente. La incrustación de voces de ultraderecha sirve para “confundir al enemigo” y tratar de calmar las expectativas económicas negativas dominantes.
En buena cuenta, se trata de un gabinete sin brújula de equipo ni liderazgo. Un gabinete que no permite manejar consistentemente políticas de Estado, y que puede extremar el accionar caótico de los gabinetes precedentes, con decisiones tomadas en compartimentos estancos, privilegiando el uso proselitista y clientelista de los recursos del Estado. ¡Tremendo sancochado que opacaría al mismísimo Gastón Acurio!
Referencias:
[1] “El presidente del Banco de la Nación (BN), Kurt Burneo, rechazó la pretensión de la SBS de ampliar la supervisión hacia esa entidad financiera. En tal sentido, emplazó al titular de la SBS, Juan José Marthans, y a los congresistas que impulsaron ese proyecto”. Peru.com: 26/05/2006. Burneo tildó a Marthans públicamente de “ese pobre hombre”. Calificativos similares usó contra otras personalidades y contra los medios que investigaban irregularidades en contrataciones y compras de publicidad del BN durante la campaña electoral, lo que estaba prohibido por ley. Un caso sonado fue el del arbitraje que le ganó al BN el consorcio SLMSoft y NCR, que había sido ganador de la licitación pública internacional “Sistema Integrado de Procesamiento de Tarjetas Afiliadas a la Franquicia Internacional VISA” y que el BN desconoció de manera ilegal, haciendo que los técnicos del banco desarrollaran su propio software y a través de VISA obtener una “licencia temporal” para llevar adelante su propio proyecto, generándole un doble gasto al Estado innecesariamente.