Desastres naturales ¿y en la gestión pública?
En base a fundadas proyecciones que advierten sobre posibles desastres en el Perú ante la presencia del fenómeno del Niño Global, resulta imperativo levantar nuestra voz de alarma, generar conciencia y definir estrategias y objetivos claros para mitigar sus repercusiones. En la coyuntura actual, somos testigos de cómo estas ocurrencias están castigando gravemente a diversos países alrededor del mundo.
La magnitud del impacto que se avizora, respaldada por la visión de diversos expertos, no solo condiciona y pone en riesgo la vida de las personas, sino también plantea la posibilidad de sumir al país en una profunda crisis por varios años. Más allá de los estragos materiales en la infraestructura, se vislumbra un potencial daño emocional, social y económico de la población principalmente pobre.
El anuncio del gobierno de asignar un presupuesto de aproximadamente 1,800 millones de soles para enfrentar y prevenir los posibles impactos del Niño Global ha suscitado importantes interrogantes y cuestionamientos. ¿Quién estará a cargo de gestionar la respuesta ante las amenazas? ¿Por qué solo algunas regiones han sido priorizadas en la declaración? ¿Por qué se ha definido un presupuesto tan básico?
Durante el periodo 2016-2017, también por el Niño Costero, el gobierno de PPK asignó una cantidad similar de recursos; sin embargo, esta medida fue adoptada en una fase en la cual las precipitaciones ya arreciaban y los ríos se desbordaban principalmente en el norte del país. La respuesta reactiva evidenció la falta de previsión al no calcular el devenir del fenómeno con la debida anticipación.
La magnitud de la devastación fue evidente en las cifras reveladas: se contabilizaron 410 mil afectados, 16 mil damnificados, 63 heridos y 24 vidas perdidas. El número de viviendas afectadas alcanzó la alarmante cifra de 44,399, de las cuales 2,127 fueron registradas como destruidas. Además, el desastre afectó a aproximadamente 400 escuelas y 72 centros de salud se vieron paralizados, interrumpiendo servicios vitales para la población. En el sector agrícola, más de 152 mil hectáreas de tierras fueron afectadas, según el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo del Fenómeno de El Niño [CONAGER-FEN](El Comercio, 2016b).
Tras los devastadores sucesos del Niño Costero, se creó la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC) con un ambicioso presupuesto de 25 mil millones de soles destinados a la reconstrucción y mejora de la infraestructura y los servicios afectados. Sin embargo, 7 años después, poco parece haber cambiado desde el periodo 2016-2017 en las cuencas afectadas. La carencia de estructuras de defensa ribereña, sistemas adecuados de contención y alertas tempranas eficaces es evidente. La anticipación ante el Niño Global brilla por su ausencia, y en general, no se vislumbra un sistema de respuesta sólido que involucre al sector público, la sociedad civil y a las instituciones eclesiásticas.
En este momento crítico y urgente, la prioridad indiscutible radica en la creación de un plan de acción tanto mínimo como máximo. Este plan, de alcance nacional, debe desglosarse hasta el nivel de distritos, convirtiéndose en el indicador primordial para medir las actividades, el presupuesto y la responsabilidad del gobierno. Asimismo, requiere abarcar el norte, centro y sur del país, así como prever una respuesta integral ante posibles eventos climáticos como lluvias, sequías, heladas y friajes. El plan requiere contener componentes centrales como: (i) actividades de prevención en todo el país, (ii) respuesta a las ocurrencias de emergencia social, (iii) rehabilitación inmediata de lo más urgente y (iv) reconstrucción con verdaderos cambios.
En ese camino, es crucial definir tres temas fundamentales con respecto a la gestión de riesgos. En primer lugar, es imperativo determinar quién será el responsable y cómo se organizará y gestionará la mitigación. Seguidamente, se debe trabajar en definir el ámbito de acción y las zonas de alto riesgo. Finalmente, se debe asignar, organizar y monitorizar rigurosamente la ejecución de las actividades y del presupuesto, adoptando un esquema “cuasi militar” para garantizar una ejecución y supervisión efectiva.
El reto que enfrentamos implica construir un liderazgo sólido y un esquema operativo de gran envergadura que abarque regiones, provincias y distritos de todo el pais. En ese marco, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debe asumir un papel seleccionando a un líder competente y otorgarle rango ministerial para dirigir este crucial esfuerzo. Adicionalmente, debe conformar un equipo altamente competente y debidamente certificado.
Junto a las autoridades subnacionales, ya sean gobernadores, alcaldes provinciales o alcaldes distritales, emerge como imperativo que la responsabilidad operativa recaiga en un miembro de las fuerzas armadas. La consolidación de una única línea de comando, respaldada por un sistema de información y comunicación ágil y eficaz, así como la posesión de recursos logísticos capaces de afrontar contingencias, desempeñan un papel decisivo en esta dinámica. Esta capacidad logística mínima se encuentra al alcance exclusivo de las Fuerzas Armadas, quienes pueden operar las 24 horas del día.
Esta tarea requiere integración y cohesión efectiva entre instituciones clave como INDECI, CENEFREP, COEN, ANA, entre otras, las cuales actualmente operan con funciones limitadas y con presupuestos paupérrimos. Es necesario cualificar este esquema organizacional, pues se prevé un aumento en la frecuencia de las amenazas climáticas en el futuro. Conscientes de que el Perú ocupa el tercer lugar entre los países más vulnerables al cambio climático, resulta urgente fortalecer la colaboración y la capacidad de respuesta de estas instituciones para hacer frente a los desafíos venideros.