Juan Escobar / Entre la emergencia y la indolencia

La política frente al desastre: entre la emergencia y la indolencia

En distintos distritos del VRAEM —como Ayna, San Francisco y otras localidades— los desbordes de ríos y lluvias intensas han vuelto a golpear a la población. Casas destruidas, infraestructura pública dañada, cultivos perdidos y, lo más doloroso, vidas humanas afectadas. No se trata de hechos aislados ni de fenómenos inesperados. Son episodios que se repiten año tras año y que, por efecto del cambio climático, tienden a volverse más frecuentes y más intensos.

Frente a estas situaciones, la experiencia internacional y la gestión pública responsable señalan que existen varias etapas básicas para enfrentar el desastre. La primera es atender la emergencia, es decir, rescatar a las personas, brindar refugio, alimentos y asistencia médica. La segunda es rehabilitar el funcionamiento básico de la sociedad y de la economía local, restableciendo caminos, servicios públicos y actividades productivas. La tercera es reconstruir la infraestructura y las viviendas dañadas, con apoyo del Estado y de la sociedad. Y la cuarta, muchas veces olvidada en el Perú, es prevenir, es decir, invertir en obras, ordenamiento territorial y gestión del riesgo para que la tragedia no vuelva a repetirse.

El problema es que en nuestro país solemos quedarnos en las dos primeras fases, y a veces ni siquiera bien. La reconstrucción avanza lentamente y la prevención casi nunca se toma en serio. Las poblaciones vuelven a vivir en las mismas condiciones de vulnerabilidad, esperando la siguiente temporada de lluvias como una amenaza permanente.

En este contexto resulta aún más indignante que hace pocos días el gobierno haya transferido más de 220 millones de soles a distintas instituciones para financiar el proceso electoral, utilizando para ello el fondo de contingencia del presupuesto público. Este fondo está concebido precisamente para atender situaciones extraordinarias y emergencias nacionales, como desastres naturales o crisis sociales. Usarlo para gastos electorales no solo es técnicamente cuestionable, sino también políticamente insensible.

Si el Estado necesitaba recursos adicionales para las elecciones, existían alternativas más responsables: reducir gastos superfluos del aparato público, revisar el presupuesto del Congreso o limitar ciertos gastos militares orientados a escenarios de guerra que poco tienen que ver con las urgencias sociales del país. Pero, como suele ocurrir, se optó por lo fácil: recurrir a la reserva destinada a enfrentar calamidades.

Esta decisión refleja un problema más profundo de la política peruana: la distancia entre las prioridades del poder y las necesidades reales de la población. Mientras comunidades enteras en el VRAEM luchan por recuperar sus viviendas, sus chacras y sus medios de vida, el Estado demuestra que sus reflejos presupuestales no siempre están del lado de los más afectados.

Un país serio entiende que la gestión del riesgo y la protección de su gente no son asuntos secundarios. Requieren planificación, inversión sostenida y, sobre todo, sensibilidad política. Cuando esa sensibilidad falta, lo que aparece es la indolencia.

Y la indolencia en la gestión pública no es solo un error administrativo: es una forma de injusticia que la sociedad no debería tolerar.