Reforma o Revolución Agraria: La tierra como centro
Hace algunos años, con un grupo de amigos, convenimos con una comunidad campesina del centro del Perú, el alquiler de 400 hectáreas de sus tierras para la siembra de canola. Nuestra propuesta incluía el pago de alquiler, la utilización de la mano de obra de los comuneros y, al final del negocio, compartir un porcentaje de los posibles beneficios con la comunidad. Aunque la experiencia no fue exitosa desde el punto de vista agronómico debido al retraso de las lluvias y al tipo de experimento agrario, consideramos que el modelo para activar y valorizar las tierras de la comunidad era positivo.
Este esquema podría ser replicado, pero proporcionándole un marco legal específico que garantice seguridad jurídica tanto para la comunidad como para los inversores. Si se necesita una inversión, por ejemplo, para construir infraestructura de riego menor, el inversor debería gestionar los terrenos hasta recuperar su inversión. Posteriormente, la propiedad sería devuelta a la comunidad con la infraestructura ya implementada, lo cual podría suceder en un período de 2, 3 ó 5 años, dependiendo del caso. Este modelo podría seguir una estructura similar a las Asociaciones Público-Privadas (APP), pero a una escala mucho menor y con un proceso más ágil, todo ello formalizado para brindar mayor seguridad a la comunidad.
Para trabajar este marco legal, el apoyo de PROINVERSIÓN sería altamente positivo dada la experiencia que tiene en la construcción de estos tipos de acuerdos societarios.
Si los miembros de la comunidad optaran por la parcelación, se podría implementar un modelo alternativo similar a un “condominio”. Este esquema implicaría la división de la propiedad en segmentos de propiedad privada y áreas territoriales de propiedad colectiva. El propósito es fomentar tanto la inversión social como la privada, y revitalizar las fuerzas productivas que actualmente están inmovilizadas.
Si los comuneros optan por mantener su estructura actual, también sería factible proporcionarles una gerencia especializada para asesorarlos en la gestión y ayudarlos a superar su situación critica. Un esquema similar fue implementado por el FIDA hace algunos años y sería conveniente evaluar una versión mejorada de éste. El costo de este servicio podría ser asumido por el Minagri y la comunidad, bajo un esquema de apoyo gerencial decreciente hasta llegar a un 0% en aproximadamente 3 años (75%, 50% y 25%).
En el supuesto de que existan tierras que no se estén utilizando, estas deberían ser identificadas por las agencias agrarias y promover su uso o venta. En caso contrario, los municipios podrían, bajo algún esquema social con el propietario, implementar viveros, invernaderos, granjas de crianzas menores, etc., con el objetivo principal de beneficiar a los niños. Es imprescindible movilizar los activos locales.
Es evidente que las propuestas presentadas requieren una validación rigurosa, seguida de una implementación gradual, condicionada a la obtención de resultados positivos. En caso de que se ejecuten dichas propuestas, no cabe duda de que se produciría una modernización y expansión de la producción nacional. Sin embargo, este crecimiento podría generar un riesgo de disminución de precios debido a una posible sobreoferta. Por consiguiente, es imprescindible que se realice un trabajo simultáneo en el desarrollo de nuestras capacidades productivas y en la protección de nuestros mercados.
En esa línea, es fundamental abordar al menos 07 temas clave: i) ampliar nuestros mercados internacionales, ii) proveer productos al Estado decisivamente, iii) desarrollar los mercados locales, iv) marcar posición y acción frente a los productos subsidiados del exterior, v) sustituir importaciones en lo posible, vi) promocionar los productos nacionales y la alimentación sana; y vii) concertar con las industrias nacionales para que puedan usar insumos nacionales en sus productos.
Por ejemplo, sería una excelente iniciativa incorporar un porcentaje mínimo de harina de cultivos andinos en la fabricación de panes y galletas, tal como sugiere el Ing. Ángel Manero; esto no solo beneficiaría a los agricultores, sino también a los consumidores, además que también ampliaría el área de siembra de quinua y reduciría las áreas de papa, que en muchos periodos expresa sobreproducción.
El esquema de redistribución de tierras propuesto seguramente conducirá a una reducción en el número de productores agrícolas, que actualmente constituyen el 25% de la PEA. No obstante, el crecimiento del país, que requiere correr en paralelo, debería generar oportunidades alternativas en diversos sectores para absorber la fuerza laboral disponible. Es crucial entender que una fragmentación excesiva de las tierras, como la que enfrentamos actualmente, pone en riesgo la viabilidad de nuestro agro.
El mundo agrario a nivel global está evolucionando hacia la adopción de tecnologías avanzadas como la robotización, el uso de invernaderos y la aplicación de biotecnología, entre otras. Por ende, es esencial disponer de terrenos de tamaño apropiado, respaldados por inversiones frescas y basados en tecnologías modernas, si aspiramos a establecer una base sólida para el desarrollo.
En términos generales, en el Perú necesitamos impulsar una Revolución Agraria si no queremos “perder el tren” de la historia. La brecha con los países desarrollados se amplía cada vez más, y nuestros productos de exportación enfrentarán desafíos cada vez mayores debido a las políticas proteccionistas de Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Es crucial aclarar que el término ‘revolución’ en este contexto no debería generar temor ni malentendidos. En realidad, se refiere a una evolución acelerada en el sector agrícola, una transformación imprescindible para adaptarnos a los cambios globales y capitalizar las oportunidades emergentes, con un enfoque primordial en el desarrollo del pequeño productor, en lugar de su desaparición. Todo esto se fundamenta en un nuevo enfoque de gestión sobre las tierras.
¡Hay que enfrentar la crisis y las amenazas de pie!