Juan Pari / Petroperú y el modelo del fracaso inducido

El Perú no llegó a su actual crisis energética por casualidad. Llegó por decisiones políticas concretas, tomadas hace más de tres décadas, que desarmaron al Estado en un sector estratégico sin construir una política energética nacional. El resultado está a la vista: dependencia externa, mercado concentrado, precios vulnerables y una empresa pública utilizada como chivo expiatorio.

En 1993, antes de la privatización impulsada por el fujimorismo, el país producía 135,777 barriles diarios de petróleo. Petroperú no era una empresa residual: tenía 10 contratos de explotación y 9 de exploración, lo que le permitía participar directamente en la producción, planificar a largo plazo y articular una visión estratégica del sector. Hoy, el Perú produce apenas 45 mil barriles diarios, de los cuales alrededor de 25 mil se exportan a Brasil, mientras la demanda interna se acerca a los 232 mil barriles diarios (OSINERGMIN JUNIO 2025). La brecha se cubre con importaciones.

El problema no es que el Perú importe petróleo. El problema es cómo lo importa.

El Estado peruano, a través de Petroperú, compra petróleo cada tres o cuatro días, en volúmenes pequeños, provenientes de Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, no se lo compra directamente a esos países. El crudo se adquiere a empresas domiciliadas en Singapur, Suiza o Bahamas.

-       Estas empresas no producen petróleo. Son traders, intermediarios financieros y comerciales. Todos intermedian. Todos encarecen el barril. Cada eslabón adicional aumenta el costo del insumo principal de la refinería.

-       El Perú no realiza convenios de Estado a Estado,

-       no firma contratos de refinería a refinería,

-       no compra a escala ni a largo plazo.

-       Prefiere, o se le obliga a preferir, un modelo de compras fragmentadas, spot y altamente intermediadas.

Una refinería obligada a perder

El resultado es predecible: la refinería opera con petróleo caro. Y una refinería que compra caro no puede ser rentable, aquí ni en ningún país del mundo.

Así se hace fracasar a cualquier empresa. No por incapacidad técnica, no por falta de mercado, sino por un modelo de compras diseñado para perder. Luego, cuando los números no cierran, aparece el argumento conocido: “Petroperú no es viable”. Pero ninguna refinería es viable si se la obliga a comprar su principal insumo a sobreprecio permanente.

Esto no es un error. Es un modelo. Un modelo que favorece a los intermediarios, debilita al Estado y condena al país a una dependencia energética crónica.

Concentración privada y ausencia de ancla pública

Mientras Petroperú opera debilitada, el mercado se concentra. Empresas como Repsol, Primax, Valero controlan hoy alrededor del 70 % del mercado de combustibles. No se trata de demonizar al sector privado, sino de reconocer una realidad: sin una empresa pública fuerte, no existe ancla que limite a una posición de dominio en el mercado de combustibles, ni proteja la seguridad energética del país.

Este esquema conduce a un desenlace conocido: hacer fracasar a la empresa pública para luego usar ese fracaso como excusa para privatizarla, Se la obliga a comprar caro, se la debilita financieramente, y luego se presenta la privatización como solución inevitable.

El Decreto de Urgencia 010-2025: administrar el colapso

En este contexto, el Decreto de Urgencia 010-2025 reconoce que Petroperú está en una situación crítica. Pero responde mal al problema. Admite la falta de liquidez y solvencia, pero propone una salida puramente financiera: fragmentar activos, priorizar pagos y retirar la conducción estratégica de la empresa para entregarla a PROINVERSIÓN, una entidad sin experiencia en el negocio petrolero. No hay una sola línea sobre cómo:

• reducir la dependencia energética,

• comprar mejor el petróleo,

• eliminar intermediarios,

• o garantizar el abastecimiento de largo plazo.

Eso no es una solución. Es administrar el colapso.

Conclusión

El problema de Petroperú no es financiero. Es estructural y político. Mientras el Perú no cambie el modelo de compras, no recupere una política energética y no entienda que la energía es un asunto de soberanía y no solo de contabilidad, cualquier rescate será un parche y cualquier privatización será una renuncia.

No se trata de salvar una empresa. Se trata de decidir si el país seguirá comprando energía para perder, o si está dispuesto, por fin, a gobernarla.