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Juan Escobar / Penas y desafíos agropecuarios (2 de 2)

Encuesta Nacional Agropecuaria 2022: Entre la pena y los grandes desafíos.


La evaluación de los datos revela un resultado agobiante: un contundente 93% de los productores informa que no forma parte de ninguna organización. Este descubrimiento plantea interrogantes que reclaman respuestas directas y apremiantes. ¿Será que existe una carencia de esfuerzos en esta dirección? ¿La desconfianza está entorpeciendo la conexión con las organizaciones? ¿O tal vez los modelos de organización no logran resonar con los productores debido a la falta de resultados tangibles? Estas cuestiones no solo deberían recaer en los productores, sino también en aquellos que se autodenominan líderes en cadenas productivas, territorios o áreas específicas.


El análisis de los datos revela también una realidad desalentadora en materia de capacitación y asistencia técnica para los productores agropecuarios. El ínfimo 6.6% reporta haber recibido capacitación, disminuyendo significativamente desde el 12.9% registrado en el 2015. En un sendero similar, únicamente el 3.8% declara haber recibido asistencia técnica, cayendo desde el 6.4% alcanzado en el 2015. Aunque se arguye al COVID como justificación, una sincera introspección nos conduce a reconocer que estos datos hallan un correlato en las cifras del IV Censo Agropecuario del 2012. La falta de cobertura en estos servicios es un golpe contundente para la institucionalidad agraria, levantando interrogantes sobre el quehacer del sector y de las DRAs. ¿A qué se dedican los esfuerzos en esta esfera crucial?


En el caso del acceso a la información, sí se muestra un indicador positivo. Hoy, el 80% de los productores reporta tener acceso a información, lo que parece indicar que Internet y la digitalización pueden erigirse como un nuevo camino efectivo para llegar a los pequeños productores con mayor eficacia.


Para cerrar esta parte del análisis, se reporta que un 23% no utiliza abonos ni fertilizantes, en gran parte explicado por la carencia de recursos.


En principio, emerge la urgencia de realizar análisis más frecuentes, profundos y detallados en el ámbito agrario. La importancia de desentrañar cada tema y desagregarlos al máximo nivel se erige como piedra angular en el trabajo que se debe enfrentar.


En los últimos años, los tres niveles de gobierno han recibido un presupuesto promedio de 9 mil millones soles por año para la función agropecuaria. Aunque esta cifra podría ser incrementada, la clave radica en emplear de manera efectiva y eficiente los recursos disponibles para impulsar el avance del sector. La amplitud de esta suma es más que suficiente para brindar servicios de capacitación, asesoría y fortalecimiento a las organizaciones campesinas, sin embargo, es evidente que estos servicios fundamentales se perciben como inexistentes en la actualidad. Es imperativo reconocer que la formación y la actitud representan fuerzas de transformación.


El valor bruto de la producción agraria (VBPA) alcanza casi 39 mil millones de soles al 2022 y el presupuesto anual de 9 mil millones representa aproximadamente el 20% de esa cifra. Si bien esta cantidad podría ser considerada aceptable, los resultados obtenidos en la encuesta son la clave que arroja luz sobre la crítica situación que enfrentan los productores (ver cuadro).


Esta lacerante situación del sector agrario revela la ausencia de un concepto de gerencia que permita organizar, planificar y proveer la gama de servicios. La falta de evaluación del diseño, demanda y cumplimiento de estos arroja una sombra inquietante sobre el rol de la institucionalidad agraria, dejando al descubierto la necesidad de establecer un sistema de monitoreo efectivo para medir disciplinadamente el avance y el alcance de las metas que se proponen.


La desorganización de las instituciones y de la prestación de servicios complica el trabajo para promover el crecimiento y el desarrollo. Por ello, como hemos advertido en notas anteriores, es imperativo que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Congreso de la República, los Gobiernos Regionales (GORES), los municipios y la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), establezcan un dialogo para abordar esta anarquía y encontrar soluciones en bien del agro.


En el proceso de formular alternativas y avanzar en el desarrollo, surge también la imperante necesidad de llevar a cabo un diagnóstico en las comunidades campesinas y nativas. Muchas de estas organizaciones parecen haberse quedado detenidos en el tiempo y, con un sentido de urgencia, se vuelve crucial escuchar y brindar atención a estas poblaciones que se encuentran en las condiciones más precarias en el sector. Con alrededor de 7 mil comunidades en todo el país y su ubicación en más del 25% del territorio nacional, explorar nuevas vías se convierte en una necesidad de primer orden, además nos debe nacer comprender que no se pueden alcanzar resultados efectivos si se persiste en seguir haciendo lo mismo año por año.


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