Julio Schiappa Pietra / El escudo de babel

Dieciocho jefes de Estado de América Latina firmaron en Washington lo que llaman la Declaración del Escudo de las Américas. Veinticuatro nombres de carteles y pandillas aparecen en la lista de blancos: del temible Cartel de Sinaloa al Tren de Aragua, de la Mara Salvatrucha a Sendero Luminoso.

Debe haber un error del Embajador Peruano en Washington, que habría accedido a incluir al terrorismo político de Sendero Luminoso y no a Los Pulpos y otras bandas peruanas transnacionales. Confusión fatal cuando uno no es diplomático de profesión.

La resurrección del TIAR

El texto anuncia sanciones colectivas, congelación de activos, restricciones de visas y hasta responsabilidad penal para quienes apoyen "a sabiendas" a estos grupos. Suena contundente. Pero hay más: los firmantes quieren activar el Órgano de Consulta del Tratado de Río, ese viejo tratado de 1947, diseñado para guerras entre estados, no para perseguir mafias. Y ahí, en esa frase, empiezan las alertas y suenan las campanas.

Disfraz perfecto

El objetivo visible es noble: nadie defiende a los carteles. Pero el objetivo real se filtra por las rendijas. Washington lleva años perdiendo terreno frente a China en el hemisferio, y as un marco que justifique su regreso político y militar a la región. El terrorismo, ese concepto tan elástico en boca estadounidense, que le ha costado todas las guerras que ha perdido, es el pretexto perfecto. ¿Quién se opone a perseguir narcotraficantes? Nadie. ¿Quién fiscaliza después qué significa "apoyo material" o "afiliados"? Menos gente aún.

La lista de 24 incluye grupos de ocho países, pero hay sorpresas interesantes: no aparecen bandas brasileñas, argentinas, chilenas,

bolivianas o paraguayas, aliadas a políticos locales. O militares de naciones socias, sospechosas de tener nexos con el enemigo a perseguir. La vara mide distinto según la geografía, y eso siempre es mala señal.

Firma con cadena

Para el Perú el asunto no es menor. Sendero Luminoso aparece en la lista, sí, pero la Declaración compromete a Lima a un calendario que Washington controla. ¿Congelación de activos? De acuerdo, si hay coordinación judicial real. ¿Restricciones migratorias a "simpatizantes"? ¿Quién define simpatía? ¿Un funcionario de la embajada o una autoridad peruana, con debido proceso?

El Tratado de Río es la parte más delicada del Escudo. Activarlo para el crimen organizado crea un precedente jurídico inquietante: abre la puerta a que operativos "colectivos" incluyan presencia extranjera en territorio nacional sin el filtro del Congreso. La soberanía no se negocia en declaraciones mediáticas, y el Perú tiene una doctrina en materia de terrorismo que no necesita traducciones unilaterales.

Y está el tema económico y tecnológico. Adherirse al ecosistema de sanciones estadounidenses significa jugar con las reglas financieras de Washington, que pueden bloquear inversiones y comercio con terceros países, y fijar precios leoninos de equipos y servicios. En inteligencia artificial y datos, la alineación implícita alinea también los chips, los servidores y los estándares: soberanía digital de cartón. Caso de los F16, que no pueden disparar sin autorización on line del Departamento de Defensa de EEUU.

Una película que ya vimos

El historial de la ayuda de seguridad estadounidense es conocido: Plan Colombia, Iniciativa Mérida, miles de millones de dólares y la producción de cocaína en el Perú sigue fluctuando sin una derrota estratégica del narcotráfico en 46 años. La ayuda llega condicionada, los equipos llegan etiquetados, y las prioridades se escriben en Washington, no en Lima.

Quien paga los costos humanos y financieros

Aquí la prospectiva se pone interesante. La administración Trump tiene incentivo político para mostrar victorias contra el crimen, y el Escudo le sirve como vitrina. Pero la ejecución real es otra historia: dieciocho presidentes firman gratis en una cumbre; pocos tienen capacidad militar, presupuestos o voluntad legislativa para sostener operativos colectivos. Lo más probable es un escenario simbólico que legitime acciones unilaterales de Estados Unidos, con los firmantes latinoamericanos como coro. Tal cual en el Medio Oriente en la alocada guerra de Irán. Trump dispara y sus socios, sin derecho a voz ni voto, pagan las consecuencias.

Cooperación si, TIAR no

Perú no debería abandonar la mesa, pero sí marcar la cancha: sí a la inteligencia compartida, al rastreo financiero y a la cooperación policial técnica. No a la activación del Tratado de Río para fines policiales, no a designaciones de terrorismo por definición ajena, no a operativos que requieran presencia extranjera sin tratado y sin Congreso.

El escudo que protege es el que cada país levanta con sus propias instituciones soberanas. Este, con sus dieciocho rúbricas y sus veinticuatro nombres, todavía huele más a instrumento de guerra geopolítica, que a blindaje contra el crimen. Y el Perú, que conoce mejor que nadie lo que significa el terrorismo, tiene derecho —y el deber— de exigir que la diferencia se respete. La Torre de Babel fue una gran confusión de identidades y lenguajes, ideas y conceptos. Igual es el Escudo de Babel que han inventado en las oficinas de Marco Rubio.