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Jorge Sandoval / PROCOMPITE de implementación obligatoria

PROCOMPITE, ¿debería ser una estrategia de implementación obligatoria?

PROCOMPITE, siendo una estrategia y herramienta para realizar inversiones, a través de planes de negocios en sectores que atraviesan una complicada situación económica, como el sector agrario, tiene un gran potencial que no está siendo utilizado.


Por un lado, tenemos amplias brechas por cubrir en el agro peruano, agravadas por la crisis de los fertilizantes a nivel mundial, cuya consecuencia inmediata será una menor producción, poniendo en serio riesgo la seguridad alimentaria no sólo del país. Por otro lado, tenemos una herramienta que permite intervenir en el sector con presupuestos que ya tienen los gobiernos regionales y locales, a través de planes de negocios que pueden incluir en su estructura de inversión, equipos, maquinarias, infraestructura, insumos, materiales y servicios para los agentes económicos organizados


El potencial de PROCOMPITE surge del presupuesto de inversiones de los Gobiernos Regionales y Locales. Para el 2022 dicho presupuesto es de 13,436 mm de soles, con lo que, con decisión política podrían implementarse planes de negocios hasta por un monto de 1,343mm de soles. Este es el potencial de PROCOMPITE, más de mil millones de soles que se pueden invertir en el sector agrario. Al cierre de abril de 2022 sólo se habían adjudicado 14.5millones de soles, es decir, 1.08%.


Siendo PROCOMPITE una decisión política, que depende del gobernador regional o el alcalde, acompañado de sus respectivos consejos, es importante que se convenzan que es una estrategia que funciona, que permite cerrar brechas y, sobre todo, logra capitalizar al pequeño productor y productora. Sólo así, liderarán la ejecución de esta estrategia y se podrán implementar acciones que favorezcan al sector agrario. Sin embargo, también es importante preparar a los Agentes Económicos Organizados (AEO), para que las propuestas presentadas cumplan con las exigencias técnicas propias de una intervención de este tipo, pues siendo un concurso, pasa por un proceso de evaluación técnica y económica – financiera, siempre con la mirada puesta en el mercado y en la sostenibilidad de la organización.


Ante esta situación, existe una iniciativa parlamentaria que modifica la Ley 29337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. Esta modificación implica que esas iniciativas de apoyo que son ejecutadas mediante un proceso concursable, pasen de ser facultativos y de decisión política y sean de implementación obligatoria cada año en cada gobierno regional y local. Es decir, se pasaría de la posibilidad de implementar hasta el 10% del presupuesto a implementar, cada año y de manera obligatoria un mínimo del 5% y, de manera facultativa, hasta el 15%. Es implicaría una inyección de inversión, tomando de referencia el año 2022, de 671mm como mínimo para el sector agrario. Y no sólo a este sector, pues PROCOMPITE también atiende a otros sectores productivos, como el artesanal, que también atraviesa por una difícil situación económica y que merecen ser atendidos.


Esta iniciativa aún está en Comisión Agraria del Congreso de la República y seguirá su proceso hasta una posible aprobación y, más allá de que pueda pasar, que se apruebe o no, debe ser un llamado de atención y de reflexión a los gobernantes de turno. Las necesidades en diversos sectores económicos son reales, existe una población que espera mucho de sus autoridades y, PROCOMPITE es una herramienta que permite llegar directamente a ellos, dotándolos de tecnología, fortaleciendo su asociatividad y mejorando su gestión interna. Se habla mucho de reformas, de industrialización, de repoblamiento ganadero y poco de niveles de inversión. Las necesidades no se cubren sin financiamiento y cada año se desaprovecha una oportunidad valiosa de poder sumar al cierre de brechas.


Por último, si bien la propuesta responde a una situación real y serviría para incrementar la inversión en sectores productivos, debe tener un soporte legal adecuado, ya que existe un artículo dentro de la Constitución Política, donde se especifica que el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos. Seguramente el debate será amplio y necesario para poder llegar a una fórmula adecuada y dentro del marco legal, pero siempre mirando a ese pequeño productor, a esa pequeña productora de la Agricultura Familiar que no puede seguir esperando por este tipo de apoyos.


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