Juan Pari / El ruido de siempre en minería

Minería en el Perú: el ruido de siempre para no discutir las concesiones que no producen

Otra vez el mismo libreto. Se toca el tema de las concesiones mineras y, de inmediato, saltan las alarmas: que se cae la inversión, que peligra la minería formal, que se abre la puerta a la ilegalidad. Los titulares se alinean, los gremios repiten el mensaje y el debate se cierra antes de empezar. Todo suena urgente, todo suena grave. Pero algo no encaja.

Porque mientras todos hablan de defender la inversión, casi nadie se detiene a mirar qué tipo de sistema minero se está defendiendo. Y cuando uno mira los números, el libreto se resquebraja.

Hoy el Perú tiene 50,126 concesiones mineras, entre tituladas y en trámite. Eso representa 19.1 millones de hectáreas, es decir, el 14.86 % del territorio nacional (Anuario Minero 2024 – MINEM; INGEMMET).

Hasta ahí, la imagen es la de un país intensamente minero. Pero basta caminar un poco más en la data y se empieza a ver el otro lado de la medalla.

De los 19.1 millones de hectáreas concesionadas en el país, solo 1.94 millones tienen actividad minera efectiva. Dicho en términos simples: apenas el 10 % del área concesionada está en uso, mientras cerca del 90 % permanece sin actividad real (Anuario Minero 2024 – MINEM; INGEMMET).

Estos números, por sí solo, desmonta toda la discusión. El problema no es la falta de concesiones. Es un sistema que permite retener territorio sin producir. De la minería retenida por las propias empresas titulares de las concesiones.

Y, aun así, el problema, según el libreto, es que se está afectando la inversión. La pregunta es inevitable: ¿de qué inversión estamos hablando? Porque estos datos no describen un sistema dinámico ni competitivo. Describen otra cosa. Describen un sistema que permite retener territorio sin producir. Y no es de manera excepcional, sino estructural, es como si fuera parte de un modelo.

Además, no es un sistema abierto. Es un sistema concentrado. Menos del 2 % de los titulares controla más del 60 % del área concesionada. Y aquí es donde el debate se vuelve incómodo. Porque no solo se trata de territorio retenido. También habría que preguntarse qué se hace con ese territorio mientras no se produce.

Hay un fenómeno que el discurso oficial evita: concesiones que no se explotan, pero que sí se rentabilizan. Se compran, se venden, se valorizan, se usan como activos. En algunos casos, incluso sirven como respaldo para levantar financiamiento. No generan producción, pero sí generan valor financiero.  Rentabilizan con la titularidad de la concesión pero que es territorio que pertenece a todos los peruanos.

Y eso abre otra pregunta que casi no se quiere tocar: ¿cuántas de esas concesiones ociosas funcionan en la práctica como instrumentos de especulación? Pero hay algo aún más delicado.

En el mismo sistema donde se condena a la minería informal, también existen relaciones de hecho donde titulares de concesiones permiten el ingreso de terceros, muchas veces informales, a cambio de pagos. Es una realidad que no siempre se reconoce abiertamente, pero que forma parte del funcionamiento práctico del sector en distintos territorios.

Es decir, la concesión no se explota directamente, pero sí se rentabiliza. No es alguna excepción aislada. Es una dinámica que se repite en distintos territorios. Y aquí hay un punto clave que explica por qué el problema persiste de la informalidad persiste.  Si quieres formalizarte necesitas contar con acceso legal y autorizado a una concesión. Sin ese requisito, simplemente no hay formalización que proceda. Por eso muchos procesos de formalización, como el REINFO, terminan estancados.

Pero el sistema genera un incentivo perverso:

hay titulares de concesiones a quienes no les conviene esa formalización, porque dejarían de percibir ingresos por permitir el ingreso informal a sus áreas. Así, mientras públicamente se critica la informalidad, en los hechos existen relaciones económicas que terminan dependiendo de ella. Y eso ya no es solo un problema de legalidad. Es un problema de coherencia del sistema.

Y hay algo más que incomoda todavía.

Mantener una concesión no es gratis, pero tampoco obliga a producir. El derecho de vigencia es de US$ 3 por hectárea al año (Ley General de Minería) o sea pagas 10.5 soles y retienes la titularidad de la concesión. . Eso permite sostener grandes extensiones durante años sin actividad efectiva. No es un vacío. Es la regla.

Y ese esquema tampoco es nuevo. Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no se cambió esta lógica. No se reformó el régimen de concesiones, no se corrigió la concentración y, en paralelo, se impulsaron mecanismos como el REINFO que terminaron ampliando la zona gris entre lo formal, lo informal y lo ilegal. El resultado no es un sistema ordenado. Es un sistema que funciona… pero con tensiones internas que nadie quiere reconocer.

Y el punto más crítico aparece cuando uno mira el caso del oro.

En 2024, el Perú exportó más de US$ 13,500 millones en oro. A precios internacionales, ese monto equivale aproximadamente a 200 toneladas, muy por encima de la producción formal registrada, según la memoria anual 2024 del MINEM se indica que se ha producido 108 toneladas, lo que evidencia de una brecha estructural en la trazabilidad del mineral. La pregunta emerge sin mayor esfuerzo: ¿De dónde sale esa diferencia?

Pero nada de eso está en el centro del debate.

En lugar de eso, se ha instalado una idea bastante cómoda: cualquier cambio en el régimen de concesiones es una amenaza. El Perú necesita minería, sin duda. Representa entre el 9 % y 10 % del PBI y más del 64 % de las exportaciones

Pero una cosa es defender la minería. Y otra muy distinta es defender un sistema que permite concentrar territorio, rentabilizar sin producir y convivir, de manera contradictoria, con la informalidad que públicamente se condena. Eso no es desarrollo. Eso es una distorsión que se ha normalizado.

Por eso la reacción es tan rápida cada vez que se intenta tocar el tema. Porque no se trata solo de inversión. Se trata de un modelo que funciona para algunos… pero no necesariamente para el país. Al final, la discusión no es si el dictamen gusta o no gusta. Esa es la superficie.

La discusión real es otra, mucho más incómoda:

¿estamos defendiendo la inversión minera… o estamos defendiendo un sistema que permite acaparar, especular, rentabilizar sin producir por otro lado convivir con la informalidad mientras se mira hacia otro lado? Esa es la pregunta que no aparece en los titulares. Y por eso, el ruido es tan fuerte.