Julio Schiappa Pietra / Plan Bukele NO SIRVE
El «Plan Bukele» responde al espectáculo del populismo punitivo, más cercana a la narrativa electoral que a la ciencia policial y la criminología estratégica. Se ha vuelto un modelo autoritario de contra social en el contexto de un régimen que es ya una dictadura familiar corrupta.
Pretender trasladar de forma acrítica la experiencia salvadoreña al contexto peruano ignora las abismales asimetrías criminológicas, territoriales y operativas entre ambos países. Mientras El Salvador enfrentó un fenómeno criminal predominantemente territorial y socialmente visibilizado —las maras (MS-13 y Barrio 18)—, el Perú enfrenta un ecosistema multicrimen altamente articulado, de escala industrial transnacional y financieramente sofisticado.
Criminológicamente, el modelo centroamericano se sustentó en la delación y la captura masiva basada en marcadores visuales evidentes, como los tatuajes corporales, facilitando una rápida identificación dentro de fronteras delimitadas de control barrial. En el Perú, la delincuencia no presenta un patrón anatómico ni simbólico homogéneo; opera desde la clandestinidad, la penetración institucional y la informalidad laboral. Asimismo, la escala socioeconómica del crimen peruano empequeñece el mercado delictivo salvadoreño, basado centralmente en el micro tráfico y la extorsión comunitaria. En contraste, las economías ilegales en el Perú —encabezadas por la minería ilegal de oro y el narcotráfico— mueven miles de millones de dólares anuales. Solo la minería ilegal genera exportaciones no registradas por más de $7,000 millones de dólares al año, superando los ingresos del narcotráfico y financiando redes de corrupción con capacidad de control sobre autoridades locales, regionales y nacionales.
A ello se suma el problema penitenciario. Con una tasa de hacinamiento nacional que supera el 130%, los establecimientos penales peruanos operan como centros de mando operativo desde donde se dirigen redes de extorsión mediante telefonía móvil y comunicaciones cifradas. Llenar los penales con detenidos de baja escala criminal, sin una estrategia de inteligencia financiera y tecnológica, no neutraliza el delito; por el contrario, consolida la gobernanza criminal penitenciaria. Hacer rastrillajes masivos polariza a los civiles contra las fuerzas del orden y tiene muy baja eficiencia medida en capturas. La ocupación militar del territorio, una tradición del Siglo XX, no tiene la eficiencia del seguimiento digital o el control de operaciones mediante drones, armas del Siglo XXI.
La verdadera firmeza estratégica no se demuestra mediante puestas en escena en mega cárceles extranjeras ni con despliegues ostentosos de patrullaje disuasivo, sino restituyendo la capacidad operativa y sancionadora de los órganos rectores de la administración de justicia. Y la inversión masiva en la digitalización de procesos de investigación, procesos y sentencia con IA. La tecnología existe, debe aplicarse con rapidez al control del crimen por parte del estado.
En este marco, la verdadera seguridad exige potenciar las unidades de inteligencia operativa y la investigación criminal especial, replicando la metodología científica que hizo posible el éxito histórico del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en la neutralización del terrorismo. Dado que las organizaciones criminales modernas no responden a móviles ideológicos sino estrictamente lucrativos, la estrategia más eficaz reside en el ahogamiento económico y el rastreo de los flujos de lavado de activos. Fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y dotar de herramientas analíticas de big data a la Fiscalía de la Nación para perseguir el dinero sucio en los sectores bancario, inmobiliario y comercial resulta sustancialmente más efectivo que las detenciones masivas indiscriminadas, que llevan a la militarización.
En conclusión, el «Plan Bukele» constituye un espejismo ineficaz para la realidad del Perú, pues criminaliza la marginalidad mientras deja intactas las cúpulas financieras del crimen organizado. Una política pública de seguridad seria debe basarse en tres pilares: primero, inteligencia estratégica interinstitucional priorizada en el desmantelamiento de las redes financieras de la minería ilegal y la extorsión; segundo, depuración e institucionalización de la Policía Nacional y el INPE para recuperar el control de los penales con tecnología de rastreo y bloqueo; y tercero, reforma legal garantista e investigativa que restituya la capacidad punitiva y de incautación a jueces y fiscales. Derrotar al crimen no requiere desmantelar la democracia ni el Estado de derecho, sino asfixiar su sustento económico mediante la ciencia, la tecnología y la inteligencia policial. Sin dejar de considerar que el uso selectivo de la violencia es parte integral de una política que debe eliminarlos.
